Lo que inició como una muestra de buena voluntad de los gobiernos estatal y federal con las familias de víctimas de desapariciones forzadas, se revirtió hasta repetir la realidad que por años han sufrido las mujeres que buscan a sus familiares en fosas clandestinas del estado de Morelos. El retiro de los elementos de seguridad pública para custodiar los trabajos que la Brigada Nacional de Búsqueda realizaba en Mixtlalcingo evidencia que no sólo la burocracia entorpece los trabajos de localización de víctimas, porque también estorba al esfuerzo la falta de la voluntad política elemental que primero redujo de 30 a 11 los elementos de la policía Morelos y la Guardia Nacional que resguardaban los trabajos, y luego hasta a los peritos y unidades caninas les quitó volviendo imposible continuar los trabajos.
Así, la Brigada canceló sus trabajos en Morelos, con una evidencia contundente de la simulación de las autoridades morelenses en materia de búsqueda de desaparecidos. Cuando estuvo el comisionado de Naciones Unidas para desapariciones, ahí estaban todos: Fiscalía, policías, Guardia Nacional, pero luego de las fotos para el recuerdo vino el olvido, la desatención, la grosería. Las autoridades abandonaron a las buscadoras y con ello la posibilidad de mostrar empatía con las víctimas de delitos cometidos en Morelos, bajo la autoridad de esas instituciones que han fallado en la seguridad pública y procuración de justicia; y en la garantía de respeto elemental a los derechos humanos y la dignidad humana.
Y claro que la autoridad podría argüir un listado enorme de pretextos: no tiene suficientes elementos, y los que no citamos porque revictimizan a los desaparecidos y a sus familias. Pero las realidades que evidencian las fosas clandestinas, los campos de exterminio, la cantidad de restos sin identificar, identifica la profundidad de la crisis, pero también la deshumanización de los políticos en general, y del gobierno en particular. Porque hasta ahora no hemos escuchado, salvo al presidente de Yecapixtla, pronunciarse en apoyo de la búsqueda de desaparecidos; otros alcaldes, diputados y el gobierno estatal, han guardado silencio, o hecho comentarios apenas audibles, sobre el escándalo que representan los hallazgos constantes de fosas clandestinas.
Y es cierto que probablemente el abandono a las buscadoras provenga más de un descuido burocrático que de una intención expresa de dejarlas solas. Pero también lo es que justo ese descuido evidencia el desinterés de las autoridades en los trabajos de localización de desaparecidos. Mucho peor es si se considera que las buscadoras eran básicamente quienes realizaban las investigaciones, el primer trabajo de campo, incluso consiguieron mediante donativos el dinero suficiente para rentar la maquinaria de excavación, es decir, la autoridad sólo debía ofrecer la protección policíaca (porque la zona es de muy alto riesgo), y la asistencia técnica de peritos y unidades caninas para la detección y los efectos legales que proceden en estos casos. El esfuerzo de las brigadistas quedó trunco y la autoridad es responsable de esa omisión que, a estas alturas resulta mucho más escandalosa por la acumulación de indolencias.
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