Hace una buena cantidad de años que la corrupción en este país se concentra en el poder judicial y la impartición de justicia, pero el presidente de la República ha decidido, a pesar de tener facultades para hacerlo en algunos casos, simple y sencillamente no intervenir, dejándonos con la incógnita: ¿Por qué? Posiblemente por las mismas razones que sus antecesores lo hacían, por la propia corrupción que significa el tráfico de poder político. El problema de esto es que reproduce la corrupción que tanto dice luchar, la impunidad reproduce la corrupción y cuando esto es al más alto nivel, la reproduce más y de mayores consecuencias.
Las famosas grabaciones ilegales de espionaje de la conversación entre el Fiscal General de la República y el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a las que todo aquel que quiso consultarlas pudo hacerlo, eran verdaderamente crudas sobre la corrupción al más alto nivel que implicaba a estos dos funcionarios y posiblemente hasta algún funcionario y hasta un magistrado de la Suprema Corte de Justicia nos muestra con crudeza esta posible corrupción de alto nivel en la procuración de justicia. La ilegalidad de las grabaciones es clara, pero ni el Fiscal ni el Subprocurador han desmentido su autenticidad. Lo que expresa el Fiscal es verdaderamente perverso y nauseabundo porque permitió enviar a prisión por casi dos años a una mujer de 69 años con una falta que tiene todas las características de haber sido fabricada, la hizo “garante accesorio” de la muerte del hermano del Fiscal, según algunos especialistas, un presunto delito inexistente; pero, además, con la complicidad de la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México. Como imaginamos “los ciudadanos de a pie”, se genera una red de complicidades típicas del tráfico de poder político y de la corrupción sistemática que nos agobia en nuestro país. Esta red buscó ampliarse hasta la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, según lo declaró el propio ex consejero jurídico y lo publicó la Revista Proceso. Esta red llegó en su momento a la Cámara de Senadores que se vieron obligados a citar al Fiscal General, básicamente para decirle que a pesar de todo, no le han perdido la confianza, como el propio presidente de la República también lo dijo. Estos casos tan evidentes de presunta corrupción nos hacen pensar que esto es lo que sucede con otros grandes casos de corrupción que la presidencia de la República ha decidido ser omiso, seguramente por beneficios de tráfico de poder político que desconocemos.
Podemos entender así que muchos casos de corrupción que hemos revelado organizaciones ciudadanas por problemas cotidianos vinculados a necesidades tan básicas como el agua, simplemente no son atendidos ni por autoridades federales, estatales o municipales. Seguramente el entramado es tan extenso y complejo que no tenemos oportunidad de que se atienda, cuando no ocurría así con el caso de la señora Alejandra Cuevas enviada a prisión, aparentemente por una amargura y venganza del Fiscal General de la República.
Ayer la Suprema Corte de Justicia, parece que no tuvo otra opción después de hacerse públicas las grabaciones del FGR y el Subprocurador o Vice fiscal, que declarar la libertad de la señora Morán. Hoy se está hablando de que quizás buscará una indemnización por el “error judicial”.
Hoy también nos hemos enterado de la participación de las autoridades militares, incluso de los marinos, como enterados en tiempo real de lo que estaba ocurriendo para la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que la, entonces, PGR “fabricó” la famosa verdad histórica, que fue una ficción para encubrir lo que verdaderamente ocurrió. ¿Para qué? No lo sabemos, creemos una vez más para hacer un tráfico de poder político, quizás vinculado a otro tráfico, de heroína. Pero los ciudadanos de a pie, no estamos realmente en posibilidades de saber a ciencia cierta.
