Para quien recuerda un poco sobre la historia zapatista y los orígenes de la revolución mexicana en Morelos, recordará la disputa por la tierra y el agua entre los campesinos y los grandes terratenientes de caña de azúcar, no solo por la influencia de los hacendados con el gobierno federal sino también por el apoderamiento del gobierno estatal que había decretado a su favor una nueva ley que reformó impuestos y derechos a las tierras (1909).
John Wommack nos recuerda como, en ese momento, los viejos del concejo en Anenecuilco y a pesar de haber permanecido en lucha constante durante más de treinta años, decidieron que era momento de renovar sus fuerzas para enfrentar una nueva.
La consulta del fin de semana pasado que impulsó el gobierno federal y defendió el local, representó la muerte de la historia. Y no me refiero a la historia reciente, de los últimos 10 o 12 años, en la que los dos gobiernos anteriores han tenido que utilizar cuantiosos recursos públicos y mucho oficio político para resolver las recurrentes protestas sociales. Me refiero a esa historia que dio origen al zapatismo, a la revolución y a nuestra historia social. Desde mi punto de vista, la consulta debió realizarse después de un nuevo proceso de información, mediante asambleas y a través de los medios tradicionales de comunicación. De conocer y respetarse la historia se hubiera identificado un trinomio que es sensible para los campesinos morelenses: tierra, agua y libertad.
Si se logra dimensionar y argumentar públicamente, la segunda muerte que trajo la consulta por Huexca fue la consulta en sí misma, es decir, el mecanismo de participación ciudadana. Siendo el tercer ejercicio de este tipo, se podría decir que en Morelos se emitió el acta de su defunción, ya que este modelo continua arrastrando los fallos de las anteriores: no cuenta con un marco jurídico, tiene una representatividad cuestionable, las estimaciones que se fijan para considerar exitosa una consulta son irresponsablemente bajas, el número de casillas que se instalan es desafortunado; no precede de un periodo informativo y por lo tanto, sus resultados son cuestionables. Hay quienes ya hablan del “pueblo chico” del gobierno federal, porque en la consulta por Huexca (como en los demás casos) la participación de los votantes potenciales es sumamente baja; en este caso, no pasó del 5 por ciento. Y sin embargo, se argumenta que el “pueblo” ya se expresó.
En este sentido, Morelos podría levantar la voz y ser un alto en las consultas. Además de considerar el hecho de que se llevó a cabo en un contexto de protestas sociales, quema de urnas y un boicot explícito. La consulta se esta volviendo un medio de confrontación y no de legitimación. De continuar como hasta ahora, lejos de que veamos a los funcionarios aceptar errores, deficiencias y compromiso por mejorar las metodologías, observamos que se acostumbran a justificar todo.
La tercera muerte de esta consulta fue la de Samir Flores y no podría dejar de señalarlo. Para muchos fue el Estado quien lo mató, para otros “un ajuste de cuentas con la delincuencia organizada”. La consulta podrá haberse realizado y ya se conocen sus resultado; sin embargo, en Morelos aún sigue indignación e impotencia en los pueblos por la forma y el fondo de la consulta; y por llevarla a cabo a pesar de la muerte de Samir. La movilización continuará y parece Samir sigue al frente del movimiento de los opositores.
A los funcionarios se les olvidó que si hay algo que preserva Morelos son sus usos y costumbres, y tratándose de participación ciudadana, su sistema de decisión por asambleas en los pueblos. Se les olvidó que además de existir un gobernador y alcaldes, existen autoridades auxiliares (ayudantes); comisariados (ejidales y comunales); y otras formas de organización que coexisten en el Estado. De conocerlo e interesarles verdaderamente la participación ciudadana, muchas otras cosas se hubieran podido hacer.
A los funcionarios también se les olvidó que en febrero de 2018, la CNDH emitió la recomendación 3/2018 sobre el PIM por ser violatorio a los derechos humanos, en específico a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información.
Por eso me reservo opinar sobre los beneficios técnicos y económicos del PIM, porque no se nos debe olvidar que en política “la forma es fondo”.
