Supongamos que los políticos morelenses no mienten. Imaginemos que las acusaciones de unos contra otros son ciertas y que, en efecto, funcionarios y representantes populares locales tienen vínculos con grupos delictivos o mafias políticas que se enfrentan entre sí y toleran la acción criminal de unos y otros en un territorio de 4 mil 950 kilómetros cuadrados que afecta directamente a casi dos millones de habitantes. Nadie querría vivir en un estado así.
Los rumores y especies sobre la presunta colusión entre la clase política local con grupos delictivos no son nuevos en el estado. Desde tiempos de Jorge Carrillo, luego con Sergio Estrada, Marco Adame, Graco Ramírez, y ahora con Cuauhtémoc Blanco. Se ha procedido incluso contra servidores públicos, por lo menos hasta la anterior administración en que hasta un alcalde fue recluido por delitos que suponían vínculos con criminales. A ningún gobernador, sin embargo, le fue comprobado jurídicamente alguna asociación con grupos criminales, pero las crecientes violencia e impunidad han generado un campo fértil a las acusaciones que van desde la actuación selectiva de la autoridad contra algunos grupos, hasta la complicidad e influencia de esos grupos en decisiones de Estado.
Aunque los rumores han existido desde hace más de dos décadas, hasta los últimos meses supimos de fotografías de diversos actores políticos con presuntos jefes delictivos; entre ellas, la más famosa, por cierto, es la del gobernador Cuauhtémoc Blanco con tres presuntos líderes criminales en Morelos. La difusión de las imágenes de políticos posando con gente de dudosa fama pública se vuelve especialmente ofensiva en un estado que en los primeros once meses del año registró casi 940 homicidios dolosos, 683 de ellos cometidos con arma de fuego, delitos que la Comisión Estatal de Seguridad Pública acostumbra asociar con actividades del crimen organizado.
Pero en el ambiente de polarización que se generó desde mitad del sexenio pasado y que a los políticos locales ha convenido tanto mantener, parece importante olvidar el dato de la innegable crisis de seguridad pública y en cambio intercambiar acusaciones. “Los anteriores también tenían relaciones sospechosas”, dicen los apoyadores de los políticos actuales que a su vez repiten la ya aburridísima retahíla “yo no pacto como hicieron ellos”. Y lo cierto es que a final de cuentas nadie parece hacerse responsable de una tarea que corresponde enfrentar a todos desde su ámbito de responsabilidad, porque la seguridad pública y el desarrollo social del estado toca a los alcaldes, diputados, gobierno estatal y gobierno federal; y a final de cuentas en los últimos cinco años, por lo menos, lo que se ha escuchado son acusaciones múltiples entre quienes deberían haberse aliado desde el inicio de sus encargos para responder a sus deberes constitucionales, y a la confianza de los morelenses.
Porque si evaluamos resultados, los políticos cada vez deben más al estado y la acumulación de esos pasivos vuelve mucho más insultante la agrupación de escándalos que protagonizan, muy probablemente con nuestros impuestos. Las denuncias se deben investigar, pero mucho más urge mejorar la estrategia de seguridad.
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