Como se ve hasta ahora, será difícil que el inicio a clases del lunes próximo sea la recuperación de la normalidad. Entre escuelas a medio reconstruir por el sismo del pasado 19 de septiembre, y el choque de trenes que se prevé entre los trabajadores de la educación simpatizantes de Elba Esther Gordillo, y los que respaldan la institucionalidad de la dirigencia de Juan Díaz de la Torre en el SNTE; los problemas regulares de inicio de cursos, y el uso político que muchos grupos gustan darles, y la cercanía del cambio en el Congreso y el gobierno del estado, parece que el principio de ciclo escolar será un caldo de cultivo para el conflicto.
En efecto, por tradición y lamentablemente, la educación pública ha sido campo de batalla frecuente de grupos políticos de ideologías diversas. De disputas en el área educativa han nacido o se han fortalecido partidos como Acción Nacional, el de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, y más recientemente, el Movimiento de Regeneración Nacional. Esta característica del sistema de educación pública en México explica, aunque no justifica, el carácter oficialista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como un medio para colaborar con la gobernabilidad autoritaria de las escuelas públicas, ocupando espacios que a los gobiernos federal y estatales, les resultan vedados.
Los problemas con la reconstrucción de escuelas se suman y potencian al activismo magisterial en materia política en dos vertientes: primero, el activo respaldo que un amplio número de docentes de Morelos dio al Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones de julio derivado del rechazo a las políticas del gobierno federal y estatal; y segundo, que ese respaldo fue operado por grupos fieles a Elba Esther Gordillo Morales, quien fuera la más poderosa de los dirigentes del SNTE en la historia, y que el día de inicio del ciclo escolar habrá de anunciar su regreso factual o moral a la actividad político sindical.
El uso político de los problemas de infraestructura en las escuelas provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, pero también por la ineficacia gubernamental en las tareas de edificación y reconstrucción de planteles; es censurable en tanto usa como rehén de la lucha política a la tarea educativa, la pospone y hasta en ocasiones la cancela, para permitir la imposición de los intereses de un grupo sobre el bienestar del resto de la sociedad. Pero también resulta natural en tanto las condiciones que han afectado la reconstrucción, y los problemas administrativos y laborales en el sector educativo, tienen su origen en despachos de los gobiernos federal y estatal, es decir, son problemas políticos.
De hecho, el tiempo que los maestros llevan en cursos de actualización y reuniones preparativas para el próximo ciclo escolar, ha servido además para que los docentes se enteren de los problemas asociados con la infraestructura escolar, señalen fallas sobre el nuevo modelo educativo que les ha sido apenas explicado por las autoridades, tomen posición respecto al futuro de su sindicato, y regresen a la politización que es común en su gremio.
La urgencia de que la autoridad detecte y atienda los espacios que amenazan convertirse en conflictos de maestros, padres de familia y otros grupos de interés es evidente en tanto las escuelas se convierten pronto en trincheras, y dadas las condiciones de destrucción en que algunas se mantienen, pocas veces han correspondido tanto como escenografía; siempre que la intención sea que la educación pública marche adecuadamente, si se trata de heredar conflictos, van de maravilla.
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