El Centro de Investigación y Docencia Económica A. C. se fundó en 1974 de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa y es una entidad paraestatal de la administración pública federal con capacidad para recibir donativos sectorizada al Conacyt.
El objeto del CIDE es "producir y difundir conocimiento a través de la investigación científica sobre aspectos medulares de la realidad social contemporánea y contribuir al desarrollo del país mediante un núcleo especializado de programas de docencia y vinculación de alta calidad, prioridad e impacto".
Sus asociados son el Conacyt, la SEP, la SHCP, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México. Los asociados pueden ser excluidos por la comisión de hechos fraudulentos o dolosos en contra del CIDE.
El estatuto le otorga al CIDE una compleja red de órganos para su funcionamiento entre los que se encuentra el Consejo Académico en el cual los investigadores cuentan con representación.
Entre las funciones del Consejo Académico se encuenta en el artículo 42 del Estatuto fracción V la aprobación de toda modificación a los estatutos de la asociación, lo que deberá ocurrir antes de ser sometida a la asamblea de asociados.
La crisis generada por el incumplimiento del estatuto en su artículo 30 relativo al procedimiento para el nombramiento de director general es de dominio público así como la reacción de los estudiantes del CIDE, quienes tomaron las instalaciones durante 42 días. Protesta a la que se sumaron el personal académico y administrativo del Centro y que ha sido ampliamente apoyada por numerosas instituciones nacionales y extranjeras.
En un giro inesperado, el conflicto se vió atizado la semana pasada con una convocatoria del Conacyt a los asociados para una asamblea extraordinaria con un único punto que consiste en la modificación de los estatutos.
Si pensaron que la modificación tiene como objetivo corregir las fallas en el nombramiento del actual director y de esa manera legitimarlo retroactivamente, están en lo correcto. Contrario a los estatutos vigentes, esta propuesta no pasó por el Consejo Académico y por lo tanto no sería legal. Otra vez.
En un primer escarceo, la sesión convocada para el pasado viernes se suspendió por un aspecto técnico lo que le da un respiro a los asociados, entre los que se encuentran cuatro secretarios de estado, para la negociación con el Conacyt o para pedir instrucciones en Palacio Nacional, lo que proceda en este caso.
El CIDE representa un sector poco apreciado por el actual gobierno federal. Es una asociación civil, puede recibir donativos y tiene autonomía de gestión la cual sus estudiantes y académicos ejercen como libertad de investigación, de cátedra y de expresión. Además, se rige bajo criterios de calidad.
Es innegable que, de aprobar la propuesta del Conacyt, los asociados estarían cometiendo una falta grave a los estatutos y podrían ser sancionados no solo con su exclusión de la asamblea tal como expresa el mismo ordenamiento, sino hasta con su destitución como titulares de la institución que representan.
La encrucijada no es solo para el gobierno o para la comunidad del CIDE sino para el país como un Estado de derecho y esperamos que todas las personas involucradas actúen conforme a la ley, distendiendo un conflicto que amenaza con extenderse a otras instituciones.
PD. Mientras tanto, la ola ómicron de la pandemia de COVID-19 arrecia en nuestro país. No olvidemos que se trata de una enfermedad grave aunque los síntomas sean leves y que puede dejar secuelas de por vida. La prevención es la clave y el uso de cubrebocas, nuestro salvavidas.
Para información adicional de éste y otros temas de interés visiten:
Reivindicando a Plutón o Brenda Valderrama en Facebook
