/ jueves 29 de julio de 2021

La violencia contra mascotas y la otra

Finalmente entró en operación en Morelos la ley que sanciona con multas y cárcel a quienes maltraten animales domésticos. Falta aún, se nos dice que la gente denuncie con evidencia suficiente y que la Fiscalía General del Estado dedique tiempo a la persecución y puesta a disposición de quienes incurran en esa falta, pero el andamiaje jurídico está listo.

Podrá parecernos una disposición cosmética, especialmente en medio de la escalada de violencia contra las personas que Morelos padece.

Uno podría preguntarse el impacto que podría tener la protección animal en un estado que ocupa el primer lugar en feminicidios y está entre los primeros diez en homicidios dolosos; en donde los índices de violencia intrafamiliar y contra la mujer registran una acelerada tendencia a la alza, y los delitos cometidos mediante los ataques a la integridad física de las personas son cada vez más comunes. Muchos hemos cuestionado la dedicación y velocidad con que los legisladores actuaron para sancionar la violencia contra los animales domésticos especialmente si se contrasta con la ineficiencia e indolencia con que se han tratado los temas de violencia y seguridad pública.

Y no se trató nunca de estar contra la ley que protege a los animales domésticos; sino de llamar la atención sobre las violencias contra la humanidad que se normalizan, toleran y hasta fomentan desde el Estado. En todo caso, si entendemos la violencia como una conducta indeseable, el sancionar todas sus formas es congruente y absolutamente necesario. El problema radica en que el discurso propagandístico pareciera orientado a generar una falsa disyuntiva entre la protección a los animales y la protección a la humanidad que incluye a todos sus grupos vulnerables.

Poco ayuda la percepción de que el carácter violento de una persona se mostrará siempre y respecto de todos. En gran parte de los casos, las víctimas de violencia no se imaginaron que su atacante fuera a hacerlo, no pudieron preverlo. Pero de acuerdo con los psicólogos y criminólogos, puede percibirse una relación consistente entre la violencia contra los animales y otras formas de violencia y conductas sociópatas.

Si las acciones punitivas contra quienes eligieron ser violentos solucionan de fondo el problema aún está por verse; pero hay que reconocer la congruencia de un sistema que busca castigar todas las formas de violencia, por lo menos en la abstracción jurídica. El problema será, y esto opera para todas las leyes operantes en Morelos, el aterrizaje de la norma en acciones contundentes contra todas las formas de violencia. Muy tristes resultarán los titulares que compartan el castigo de cuatro años de cárcel y más de 400 mil pesos de multa a quien maltrató a una mascota con la impunidad de 98 por ciento en los casos de feminicidio, por ejemplo. La innegable urgencia de que las autoridades garanticen la reducción sustancial o la erradicación de la violencia en Morelos requiere de un sustancialmente mejor trabajo de policías, fiscales, jueces y magistrados; sin él, cualquier ley será absolutamente inútil, como hasta ahora se ha demostrado. Poco útiles resultan las leyes si no hay ciudadanos y autoridades dispuestos a hacer que se cumplan.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Finalmente entró en operación en Morelos la ley que sanciona con multas y cárcel a quienes maltraten animales domésticos. Falta aún, se nos dice que la gente denuncie con evidencia suficiente y que la Fiscalía General del Estado dedique tiempo a la persecución y puesta a disposición de quienes incurran en esa falta, pero el andamiaje jurídico está listo.

Podrá parecernos una disposición cosmética, especialmente en medio de la escalada de violencia contra las personas que Morelos padece.

Uno podría preguntarse el impacto que podría tener la protección animal en un estado que ocupa el primer lugar en feminicidios y está entre los primeros diez en homicidios dolosos; en donde los índices de violencia intrafamiliar y contra la mujer registran una acelerada tendencia a la alza, y los delitos cometidos mediante los ataques a la integridad física de las personas son cada vez más comunes. Muchos hemos cuestionado la dedicación y velocidad con que los legisladores actuaron para sancionar la violencia contra los animales domésticos especialmente si se contrasta con la ineficiencia e indolencia con que se han tratado los temas de violencia y seguridad pública.

Y no se trató nunca de estar contra la ley que protege a los animales domésticos; sino de llamar la atención sobre las violencias contra la humanidad que se normalizan, toleran y hasta fomentan desde el Estado. En todo caso, si entendemos la violencia como una conducta indeseable, el sancionar todas sus formas es congruente y absolutamente necesario. El problema radica en que el discurso propagandístico pareciera orientado a generar una falsa disyuntiva entre la protección a los animales y la protección a la humanidad que incluye a todos sus grupos vulnerables.

Poco ayuda la percepción de que el carácter violento de una persona se mostrará siempre y respecto de todos. En gran parte de los casos, las víctimas de violencia no se imaginaron que su atacante fuera a hacerlo, no pudieron preverlo. Pero de acuerdo con los psicólogos y criminólogos, puede percibirse una relación consistente entre la violencia contra los animales y otras formas de violencia y conductas sociópatas.

Si las acciones punitivas contra quienes eligieron ser violentos solucionan de fondo el problema aún está por verse; pero hay que reconocer la congruencia de un sistema que busca castigar todas las formas de violencia, por lo menos en la abstracción jurídica. El problema será, y esto opera para todas las leyes operantes en Morelos, el aterrizaje de la norma en acciones contundentes contra todas las formas de violencia. Muy tristes resultarán los titulares que compartan el castigo de cuatro años de cárcel y más de 400 mil pesos de multa a quien maltrató a una mascota con la impunidad de 98 por ciento en los casos de feminicidio, por ejemplo. La innegable urgencia de que las autoridades garanticen la reducción sustancial o la erradicación de la violencia en Morelos requiere de un sustancialmente mejor trabajo de policías, fiscales, jueces y magistrados; sin él, cualquier ley será absolutamente inútil, como hasta ahora se ha demostrado. Poco útiles resultan las leyes si no hay ciudadanos y autoridades dispuestos a hacer que se cumplan.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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