Recientemente se publicó el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, en el se plasma la nueva política hídrica de México planteada por el gobierno de la 4T.
La nueva política hídrica aparentemente busca responder a los mismos principios rectores que ha manifestado reiteradamente el Presidente López Obrador: primero los pobres, no dejar a nadie atrás y el combate a la corrupción. Sin embargo, las acciones y las decisiones que se van tomando en el día a día no necesariamente corresponden a esos principios, ni contribuyen al logro de una mejor gestión del agua, o a la disminución de la pobreza. Trataré de explicarlo en esta y en varias columnas posteriores.
En el texto del PNH 2020-2024 se manifiesta que se busca atender prioritariamente los siguientes cinco problemas públicos:
1) Acceso insuficiente e inequitativo a los servicios de agua potable y saneamiento.
2) Uso ineficiente del agua que afecta a la población y a los sectores productivos.
3) Pérdidas humanas y materiales por fenómenos hidrometeorológicos extremos.
4) Deterioro cuantitativo y cualitativo del agua en cuencas y acuíferos, y
5) Condiciones institucionales y de participación social insuficientes para la toma de decisiones y el combate a corrupción.
Para ello, se ha diseñado un objetivo prioritario para atender cada uno de esos problemas y para cada objetivo se han definido lo que llaman estrategias prioritarias y acciones puntuales.
Metodológica y conceptualmente, el PNH 2020-2024 es sin duda un ejercicio de planeación muy bien desarrollado. Se tiene claro el diagnóstico, se han definido las prioridades, los objetivos, las estrategias y las acciones a desarrollar; la pregunta ¿qué vamos a hacer? ya ha sido respondida, ahora la pregunta es ¿cómo lo vamos a lograr? Es en ese punto donde este gobierno ha sido ejemplo una y otra vez del cumplimiento del Principio de Peter.
Las contribuciones que se busca brindar al nuevo modelo de desarrollo del país están relacionadas con la búsqueda del bienestar de grupos marginados, la creación de condiciones para el goce y el ejercicio de los derechos humanos y la disminución de la brecha de desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento. En eso estamos todos de acuerdo.
Pero también es necesario reducir la inequidad en el acceso al agua con fines productivos y generar condiciones para la seguridad alimentaria del país. El cancelar proyectos de inversión por el simple hecho de haber sido aprobados por otros gobiernos o usar la fuerza pública contra los agricultores del norte, no contribuye a la confianza para invertir con fines productivos.
Las inundaciones recientes en Tabasco y la fuerza de las lluvias en todo el país, hace evidente la urgente necesidad de construir las capacidades institucionales y sociales para enfrentar desastres, las afectaciones materiales y humanas serán cada vez mayores por impactos de la variabilidad del clima, y ante la desaparición de los fideicomisos, especialmente del Fondo de Desastres Naturales, es necesario construir comunidades resilientes frente al cambio climático. Pero decisiones como el rechazo a las energías limpias y en su lugar el uso de energías altamente contaminantes, no contribuyen a la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento global y el cambio climático.
Una cosa es el discurso, y otra muy distinta son los hechos. La nueva política hídrica apunta en la dirección correcta, pero no las decisiones que se han tomado hasta la fecha.
