El presidente peruano, Pedro Castillo, ha sufrido, por segunda vez, en menos de un año un nuevo proceso en su contra que hace referencia a su destitución como mandatario del país inca.
El primer intento sucedió en diciembre pasado y, a pesar de que la oposición así lo buscó, no se concretó. Sin embargo, apenas hace unos días se llevó a cabo un nuevo procedimiento en su contra promovido desde el poder legislativo, fundamentado en “vacancia por incapacidad moral permanente”, un ápice de la legislatura peruana que permite que el pueblo destituya al presidente en turno por no considerarlo apto en funciones que velen por el bienestar social y democrático de la nación.
Sin embargo, el presidente tiene la facultad de presentarse ante los diputados para esclarecer cualquiera de los 20 puntos que la oposición argumenta para destituirle, entre los que se encuentran situaciones que van desde conflicto de intereses y lavado de dinero de gente allegada al presidente y que le involucran directamente, hasta tráfico de influencias de los colaboradores de Castillo en la asignación de licitaciones públicas.
Ahora, luego de la comparecencia del presidente ante el poder legislativo de su país, estos deberán debatir y votar en, al menos 87 de los 130 votos posibles para poder destituirle bajo la fórmula de “incapacidad moral permanente”, situación que ya ha sucedido previamente con el presidente Martín Vizcarra hace apenas menos de un año y medio y que terminó por desatar una crisis política en aquella nación luego de tener 3 presidentes en una solo semana, siendo Francisco Sagasti el encargado de quedarse en el poder hasta las elecciones en donde resultó ganador el ahora presidente “en vías de destitución” y actual mandatario del Perú, Pedro Castillo.
El problema es que, en el Perú moderno, la inestabilidad democrática y de gobierno es tal, que el anterior presidente a Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, también fue sometido a dos procesos de destitución derivado de acusaciones de corrupción ligadas al mundialmente conocido caso Odebrecht, así como al indulto al ex presidente Alberto Fujimori, quien por cierto se encuentra próximo a salir de prisión y es padre de la 3 veces candidata a la presidencia, Keiko Fujimori. Al final, Kuczynski libró el primer juicio en su contra, pero un día antes de que se diera su defensa en el legislativo por segunda ocasión, decidió presentar su renuncia para que –en sus palabras– “ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”.
Entonces, el caso del actual presidente solamente ahonda más las heridas democráticas y de gobierno vividas en el Perú, sobretodo porque el hecho de que llegara un nuevo presidente luego de los problemas vividos con Kuczynski y Vizcarra debería haber significado una estabilidad política en una nación que ha sufrido bastante los efectos de la crisis económica y de salud provocada por la pandemia. Pero parece que a Perú le llueve sobre mojado, porque, además, habría que sumarle la emergencia ambiental provocada por el derrame de petróleo ocurrido en enero pasado luego del aterrador tsunami en Tonga.
Es así que la suerte del Perú y de los peruanos pareciera no tener una franca recuperación, ya que las crisis ambientales, sociales, políticas, económicas y sanitarias han atacado como nunca a una nación que ya ha vivido crisis similares en tiempos no muy lejanos y que también sufrió abandonos de presidentes que no pudieron con el paquete por múltiples razones; entre estos casos están los de Alberto Fujimori quien también vivió la declaración de incapacidad moral, pero en el año 2000, y del dos veces presidente, Alan García, quien se quitara la vida en 2019 cuando era juzgado por actos de corrupción ligados a la empresa Odebrecht.
Entonces, será esta una ocasión fundamental y decisiva para los peruanos de dejar atrás años y años de inestabilidad y de mirar hacia adelante apoyando el proyecto de un presidente que no ha cumplido ni un año en el poder o de continuar repitiendo la misma historia. El tiempo dirá.
