/ miércoles 30 de junio de 2021

La consulta popular se aproxima

El próximo domingo 1 de agosto, los mexicanos acudiremos de nuevo a las urnas, esta vez con objeto de decidir si queremos que el gobierno investigue y, en su caso emita sentencia condenatoria contra cinco expresidentes que ejercieron el poder durante los 30 años que hoy conocemos como “periodo neoliberal”, el cual abarca desde el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) hasta el de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En los medios de la derecha argumentan que la consulta es muy cara (más de 500 millones de pesos) y que no es necesario consultar nada, porque la ley no se consulta, simplemente se aplica. Ambos argumentos carecen de sentido. Por ejemplo: el costo de 500 millones de pesos es mínimo si lo comparamos con lo que se paga por concepto de intereses por la deuda del Fobaproa (generada por la política de Zedillo) cada año.

Y respecto a que la ley no se consulta, es un argumento mañoso que nos transporta a un país ideal, como si México fuera Suiza. Porque en México existe una tradición política muy arraigada, que consiste en que los dirigentes de un gobierno nuevo no castigan –ni siquiera investigan—a los del gobierno anterior. Se trata de una cadena de encubrimiento e impunidad derivada de la existencia del PRIAN, es decir una mezcla de los partidos neoliberales que se turnaron en el poder. De lo que hoy se trata, precisamente, es romper con esa cadena de impunidad.

En los países avanzados, la práctica de la democracia directa (consulta popular, plebiscito, referéndum, etc.) es común y los ciudadanos están acostumbrados a participar con frecuencia. Por ejemplo: en Inglaterra la población decidió salir de la Unión Europea (UE) porque consideró que los lazos comunitarios resultaban perjudiciales para la economía británica (Brexit).

En Chile por medio de una consulta la sociedad decidió abolir la Constitución impuesta por el dictador Augusto Pinochet, y convocar a elecciones para nombrar una comisión encargada de redactar una nueva Ley suprema, con objeto de resguardar los intereses de la sociedad y en especial de los sectores oprimidos (mujeres, indígenas, etc.).

En Suiza se han realizado más de 500 consultas a la población en los últimos 100 años, por medio de las cuales la sociedad helvética ha definido y escogido el rumbo del país, así como de las medidas más adecuadas con el fin de lograr una mejor gestión de los asuntos públicos. En promedio, los suizos han realizado más de 2 consultas populares cada año, durante el último siglo.

Ahora bien: si la consulta no sirve para nada, tenemos derecho a preguntarnos por qué Vicente Fox está empecinado en que no se realice. Cuando él llegó al gobierno en el año 2000, en un punto de su programa de gobierno tenía como objetivo acabar con la corrupción y desterrar “a las tepocatas y víboras prietas”. Sabemos que no cumplió, y más bien se alió con los más corruptos. Apenas recién llegado a Los Pinos estalló el famoso “Toallagate”. Es apenas lógico que hoy se oponga a ese tipo de consultas, porque nadie más que él sabe lo que se esconde en el expediente de los Bribiesca, sus hijastros.

Queda claro que no todos los delitos de los expresidentes se van a investigar y castigar. Algunos ya prescribieron. Pero Carlos Salinas entregó la riqueza del país a los empresarios particulares, nacionales y extranjeros, privatizando empresas como Telmex, además de toda la infraestructura al servicio del campo, o el sistema bancario nacional, el cual dejó en manos de sus allegados, quienes más tarde lo vendieron a bancos extranjeros, dejando al país a merced de la política dictada por las oficinas matrices de tales bancos (Nueva York, Madrid. etc.).

Ernesto Zedillo nos endilgó el Fobaproa, una deuda privada que él convirtió en pública, por la cual el erario mexicano debe pagar anualmente un alto porcentaje de sus ingresos, dejando al país con pocos recursos para enfrentar los ingentes problemas de salud, educación, transporte, obras de infraestructura, etc.

Felipe Calderón convirtió al país en una gran fosa colectiva, librando una guerra simulada que por un lado golpeaba a ciertos cárteles, mientras favorecía a los grupos rivales, y reintroducía al mercado ilegal cientos de toneladas de drogas decomisadas. Su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy está preso en Nueva York en espera de un juicio que abrirá muchos expedientes de funcionarios prianistas hasta hoy desconocidos por la opinión pública.

Finalmente, Enrique Peña Nieto convirtió al país en un gran casino, donde se rifaba la riqueza nacional y se otorgaba como premio a quienes ofrecían los “moches” más sustanciosos, las mordidas más suculentas, sin reparar en que se dañaba gravemente la economía de los mexicanos, como en el caso de “Agronitrogenados”, que significó una sangría de más de 200 millones de dólares, recursos hoy por fin recuperados.

Peña Nieto tiene, además, cuentas pendientes por el asunto de Ayotzinapa, y los miles de millones de pesos de la Estafa Maestra, sin olvidar el crimen de Atenco, donde las fuerzas represivas fueron empleadas contra la población civil en una orgía de violencia, sadismo y violaciones en masa contra las mujeres del lugar, quienes recibieron un trato como si fueran prisioneras de guerra, y los esbirros del gobierno fueran un ejército de ocupación en un país conquistado .

