En las últimas semanas, nos hemos enfrentado a diversos cambios en nuestro ritmo de vida, en nuestra rutina y en la forma a la que reaccionamos a los problemas que se viven en el país.
La emergencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto a prueba nuestra capacidad de resiliencia, ya que no sólo afecta el sistema de salud, sino que tiene un impacto directo en la economía y, por lo tanto, en el funcionamiento de la sociedad.
La contingencia –como casi todos los problemas que atraviesan a nuestra nación– es una moneda con dos caras. Por una parte, nos ha mostrado la benevolencia social, traducida en actividades ciudadanas, donaciones y apoyo. Por otra, ha sido pretexto para que algunas personas saquen lo peor de ellas.
Me refiero, específicamente, a las agresiones (en plural, lamentablemente) de las que han sido víctimas las y los trabajadores de la salud en varios puntos del país. Por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara le solicitó a sus enfermeras no usar uniforme, pues varias unidades de transporte público se negaban a llevarlas y, en la misma ciudad, un individuo arrojó café hirviendo a la cara de Ismael, un pasante de enfermería.
Asimismo, en Chihuahua y en el sur del país también se han registrado agresiones en contra del personal, situación que empeora el panorama. La violencia desencadenada en contra de este sector parte de la intolerancia, la incertidumbre y el miedo, pero no tiene justificación y debe detenerse inmediatamente.
La pandemia del COVID-19 no es sólo una cuestión sanitaria; sino que provoca una profunda conmoción en nuestras sociedades y economías. Un efecto negativo que se está empezando a detectar y que resulta en uno de los principales desafíos del sector salud en México es la falta de protección a las y los trabajadores por parte de los tres órdenes de gobierno. Cada vez es más necesario garantizar la integridad física y psicológica de los trabajadores de todas las instituciones de salud del sector público y privado en todo el país.
La solución puede abordarse desde distintos ejes, por ello, he presentado un punto de acuerdo en el que expongo la necesidad de garantizar la seguridad —salvaguardando en todo momento la salud— la integridad física y la propia vida de los profesionales de la salud y de todo el personal que labora diariamente en los diferentes centros de salud y, a su vez, implementar acciones encaminadas a apoyar con el transporte, seguridad pública vial y garantizar estímulos económicos para el personal de los diferentes centros de salud.
La vulnerabilidad en la que se encuentran quienes trabajan en el sector salud afecta a la sociedad, no sólo porque son una de las bases más importantes; sino porque son la principal línea de batalla en contra del covid-19. Agredirles es mermar la posibilidad de que una persona enferma –de lo que sea– reciba atención de calidad. Debemos tener presente que, en esta emergencia sanitaria, nuestro enemigo es el virus y traspasar su carga negativa y sus consecuencias a las personas que luchan día a día por cuidarnos de ello es un grave error que no podemos permitirnos cometer.
En estos tiempos difíciles es importante mantener nuestra cabeza en alto y no dejar que el miedo nos domine pues, a pesar de que este llegue a nublar nuestro juicio, las acciones que se detonan a partir de una emoción no quedan exentas de culpabilidad y, por ende, siguen sujetas a las sanciones correspondientes.
Asimismo, podemos darnos el lujo de disminuir nuestros niveles de solidaridad, al contrario, debemos extender nuestro apoyo hasta donde nuestras condiciones nos permitan y, a su vez, crecer nuestra empatía hacia las personas que no pueden acatar las medidas de sanidad (como el quedarse en casa) al pie de la letra
A pesar de la tormenta que atravesamos, no debemos olvidar que esta llegará a su fin y, con ello, volverá a salir el sol. Debemos abrirnos a las posibilidades de que, cuando la cuarentena termine, seremos mejores y más fuertes.
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