La anterior legislatura fue, probablemente, la más cara que haya tenido Morelos. Con todo y la mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia, que llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción y los enormes gastos que atribuyeron a sus antecesores (que también resultaron bastante malitos). No cumplieron con ninguna de sus promesas.
De acuerdo con el estudio de Morelos Rinde Cuentas sobre el gasto legislativo, sólo en dietas, prerrogativas, gestiones, gastos, informes, viáticos, comisiones, eventos y apoyos, los 20 integrantes de la LIV Legislatura recibieron 225.6 millones de pesos; y aunque algunos recibieron menos que otros, por sus cargos y comisiones, quien menos dinero recibió obtuvo 9 millones de pesos, 3 por año, alrededor de 250 mil pesos mensuales.
Aunque fue una legislatura compuesta en un 70% por mujeres, cuatro de los seis hombres que la integraron fueron los más caros durante su encargo, e insistimos, los más costosos de la historia: Alfonso de Jesús Sotelo del PES, recibió 13 millones 800 mil pesos; poco más de 383 mil pesos mensuales; José Casas González (que empezó en Morena, se fue al PT y luego se declaró independiente, obtuvo 12.8 millones de pesos, más de 355 mil 500 mensuales; Javier García Chávez, de Morena, recibió 12.3 millones, más de 341 mil mensuales; cantidades similares a las que obtuvo Marcos Zapotitla, primero de Morena y luego del PES; todo de acuerdo con el reporte de Morelos Rinde Cuentas.
Y es cierto, alguien diría que el costo por diputado no tendría que ser el único factor de evaluación de una legislatura, y tendría toda la razón; sin embargo, la historia de la LIV, deja muy poco más qué medir; las largas pausas en el trabajo, algunas superiores a los 60 días, por la imposibilidad de alcanzar acuerdos, la escasa creatividad en el diseño de ordenamientos, el divorcio casi total con los intereses de la ciudadanía, la incapacidad para concretar nombramientos, y la evidente ignorancia de las normas jurídicas que se tradujo en la aprobación de leyes inoperantes (como la del uso obligatorio del cubrebocas); fueron la constante del legislativo entre 18 y 21.
Si a ello sumamos la sospecha, probablemente fundada, de esquemas de corrupción que favorecieron en muchos casos la no aprobación de leyes de ingresos municipales, y el permanente pleito entre grupos de interés al interior del Congreso que impidieron siquiera acordar fechas para ponerse de acuerdo (se lee absurdo porque lo fue); la más cara de las legislaturas bien podría ser considerada como una de las peores experiencias parlamentarias de Morelos.
Al costo evidente de la LIV Legislatura deberían sumarse también los intangibles, es decir, los asociados con la falta de aprobación de leyes, decretos y nombramientos. En pocas palabras, lo que perdió Morelos por la improductividad de los legisladores, que se tradujo en conflictos políticos y sociales mayores que significaron pérdidas millonarias. Mucho más por ello que por el dinero notoriamente excesivo que los diputados recibieron, la colección de pifias y omisiones cometidas tendría que derivar, por lo menos, en responsabilidad política que debería castigarse. Habrá que ver si sus sucesores lo deciden.
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