Mal haría Morelos si empieza a considerar al gobierno de Cuauhtémoc Blanco como el único responsable de resolver los graves problemas que agobian al estado; y mucho peor harían el gobernador y todos sus funcionarios en considerar lo contrario.
Porque todos los sectores sociales tienen una tarea importante en el rescate de la entidad, y porque el gobierno debiera (en esta etapa de emergencia) involucrarse en la coordinación y facilitación de todas las soluciones que urgen a la entidad.
La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del estado ha programado, por ejemplo, la promoción y colocación de once mil empleos para este año, poco más de la mitad de los más de 20 mil que la entidad requiere para superar los rezagos que enfrenta en la materia y atender a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Con la cifra estimada, aún habría un déficit de 9 mil 265 plazas laborales formales, reflejo de insuficiencia no en las labores de promoción del gobierno estatal, que lo mismo podría difundir dos mil que tres mil en cada feria del empleo, sino en la capacidad de la iniciativa privada para generar plazas.
Veamos más de cerca los datos; en el primer trimestre de 2019, Morelos perdió mil 265 empleos formales, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta pérdida de espacios laborales es atribuible sólo en 24 por ciento a los despidos derivados del recorte en el gobierno estatal (alrededor de 300 plazas); el resto de los espacios se perdieron en nóminas municipales, menos de ese 24 por ciento; y en la iniciativa privada, más de la mitad.
En contraste, la ocupación informal en Morelos se mantiene desde 2005 en niveles insostenibles, superiores al 60 por ciento de la población ocupada, lo que favorece no sólo los bajos ingresos promedio en el estado, sino la precariedad del empleo, el escaso poder adquisitivo, la falta de acceso a seguridad social y protección financiera, la mínima productividad y otros cánceres que siguen afectando a la economía local y que generan condiciones de inseguridad laboral, personal y pública. En este rubro, los empresarios han faltado a su tarea y aunque eso ha afectado a sus ingresos, se mantienen en la lógica de no asumir riesgos calculados, tampoco generar empleos ni aumentar la producción.
El cálculo empresarial en Morelos ha estado ligado en extremo a las condiciones que el gobierno genera para su actividad. La dependencia de los empresarios de escenarios favorables para la inversión generados desde el poder público, ha provocado que los vaivenes terribles de la política local y la patética corrupción a niveles de escándalo, frenen sus actividades. A diferencia de modelos en que la iniciativa privada es generadora de una estabilidad que resta relevancia a la política, en Morelos ha ocurrido tradicionalmente lo contrario, la empresa se ha acostumbrado a depender del Ejecutivo que ha complacido a algunos generando nuevos ricos cada sexenio. La iniciativa privada en el estado ha padecido a los gobiernos porque les ha permitido hacerla padecer, porque ha sido incapaz de crecer sin ellos y por ello no tiene la capacidad suficiente ni para leer las cifras económicas que apuntan a un futuro terrible pero aún evitable.
El problema elemental de la economía morelense parece estar en el rubro del empleo, las plazas son de ínfima calidad y eso lesiona primero al consumo, luego a la producción, y por último a la recaudación de impuestos. Es decir, la escasez y baja calidad del empleo en Morelos pega a todos y se convierte en incubadora para problemas sociales mucho más graves, como la falta de protección en salud, la delincuencia, la crisis en el sector educativo (derivada de la percepción de falta de oportunidades). Es tiempo de asumir cada quien su responsabilidad: la acción del gobierno no es lo único, ni lo más sano, para la economía local.
