A finales de 2016 participé en un proyecto colectivo que, si bien tuvo una corta duración, fue muy productivo en función de los análisis y las actividades sociales que pudimos emprender. De ese grupo surgió la frase que ahora uso como título en la presente columna, la cual vino a mi mente luego de analizar los datos de la reciente publicación de la ENVIPE 2018.
Las cifras de la encuesta acusan nuevamente el grado de descomposición social, los ambientes de inseguridad y violencia prevaleciente en el país; y por supuesto, en Morelos. Robo, extorsión y fraudes, siguen siendo los tres principales delitos que durante 2017 convirtieron a más de 25 millones personas en víctimas. La cifra negra es otro dato relevante: 93 por ciento de los delitos cometidos en Morelos no se denuncian o no dieron inicio a una averiguación previa.
Los morelenses percibimos un ambiente de inseguridad tan alto, que en términos nacionales podemos compararnos con Tamaulipas e inclusive con Veracruz y la Ciudad de México. Las conductas delictivas o antisociales más identificadas son el consumo de alcohol en la calle, los robos frecuentes y el consumo/venta de drogas. La encuesta también no dice que hemos perdido los espacios públicos o más bien, la delincuencia continúa apoderándose de ellos frente a nuestras narices.
Si lo anterior en grave, preocupa que siga cayendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia. Por eso, decir que la paz es de la quien la trabaja no es una simple o forzada alegoría zapatista.
Nuestra realidad cotidiana está empujando a los ciudadanos (más que a las instituciones formales) a enfrentar el miedo con sus propias fuerzas y capacidades. De ahí que sea cada vez más común el surgimiento de prácticas de organización comunitarias para resolver los problemas asociados con la inseguridad.
En Texcoco, Estado de México, aparecieron guardias sociales en la zona de la montaña para hacer rondines de vigilancia y retenes en las entradas, ante el aumento de delitos y el reconocimiento de la propia autoridad sobre sus limitaciones para garantizar la seguridad. En Naucalpan, Estado de México, trascendió el caso de una multitud que salió a perseguir a secuestradores de niños con palos, piedras y tubos, luego de que las autoridades no hicieran nada a pesar de haber sido informados sobre la situación. Y en Aguascalientes, algunas comunidades han comenzado a organizarse como autodefensas ante las ausencias de las autoridades.
En Guerrero, la comunidad de San Jerónimo el Grande se organizó hace tiempo cuando comenzaron los secuestros masivos ante un gobierno que hace lo puede, pero que al final no pasa nada. Desde 2013, el aumento desbordado de la violencia en Acapulco ha obligado al ejército o a la marina tomar los controles para tratar de reforzar la seguridad; sin embargo, los homicidios dolosos, las extorsiones y los secuestros que lastiman a la sociedad siguen aumentando.
De acuerdo con Claudia Zamorano Villarreal, autora del estudio “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socioculturales y territoriales”, las instituciones no están funcionando como entes responsables de ofrecer seguridad y justicia.
En sustitución del gobierno, los ciudadanos obtienen su propia seguridad elevando bardas, enrejando puertas, cerrando calles, colocando videocámaras o al contratar seguridad privada.
Siguiendo las conclusiones del estudio, los resultados de esta dinámica social se reflejan en el incremento de los cuerpos privados y la mercantilización de la seguridad, la fragmentación del espacio público y contextos con prevalencia de miedo, enojo, psicosis y desconfianza generalizado.
A muchos pueblos les han robado la paz y la seguridad, por ello es positivo que la gente se organice en la construcción de procesos de pacificación. Las autodefensas, los cazasecuestradores o los linchadores son una realidad en Morelos, lo cual implica que también a nuestra gente se le acabó la paciencia para escuchar a las autoridades o analizar la información que todos conocemos.
Lo que se requiere con urgencia es la acción comprometida de los sectores público, privado y social para resolver el problema de la violencia y la inseguridad de fondo.
