Juan Carlos Valencia Vargas

  / viernes 9 de noviembre de 2018

“La ley contra la privatización”

El pasado seis de septiembre se publicó en la Gaceta del Senado la iniciativa de reforma propuesta por el Senador Martí Batres Guadarrama, que busca prohibir la participación privada en el sector agua en prácticamente todas sus formas al proponer reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en sus artículos 2, 4, 9 y 12, y derogar el Capítulo II “Participación de la inversión privada y social en obras hidráulica federales” en todos sus artículos (del 102 al 107).

En lo propuesto para la reforma del artículo 4to se adiciona “El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta. Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable. Queda prohibida toda forma de privatización de la gestión del agua.”

Otra muestra más del terror que se le tiene a la “privatización” mal entendida.

Veamos varias aristas del tema. El agua es un bien nacional de acuerdo con el artículo 27 constitucional y esa condición no prescribe y no se transfiere. El agua nunca será privada, es y sigue siendo un bien nacional.

Donde si hay participación privada es en el suministro y distribución de agua. Esta participación sin embargo no debe entenderse como “privatización” porque el agua nunca deja de ser un bien nacional, el privado solo brinda un servicio o hace una obra y cobra por eso.

Si se aprobara esta iniciativa el municipio estaría obligado a prestar directamente todos los servicios y a hacer directamente todas las obras pues estaría impedido para firmar cualquier contrato con un particular ¿De verdad creen que si no pueden con lo que tienen hoy van a poder con todo lo demás? Desde hace décadas los gobiernos han disminuido su capacidad para realizar los estudios, proyectos y obras hidráulicas, incluso gran parte de la supervisión de las obras se da a contrato por lo que es evidente la falta de personal, en número y calificación. La iniciativa obligaría a contratar a miles de nuevos burócratas y a comprar maquinaria por cientos para poder atender por administración todo lo que hoy se contrata con empresas privadas. ¿De verdad será más eficiente ampliar la burocracia que contratar empresas para realizar obras específicas?

Otro de los temas es que prohíbe que un particular realice actos de administración y comercialización de agua potable.

Hoy en día innumerables personas físicas y morales comercializan agua potable, desde grandes empresas embotelladoras, pasando por personas físicas distribuidoras de garrafones, hasta los aguadores que acarrean agua en los pueblos y colonias ¿Habrá capacidad en el Estado para realizar toda esa distribución?

En tercer lugar hay infraestructura que no es del estado, por ejemplo, la infraestructura de las organizaciones comunitarias o de los fraccionamientos, que fue financiada, construida y que es operada directamente por sus dueños. ¿Se expropiará toda esa infraestructura? ¿Quién la va a operar? ¿Podrá el municipio con eso si hoy no puede con lo que tiene?

Sin duda es una radical propuesta para la reforma de ley, pero para efectos prácticos dejará sin agua a una gran cantidad de población. Y todo por un miedo a la “privatización”. Hoy día esos miedos han generado que el agua se venda mucho más cara. La gente ya no toma agua de la red pública. Compra agua embotellada por un privado. Si el Estado tuviera la capacidad de hacer bien su trabajo la población no necesitaría comprar agua embotellada. ¿Quien genera la privatización del agua?

Por el bien de México #aguaparatodos


El pasado seis de septiembre se publicó en la Gaceta del Senado la iniciativa de reforma propuesta por el Senador Martí Batres Guadarrama, que busca prohibir la participación privada en el sector agua en prácticamente todas sus formas al proponer reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en sus artículos 2, 4, 9 y 12, y derogar el Capítulo II “Participación de la inversión privada y social en obras hidráulica federales” en todos sus artículos (del 102 al 107).

En lo propuesto para la reforma del artículo 4to se adiciona “El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta. Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable. Queda prohibida toda forma de privatización de la gestión del agua.”

Otra muestra más del terror que se le tiene a la “privatización” mal entendida.

Veamos varias aristas del tema. El agua es un bien nacional de acuerdo con el artículo 27 constitucional y esa condición no prescribe y no se transfiere. El agua nunca será privada, es y sigue siendo un bien nacional.

Donde si hay participación privada es en el suministro y distribución de agua. Esta participación sin embargo no debe entenderse como “privatización” porque el agua nunca deja de ser un bien nacional, el privado solo brinda un servicio o hace una obra y cobra por eso.

Si se aprobara esta iniciativa el municipio estaría obligado a prestar directamente todos los servicios y a hacer directamente todas las obras pues estaría impedido para firmar cualquier contrato con un particular ¿De verdad creen que si no pueden con lo que tienen hoy van a poder con todo lo demás? Desde hace décadas los gobiernos han disminuido su capacidad para realizar los estudios, proyectos y obras hidráulicas, incluso gran parte de la supervisión de las obras se da a contrato por lo que es evidente la falta de personal, en número y calificación. La iniciativa obligaría a contratar a miles de nuevos burócratas y a comprar maquinaria por cientos para poder atender por administración todo lo que hoy se contrata con empresas privadas. ¿De verdad será más eficiente ampliar la burocracia que contratar empresas para realizar obras específicas?

Otro de los temas es que prohíbe que un particular realice actos de administración y comercialización de agua potable.

Hoy en día innumerables personas físicas y morales comercializan agua potable, desde grandes empresas embotelladoras, pasando por personas físicas distribuidoras de garrafones, hasta los aguadores que acarrean agua en los pueblos y colonias ¿Habrá capacidad en el Estado para realizar toda esa distribución?

En tercer lugar hay infraestructura que no es del estado, por ejemplo, la infraestructura de las organizaciones comunitarias o de los fraccionamientos, que fue financiada, construida y que es operada directamente por sus dueños. ¿Se expropiará toda esa infraestructura? ¿Quién la va a operar? ¿Podrá el municipio con eso si hoy no puede con lo que tiene?

Sin duda es una radical propuesta para la reforma de ley, pero para efectos prácticos dejará sin agua a una gran cantidad de población. Y todo por un miedo a la “privatización”. Hoy día esos miedos han generado que el agua se venda mucho más cara. La gente ya no toma agua de la red pública. Compra agua embotellada por un privado. Si el Estado tuviera la capacidad de hacer bien su trabajo la población no necesitaría comprar agua embotellada. ¿Quien genera la privatización del agua?

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