La crisis financiera de los municipios, junto a la que padecen otras instituciones públicas como la UAEM, y muchas de las dependencias del gobierno del estado, debieran ser un llamado de alerta mucho más profundo si se dejan de percibir como fenómenos aislados y se asumen, en cambio, en su dimensión estructural. Porque si bien es cierto que en alguna medida los problemas de endeudamiento institucional derivan de fenómenos de corrupción, también lo es que los delitos que podrían fincarse en torno al mal uso de los recursos del erario sólo explicarán una parte del déficit que enfrentan instituciones y gobierno y que continúa significando una enorme merma para el erario, y también para la iniciativa privada afectada por la falta de circulante.
Resulta inexacto contemplar un solo problema: el tamaño de la deuda que enfrentan las instituciones (que en algunos casos debiera resultar bastante manejable). También habría que considerar lo agobiante que resulta el servicio de la misma (pagos de intereses y otras cuotas); así como la suma de pasivos (jubilaciones a punto de decretarse, pensiones, pago de daños en obras mal planeadas o ejecutadas, mantenimiento de infraestructura que no ha sido atendida por lustros), y que reflejan que la crisis financiera fue gestándose por varias décadas de visiones cortoplacistas de la administración pública.
Cuando el jefe de la oficina de la gubernatura reconoce que se ha normalizado el que los municipios atraviesen penurias por laudos laborales, habría que añadirle los que pasan las universidades y más ampliamente la educación pública por falta de financiamientos adecuados; los que padecen las instituciones de salud y seguridad social por el incremento terrible de costos de operación y de servicio; los que adolecen las instituciones electorales por recortes en sus propuestas de financiamiento público; los que padecen las oficinas gubernamentales por la enorme carga burocrática y la escasa eficiencia en su gestión; y así, hemos normalizado las formas equívocas de la administración pública y con ello se sigue generando una carga fiscal que, cada vez más, sirve para cubrir pasivos en lugar de inversiones, lo que resulta profundamente injusto, hasta insultante, para los contribuyentes.
Pero el hecho de que el problema sea complejo no significa que deba evadirse, o dejarse para la próxima administración y solo atender, en ésta, sus efectos. Se ha vuelto ineludible que esta nueva generación de poderosos (a quienes nadie consideraba competentes en materia económica), se pongan creativos para proponer una profunda reforma a la estructura de gobierno. Está bien perseguir y sancionar a quienes cometieron actos de corrupción, pero poco ayudará a corregir los déficit en el gasto público el atrapar y sancionar a todos. Incluso la recuperación de los montos de las transacciones irregulares resultaría una insuficiente victoria en rebalancear el gasto gubernamental (Si en el IEBEM el monto de la corrupción acabara siendo de 2 mil 600 millones de pesos y se recuperaran, serían insuficientes para cubrir las obligaciones y necesidades de Cuernavaca el año entrante, por ejemplo; ya no se diga para cubrir los rezagos enormes que hay en infraestructura educativa y que afectan al servicio en todo el estado).
La administración pública debe ser honesta, por supuesto, pero esa sola cualidad es insuficiente para mantener el equilibrio y generar la inversión pública necesaria para que Morelos recupere la competitividad.
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