Preocupados por décadas en el diseño de formas de acotar, distribuir, repartir, mercar con el poder público los legisladores y gobernantes de Morelos descuidaron muchas proyecciones evidentes y dejaron al estado sin protección alguna en muchas materias que hoy, desde la ciudadanía –mucho más impulsiva que informada científicamente- se tratan de corregir.
En efecto, el patético juego de búsqueda del poder y sus beneficios para goce personal o de grupos, en que el estado se ha visto envuelto en una crisis que se convirtió en cotidianeidad, en paradigma del poder en Morelos. Cierto que el juego de acotar y repartir el poder logró que Morelos se colocara a la vanguardia en algunos aspectos de la normativa electoral (lo que tristemente no ha significado una mejor calidad del ejercicio político), pero también lo es que, distraídos en esos aspectos, los gobiernos y las legislaturas se olvidaron de la planeación, de la prospectiva.
Por ejemplo, era obvio desde hace 20 años que el ritmo de crecimiento poblacional de Morelos, especialmente en sus núcleos urbanos, provocaría problemas graves de contaminación, dotación de vivienda y de servicios públicos, falta de empleos de calidad, crecimiento de la economía informal, y muchas otras condiciones que no aparecieron de súbito. Estos sistemas de problemas y los racimos de conflictos que ofrecen, estaban ahí desde hace muchos años, y la actitud del gobierno y los legisladores fue aplazarlos o de plano ignorarlos, esperando que le reventaran a alguien más, en un futuro que se percibe, a ojos de los políticos en trienios o sexenios.
Hoy el estado carece de una forma para regularizar a miles de trabajadores informales que representan ya el 65 por ciento de la actividad económica; la ausencia de planeación es tan evidente que en el sector educativo se requieren no una o dos, sino mil 500 plazas que no pueden ser fondeadas por recursos estatales, pero significan un hueco en el servicio educativo que alcanza a decenas de miles de estudiantes. También hacen falta médicos, personal de seguridad pública acreditable y sobran los que venden por redes sociales.
Tampoco, y esto es un problema gravísimo, tiene forma de prevenir emergencias ambientales, ni siquiera hay los instrumentos jurídicos para decretar contingencias y establecer medidas para enfrentarlas, no obstante la mala calidad del aire se está volviendo tristemente frecuente en las zonas urbanas, particularmente en Cuernavaca. Pero la contaminación del aire no es la única preocupación, la legislación y las acciones de los gobiernos estatal y municipales parecen insuficientes para contener el uso y disposición final de materiales altamente contaminantes, en donde se ubican los plásticos (por el daño ecológico que producen en el mediano y largo plazos) pero también los que significan un riesgo sanitario inmediato. Tampoco parece suficiente la acción para evitar las descargas de drenajes en barrancas y otros problemas asociados primordial, pero no únicamente, con los asentamientos irregulares.
Los gobiernos, y esta es una oportunidad para quienes actualmente se desempeñan en cargos públicos; deben abandonar las posiciones reactivas y sentarse a diseñar planes de largo alcance que permitan ordenar, en la medida de lo posible que es mucho, el desarrollo del estado. La claudicación al trazo de políticas públicas de largo alcance es una evidente omisión en el desempeño de los gobernantes y legisladores que debiera ser sancionada. Pero más que buscar culpables, es tiempo de emprender soluciones: la alta burocracia debiera dedicar la mayor parte de su jornada laboral al desarrollo de planes de largo aliento que permitan construir el futuro del estado. La búsqueda de reflectores, el escarceo con los medios de comunicación, la enorme cantidad de distracciones de la brega diaria, no deben estorbar la misión fundamental de los políticos, ser estadistas, por lo menos un rato en su vida; a lo mejor si lo intentan, se les da.
