Max Weber escribió en su libro “El Político y el científico” que el Estado moderno es una asociación de dominación de carácter institucional que para su funcionamiento creó divisiones y jerarquías burocráticas para alcanzar determinados fines en el ejercicio del poder.
Por esta razón existen funcionarios políticos y funcionarios profesionales. Weber señala que los funcionarios profesionales no deben hacer política sino limitarse a administrar imparcialmente; de lo contrario, la estructura burocrática podría contaminarse e incurrir en lo que denominó “pecados mortales”: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad.
Si usamos lo anterior para analizar lo ocurrido en el sector salud durante el primer año de gobierno, podemos advertir que se hizo exactamente lo que Max Weber recomendó no hacer, cometiéndose por consecuencia los pecados mortales. Hagamos un breve recuento:
La visión del político en la administración comenzó en abril con la confrontación entre el gobierno y las grandes empresas farmacéticas, con el memorándum de AMLO que vetaba a determinadas empresas por considerar que habían recibido contratos millonarios en el pasado con mucha corrupción. Para atizar el fuego, se amenazó usando el poder del Estado para expresar que si era necesario el gobierno crearía una instancia de producción y distribución de medicamentos para no depender de las empresas.
También vimos en los primeros meses del año las protestas de los médicos residentes a quienes les retrasaron sus pagos; luego, a los pacientes con VIH que exigían abasto de medicamento en las clínicas públicas especializadas; más tarde, a los funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud reclamando que se les haya congelado su presupuesto; al IMSS cerrando unidades de atención urbanas por insolvencia; al personal del Hospital de la Mujer haciendo paros de servicio por falta de insumos; y en semanas pasadas, el cierre de vialidades por familiares de niños con cáncer que denunciaban desabasto de medicamentos.
La falta de responsabilidad de los funcionarios políticos no sólo se explica por las medidas de austeridad y su impacto en la prevención de riesgos sanitarios, sino también en la respuesta que han dado a los problemas que ellos mismos generaron. Por ejemplo, decidieron reducir las becas de médicos residentes a la mitad y fueron condicionados a ir a zonas rurales; se insiste en crear una empresa estatal para producir y distribuirlos todos los medicamentos; y se hace alarde de un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos, que más bien parece subejercicio.
Cuando los funcionarios profesionales han hecho declaraciones públicas, los funcionarios políticos han tenido que entrar a desmentir o matizar “la realidad”. Por ejemplo, el ISSSTE se declaró practicamente en quiebra; el IMSS acusó la injerencia perniciosa de Hacienda que limitaba sus recursos; y en Salud, el subsecretario reconoció que no habría vacunas doble y triple viral hasta fin de año, a pesar del aumento de casos. A esto, los políticos tuvieron que decir no existía tal desabasto de medicamentos; que la gente que criticaba no estaba realmente en “campo” conociendo las necesidades; y que el problema era la existencia de una campaña mediática en contra del gobierno.
Lo cierto es que durante los primeros ocho meses de año no se realizaron los procedimientos de contratación para asegurar la adquisisción de medicamentos en el país; tampoco se anticiparon procesos administrativos ni se previeron posibles riesgos sanitarios, causando en el sector salud un vacío institucional inusitado.
Todos reconocemos que el problema de los medicamentos, personal médico y la infraestructura hospitalaria es un asunto añejo, pero en la 4T se han agudizado por una razón de forma: la centralización de los recursos en la federación, pero tratándo de resolver la corrupción se ha generado un problema administrativo innecesario y que a la larga tampoco implica necesariamente la erradicación de la corrupción.
Las autoridades de salud de la 4T tuvieron que conocer el testimonio de los niños con cancer para sensibilizarse y ofrecer disculpas públicas. Aunque ya tenemos encima otro problema similar debido el aumento de casos de dengue por la falta de compra de insecticidas y retraso de los programas de fumigación en el país.
La austeridad huele más a subejercicio que a ahorro y ahora tenemos cierta opacidad de lo que se hará con los recursos congelados. Es evidente que no se puede seguir improvisando, ni el IMSS podrá seguir prestando apoyo a los hospitales de salud cada que se presenten casos de desabasto de medicamentos. Desde mayo, en muchos estados de la república los familiares de pacientes de escasos recursos han tenido que comprar sus medicamentos y pagar sus propios estudios, porque ya no es opción conseguirlas públicamente.
Usando a Weber, la ausencia de finalidades objetivas muestra que los funcionarios políticos no están haciendo prospectiva en materia de salud, la 4T no está administrando ni mucho menos transformando un problema que se generó desde 1995 con los cambios a la ley general del seguro social respecto a las aportaciones de las empresas que dejaron de operar empresas por crisis y que configuró el actual sistema de salud que ahora tenemos.
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