La Suprema Corte rechaza pretensión del INE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió en fecha reciente una solicitud de la Cámara de Diputados en el sentido de invalidar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar los trabajos preparatorios de la consulta sobre la revocación de mandato, prevista para abril de 2022.

En efecto: el Consejo General del INE resolvió previamente, con una escasa mayoría de 6 consejeros contra 5, continuar con su desafío contra el gobierno de AMLO, que ha insistido vivamente en avanzar en la consolidación de una largamente anhelada conquista democrática, reiterada como promesa de campaña: preguntarle al pueblo en cada sexenio, si quiere que tal gobernante continúa o no en el cargo.

El argumento del INE se basó en el concepto burocrático de que no hay dinero suficiente para organizar la revocación de mandato, ya que es muy caro concretar las acciones que por mandato constitucional son obligatorias para preguntar directamente al pueblo si desea la continuidad del gobierno en turno.

El presidente López Obrador ganará con toda certeza esa consulta. Pero ese resultado ha dejado de ser importante, ya que AMLO tiene en este momento más de 60% de las preferencias y una creciente influencia en los sectores populares. Se trata, pues, de algo distinto. Lo que hoy se pone en juego es el poder del pueblo, que legalmente tiene en todo momento el derecho de modificar la forma de su gobierno, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución.

Esto, obviamente, no conviene a los intereses de la oligarquía, del núcleo duro de empresarios, políticos desplazados y aventureros que los acompañan, ya que constituiría un mecanismo de resistencia popular contra los gobiernos represivos o irresponsables que pudieran surgir en el futuro. Para la derecha lo importante no es la victoria de AMLO, sino el precedente que sentaría para una eventual revocación de algún futuro presidente corrupto y antipopular, si llegara el caso.

Los partidos de derecha habían manifestado su apoyo a la suspensión adoptada por el INE. Es muy irónico, porque se supone que tal consulta es del máximo interés de la derecha, ya que surgió en el contexto de una áspera confrontación de AMLO con las fuerzas de la oligarquía. Y la que fuera una propuesta inicial de la derecha para derrocar al gobierno actual se ha convertido en un arma de las fuerzas progresistas.

La propuesta de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se ha basado siempre en señalar que el INE carece del presupuesto necesario para afrontar los gastos que demanda una consulta de tal naturaleza. Pero ese argumento se derrumba al considerar que en la consulta del 1 de agosto del presente año se gastaron 500 millones de pesos, instalando solo 50 mil casillas, un tercio del total instaladas durante la elección presidencial; y si hoy se pretende instalar la totalidad de ellas (unas 150 mil) se gastaría el triple, o sea unos 1 mil 500 millones de pesos.

Precisamente esta cantidad es la que había señalado el propio INE como la que ha podido reunir después de diversos “ajustes” de su presupuesto. Por lo tanto, una consulta austera se puede realizar perfectamente con los recursos de que ya dispone la mencionada institución electoral. Y como se trata de una consulta de rango constitucional, el INE está obligado a realizarla, bajo pena de caer en desacato y faltar al propósito esencial para el que fue creado el propio instituto.

Ya se han iniciado al respecto dos procedimientos: por un lado la convocatoria de los diputados para incoarle un juicio político a los consejeros del INE que votaron a favor de suspender los trabajos encaminados a realizar la consulta.

Por otro, sigue vigente el juicio interpuesto por el propio INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en principio le ordena cumplir con los trabajos de la consulta. Al suspenderla, los consejeros del INE habían faltado a sus deberes –así sea “temporalmente”- que les impone la ley de la materia.

En el fondo, el INE está practicando una especie de secuestro de la consulta, a sabiendas de que no obtendrá nada bueno. No se puede esperar de ellos otra cosa, ya que la mayoría de los consejeros fue electa por el sistema de “cuotas de partido”, que negociaba los nombramientos de los mismos de acuerdo con la fuerza relativa de los partidos del viejo régimen (PRI, PAN, PRD).

Es normal que sean representantes del viejo régimen, porque de él surgieron. Pero no es comprensible que, teniendo tantos asesores, no hayan reflexionado sobre las nuevas realidades. Y por lo mismo, de sus posibles consecuencias. Por ejemplo: el INE se está enfrentando directamente contra el Poder Ejecutivo, pero ahora también contra el poder Legislativo y finalmente ya recibió el rechazo del poder Judicial. Es decir: se está enfrentando contra todo el aparato del estado mexicano.

Lorenzo Córdova, Murayama y sus acólitos están por completo fuera de la nueva realidad política del país. Ya perdieron toda noción del terreno que pisan. Se han constituido en una especie de viejo miniestado dentro del nuevo estado mexicano. O al menos de los gérmenes de una nueva institucionalidad democrática.

El Consejo General del INE no midió las consecuencias al votar en el sentido que lo hizo. Porque hoy las fuerzas políticas que apoyan la actual transformación del país son muy grandes. Por ejemplo: en la reciente reunión de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) estuvieron presentes 31 de los 32 mandatarios estatales. Solo faltó el de Jalisco, bajo la disculpa de que “andaba de vacaciones”.

Aún queda la vía del Juicio Político en la Cámara federal de Diputados, al igual que la resolución de fondo por parte de la SCJN. Lorenzo Córdova y sus alfiles ya perdieron la batalla. Además. el combate que libran ante la opinión pública lo perdieron desde hace varios meses.

Ahora el Consejo General del INE debe revisar la validez de los más de 9 millones de firmas de ciudadanos que han pedido la consulta. Es su deber constitucional. Si no lo hacen, o si sus resultados no fueran creíbles, la población en masa se los reclamará. Más que un apoyo a los procesos democráticos, el viejo aparato del INE se ha convertido en un obstáculo.

Urge una renovación a fondo de todas sus estructuras, para ver qué solución se le da al problema que hoy significa un INE antipopular, principesco y burocrático. Y si no funciona, se puede legislar para refundarlo. Esa es la nueva realidad de un aparato creado para lograr mejores fines. El pueblo mexicano lo merece.