Poco podrán hacer el sector productivo y el gobierno federal por contener la explosión que se avecina entre los trabajadores de todo el país derivada justamente del incumplimiento de las expectativas que fueron generadas entre los trabajadores por el triunfo del lopezobradorismo y el anuncio hecho por el propio presidente del incremento de 16 por ciento al salario mínimo general que no aplica en ninguna otra de las categorías salariales, pero provocó se generaran expectativas mejores a los ofrecimientos de entre 2.5 y hasta 5.4 por ciento que los empresarios y hasta los gobiernos estatales y municipales calculan para sus negociaciones contractuales.
La efervescencia comienza a notarse ya en algunos sectores que han sido agraviados por las crisis generadas por administraciones públicas anteriores y aunque resultan mucho más evidentes en los gobiernos municipales y en la universidad del estado, se empiezan a notar también en otras dependencias gubernamentales y se van filtrando también a la iniciativa privada. Las quejas por los bajos salarios, y la falta de recursos para mejorarlos, y hasta para pagar los actuales que se vive en la parte patronal, sea gobierno en cualquiera de sus niveles o iniciativa privada.
La explosividad entre los trabajadores que comenzará a verse de forma mucho más agresiva en los próximos meses, se presenta además en una etapa de descrédito de las dirigencias sindicales en general, que poco a poco van siendo rebasadas por sus bases. Fue evidente en el caso de los paros y bloqueos de académicos y administrativos de la UAEM en diciembre pasado, y está siendo notorio en otros sindicatos como los del municipio de Cuautla, donde las posibilidades de arreglo se esfuman por la intransigencia de los trabajadores que se justifica por la caída de hasta 75 por ciento en el poder adquisitivo de los salarios generales y profesionales en el país durante las últimas décadas.
La posibilidad de acuerdos entre las partes luce extraordinariamente limitada, en tanto las empresas enfrentan la disyuntiva de ofrecer incrementos o mantener la plantilla laboral intacta, ante la evidente desaceleración en el consumo que han provocado los primeros meses de los gobiernos estatal y federal, y los primeros días de los gobiernos municipales. En el pasado, estas presiones fueron tratadas (no resueltas) mediante pactos económicos que significaban sacrificios para todas las partes involucradas, aunque siempre se resintieron más en el sector de los trabajadores; pero esos pactos se hicieron cuando las dirigencias sindicales y las centrales obreras aún tenían cierta influencia sobre los trabajadores, hoy no se percibe que haya posibilidades de reagrupar a los trabajadores; de hecho, el descrédito que padecen las dirigencias sindicales en general puede convertirse en un factor adicional del conflicto laboral que se gesta en el estado, igual que en casi todo el país.
En una lógica del sistema político que apostaba a la no existencia de huelgas o movilizaciones de trabajadores como evidencia de éxito de un modelo político-económico, la efervescencia laboral, la posibilidad de estallamientos múltiples de huelgas, paros laborales, manifestaciones, y otras formas de protesta de los trabajadores podría considerarse un fracaso sonoro del nuevo régimen en materia económica. Probablemente lo sea, pero también debiera reconocerse que en México la estabilidad laboral, como muchas otras ilusiones, estaba sostenida apenas por alfileres. La respuesta que tendría que darse al problema es integral y pasa por lo económico, pero también por la redefinición de la tares sindical.
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