Las epidemias ocurren en oleadas. Esto no es algo exclusivo de COVID. La peste bubónica, la influenza de 1918, el cólera, todas se han comportado así aunque por diferentes razones. En el caso de COVID, la razón que domina es la conducta de las personas y esta conducta depende fuertemente de las directivas de los gobiernos y sus agencias sanitarias.
Con 157,948 fallecimientos, enero de este año fue el mes en el que más mexicanos han muerto en la historia reciente, 50% más de lo esperado. Posteriormente, y en un efecto combinado de la acumulación de inmunidad como consecuencia de la oleada y una reducción sistemática en el número de pruebas aplicadas, el número de casos se redujo 10 veces. Sin embargo, los datos oficiales de la Secretaría de Salud confirman que el exceso de muertes en el país no se ha reducido en esa proporción, manteniendose en el mismo rango que en enero. Es decir, que seguimos teniendo un 50% más de probabilidad de morir esta semana que hace un año.
En este escenario y tomando en cuenta solamente el número de casos se han comenzado a tomar decisiones estratégicas que pueden tener severas consecuencias y solamente voy a mencionar tres.
La primera. Ante la real pero temporal reducción en el número de casos, en lugar de dar descanso al personal de salud de áreas COVID, se ha comenzado su desmantelamiento incluyendo las localizadas en el Centro Banamex y el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, el epicentro de la pandemia. Montar un área COVID no es sencillo ni mucho menos barato. Si la siguiente oleada adquiere la misma velocidad que la de enero, no va a dar posibilidad de volverlas a instalar, con lo que nos quedaremos sin opciones de atención para los pacientes graves.
La segunda. La estrategia nacional de vacunación contra COVID anunciada el 11 de enero proyectaba que para mayo se hubiera protegido con el esquema completo de inmunización a 28 millones de mexicanos mayores de 50 años, priorizando al personal de salud y adultos mayores. Posteriormente se modificó la estrategia para incorporar 3 millones de maestros, elevando la meta a 31 millones. Al día de hoy, solamente se ha protegido con el esquema completo a 11 millones 720 mil personas, lo cual acusa un retraso del 60%. Es importante mencionar que tampoco se cumplió con el compromiso de proteger a todo el personal de salud pues se dejó fuera a aquellos que laboran en la iniciativa privada, en consultorios adosados a farmacias o por su cuenta, quienes conforman la primera línea de contacto con los pacientes infectados.
La tercera. Se decretó que el regreso a clases en la Ciudad de Méxio sea el 7 de junio, una fecha emblemática por ser el siguiente día de las elecciones y a solamente tres semanas del cierre del ciclo escolar. Aún entendiendo las graves consecuencias del confinamiento en la educación y en la salud física y mental de los menores y la importancia de reactivar su asistencia a clases, esta decisión parece precipitada si se analiza a la luz de las prueba piloto realizada en Campeche.
Apenas el 17 de marzo pasado, el gobernador de Campeche anunciaba que bajo las indicaciones del gobierno federal se daba inicio a un plan piloto para la reactivación escalonada y mixta de actividades escolares. En una primera etapa se seleccionaron 137 planteles multigrado de nivel básico, en comunidades rurales de alta marginación, con baja conectividad a internet y con el 100% del personal docente vacunado, que atienden una matrícula de 5 mil 500 estudiantes.
Las actividades escolares reiniciaron el 19 de abril. Para el 3 de mayo, dos semanas después, la Secretaría de Salud de Campeche reportaba el primer caso de una maestra adscrita a uno de los planteles piloto como positiva a COVID, procediendo a la suspensión temporal de actividades.
Para el 30 abril, la misma dependencia anunciaba la identificación del linaje B.1.351 del virus SARS-CoV-2, conocido como variante Sudafricana, en Campeche. No existe información disponible sobre la eficacia de la vacuna de Cansino, aplicada al personal docente, para la neutralización de esta variante.
El 22 de mayo, a solo cinco semanas de su arranque y ante el súbito incremento de casos en el estado, el gobierno de Campeche anuncia la suspensión de actividades en los 137 planteles. A esta medida se suman otras restricciones correspondientes al semáforo amarillo. De manera paralela, el gobierno de Nayarit suspende el regreso a actividades escolares dirigida a 32 primarias y secundarias proyectado para el día de hoy.
Así como se han tomado buenas decisiones, parecería que de momento y ante la ocurrencia simultánea de las campañas electorales, el regreso a clases, la identificación de nuevas variantes del virus, la dilución de la inmunidad natural acumulada por la oleada de enero, la limitada cobertura de vacunación, 10 veces por debajo de la necesaria para generar inmunidad de rebaño, así como la falsa percepción de seguridad que da la implementación del semaforo verde en la mayoría del territorio nacional, se están incubando las condiciones para la ocurrencia de una tercera oleada de la pandemia, igual o peor que la de enero pasado.
En este sentido, no está de más recordar que las únicas medidas útiles para evitar la transmisión del virus son la reducción del número de contactos con otras personas, el uso permanente de cubrebocas fuera de casa y el evitar aglomeraciones y espacios cerrados o mal ventilados.
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