/ miércoles 5 de enero de 2022

La investigación urgente

La petición de diputados para que la Fiscalía General de la República haga una investigación pronta y clara sobre los probables nexos de actores políticos con personajes del crimen organizado no es nueva, pero no por su recurrencia debiera desestimarse. Las enormes dudas sobre la legitimidad de la clase política en Morelos no se han diluido desde tiempos de Jorge Carrillo Olea. La presunta vinculación de funcionarios públicos con grupos delincuenciales ha sido un rumor incesante aunque pocas veces se ha profundizado en las indagatorias y menos de una decena de funcionarios han sido investigados y sancionados por sus sospechosas relaciones.

Las redes sociales, la prevalencia de una cultura de imágenes, la crisis de seguridad, han hecho que las sospechas de vínculos entre políticos y grupos delictivos sean mayores. Cuauhtémoc Blanco, gobernador y estrella del deporte, no le niega fotos a nadie; pero lo mismo podrían decir otros políticos que han sido captados por lentes de teléfonos móviles junto a presuntos criminales. Las imágenes por sí mismas pueden no ser probatorias de un vínculo, pero abonan a la profunda duda sobre la clase política que prevalece en Morelos, lesionan la legitimidad y la credibilidad de los políticos.

Por eso resulta urgente que se investigue a profundidad la posible relación entre los actores políticos y presuntos delincuentes, como una manera de ofrecer certeza a la ciudadanía, y hasta evitar un poco el daño que los políticos podrían sufrir por aparecer en imágenes con sujetos de dudosa reputación. Si funcionarios y representantes realmente fueron fotografiados con personas de quienes no sabían se dedicaban a actividades criminales, a ellos más que a cualquiera debería importar que se hagan los deslindes a través de una investigación seria y tan pública como las fotos en cuestión.

Por supuesto que al Ejecutivo le preocupa el desgaste que sufre la imagen del gobernador, pero el pretender que se deje de hablar del asunto no ayuda a recuperar el daño que la fotografía de Cuauhtémoc Blanco junto a presuntos delincuentes y todas las consecuencias posteriores de ella provocan a la credibilidad de un gobierno que ya padecía de falta de respaldo de gran parte de la población.

Pero el mismo problema podría citarse en el caso de legisladores y alcaldes que también fueron fotografiados posando junto a presuntos delincuentes, por lo que las investigaciones no tendrían que detenerse en el gobernador solamente. La extensión de las indagatorias tendría que extenderse a todos quienes aparezcan en fotografías similares y que prefiguran, por cierto, una suerte de conducta recurrente de los presuntos jefes criminales. No todos quienes asisten a actos políticos y de campaña se toman fotos con los políticos.

Otro reto es que la investigación que el Congreso del estado ha solicitado tendría que hacerse a toda velocidad, con el fin de que el daño que el escándalo o las complicidades no sea mucho mayor al que ya empieza a notarse, sobre todo cuando la lucha por la seguridad en el estado, requiere de la concurrencia de todos y muy especialmente de la legitimidad de las autoridades a quienes se les ha dado el encargo. De ahí la prisa del Legislativo.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

La petición de diputados para que la Fiscalía General de la República haga una investigación pronta y clara sobre los probables nexos de actores políticos con personajes del crimen organizado no es nueva, pero no por su recurrencia debiera desestimarse. Las enormes dudas sobre la legitimidad de la clase política en Morelos no se han diluido desde tiempos de Jorge Carrillo Olea. La presunta vinculación de funcionarios públicos con grupos delincuenciales ha sido un rumor incesante aunque pocas veces se ha profundizado en las indagatorias y menos de una decena de funcionarios han sido investigados y sancionados por sus sospechosas relaciones.

Las redes sociales, la prevalencia de una cultura de imágenes, la crisis de seguridad, han hecho que las sospechas de vínculos entre políticos y grupos delictivos sean mayores. Cuauhtémoc Blanco, gobernador y estrella del deporte, no le niega fotos a nadie; pero lo mismo podrían decir otros políticos que han sido captados por lentes de teléfonos móviles junto a presuntos criminales. Las imágenes por sí mismas pueden no ser probatorias de un vínculo, pero abonan a la profunda duda sobre la clase política que prevalece en Morelos, lesionan la legitimidad y la credibilidad de los políticos.

Por eso resulta urgente que se investigue a profundidad la posible relación entre los actores políticos y presuntos delincuentes, como una manera de ofrecer certeza a la ciudadanía, y hasta evitar un poco el daño que los políticos podrían sufrir por aparecer en imágenes con sujetos de dudosa reputación. Si funcionarios y representantes realmente fueron fotografiados con personas de quienes no sabían se dedicaban a actividades criminales, a ellos más que a cualquiera debería importar que se hagan los deslindes a través de una investigación seria y tan pública como las fotos en cuestión.

Por supuesto que al Ejecutivo le preocupa el desgaste que sufre la imagen del gobernador, pero el pretender que se deje de hablar del asunto no ayuda a recuperar el daño que la fotografía de Cuauhtémoc Blanco junto a presuntos delincuentes y todas las consecuencias posteriores de ella provocan a la credibilidad de un gobierno que ya padecía de falta de respaldo de gran parte de la población.

Pero el mismo problema podría citarse en el caso de legisladores y alcaldes que también fueron fotografiados posando junto a presuntos delincuentes, por lo que las investigaciones no tendrían que detenerse en el gobernador solamente. La extensión de las indagatorias tendría que extenderse a todos quienes aparezcan en fotografías similares y que prefiguran, por cierto, una suerte de conducta recurrente de los presuntos jefes criminales. No todos quienes asisten a actos políticos y de campaña se toman fotos con los políticos.

Otro reto es que la investigación que el Congreso del estado ha solicitado tendría que hacerse a toda velocidad, con el fin de que el daño que el escándalo o las complicidades no sea mucho mayor al que ya empieza a notarse, sobre todo cuando la lucha por la seguridad en el estado, requiere de la concurrencia de todos y muy especialmente de la legitimidad de las autoridades a quienes se les ha dado el encargo. De ahí la prisa del Legislativo.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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