Los temas de la consulta implican que los ciudadanos podrán decidir no solo si se castiga a un funcionario político de alto nivel, sino a varios presidentes que aplicaron una política de feroz represión; de saqueo sin límites de las riquezas nacionales; de enajenación con fines de enriquecimiento personal de las empresas construidas durante años por el esfuerzo de los obreros, los campesinos y los técnicos mexicanos.

Y significa, también, la ruptura tajante con un pasado de corrupción y ataques a los bienes nacionales; es un esfuerzo por deslindarnos de la política antinacional que tanto nos dañó; un impulso colectivo en favor de un país más justo, más democrático y más dueño de su destino. Un país que puede, mediante un procedimiento democrático y sin usar la violencia, hacer un ajuste de cuentas con los representantes de un pasado rapaz, violento y agresivo. Representa el paso de los mexicanos a la madurez política.


El próximo domingo 1 de agosto, los mexicanos acudiremos de nuevo a las urnas, esta vez con objeto de decidir si queremos que el gobierno investigue y, en su caso emita sentencia condenatoria contra cinco expresidentes que ejercieron el poder durante los 30 años que hoy conocemos como “periodo neoliberal”, el cual abarca desde el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) hasta el de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En los medios de la derecha argumentan que la consulta es muy cara (más de 500 millones de pesos) y que no es necesario consultar nada, porque la ley no se consulta, simplemente se aplica. Ambos argumentos carecen de sentido. Por ejemplo: el costo de 500 millones de pesos es mínimo si lo comparamos con lo que se paga por concepto de intereses por la deuda del Fobaproa (generada por la política de Zedillo) cada año.

Y respecto a que la ley no se consulta, es un argumento mañoso que nos transporta a un país ideal, como si México fuera Suiza. Porque en México existe una tradición política muy arraigada, que consiste en que los dirigentes de un gobierno nuevo no castigan –ni siquiera investigan—a los del gobierno anterior. Se trata de una cadena de encubrimiento e impunidad derivada de la existencia del PRIAN, es decir una mezcla de los partidos neoliberales que se turnaron en el poder. De lo que hoy se trata, precisamente, es romper con esa cadena de impunidad.

En los países avanzados, la práctica de la democracia directa (consulta popular, plebiscito, referéndum, etc.) es común y los ciudadanos están acostumbrados a participar con frecuencia. Por ejemplo: en Inglaterra la población decidió salir de la Unión Europea (UE) porque consideró que los lazos comunitarios resultaban perjudiciales para la economía británica (Brexit).

En Chile por medio de una consulta la sociedad decidió abolir la Constitución impuesta por el dictador Augusto Pinochet, y convocar a elecciones para nombrar una comisión encargada de redactar una nueva Ley suprema, con objeto de resguardar los intereses de la sociedad y en especial de los sectores oprimidos (mujeres, indígenas, etc.).

En Suiza se han realizado más de 500 consultas a la población en los últimos 100 años, por medio de las cuales la sociedad helvética ha definido y escogido el rumbo del país, así como de las medidas más adecuadas con el fin de lograr una mejor gestión de los asuntos públicos. En promedio, los suizos han realizado más de 2 consultas populares cada año, durante el último siglo.

Ahora bien: si la consulta no sirve para nada, tenemos derecho a preguntarnos por qué Vicente Fox está empecinado en que no se realice. Cuando él llegó al gobierno en el año 2000, en un punto de su programa de gobierno tenía como objetivo acabar con la corrupción y desterrar “a las tepocatas y víboras prietas”. Sabemos que no cumplió, y más bien se alió con los más corruptos. Apenas recién llegado a Los Pinos estalló el famoso “Toallagate”. Es apenas lógico que hoy se oponga a ese tipo de consultas, porque nadie más que él sabe lo que se esconde en el expediente de los Bribiesca, sus hijastros.

Queda claro que no todos los delitos de los expresidentes se van a investigar y castigar. Algunos ya prescribieron. Pero Carlos Salinas entregó la riqueza del país a los empresarios particulares, nacionales y extranjeros, privatizando empresas como Telmex, además de toda la infraestructura al servicio del campo, o el sistema bancario nacional, el cual dejó en manos de sus allegados, quienes más tarde lo vendieron a bancos extranjeros, dejando al país a merced de la política dictada por las oficinas matrices de tales bancos (Nueva York, Madrid. etc.).

Ernesto Zedillo nos endilgó el Fobaproa, una deuda privada que él convirtió en pública, por la cual el erario mexicano debe pagar anualmente un alto porcentaje de sus ingresos, dejando al país con pocos recursos para enfrentar los ingentes problemas de salud, educación, transporte, obras de infraestructura, etc.

Felipe Calderón convirtió al país en una gran fosa colectiva, librando una guerra simulada que por un lado golpeaba a ciertos cárteles, mientras favorecía a los grupos rivales, y reintroducía al mercado ilegal cientos de toneladas de drogas decomisadas. Su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy está preso en Nueva York en espera de un juicio que abrirá muchos expedientes de funcionarios prianistas hasta hoy desconocidos por la opinión pública.

Finalmente, Enrique Peña Nieto convirtió al país en un gran casino, donde se rifaba la riqueza nacional y se otorgaba como premio a quienes ofrecían los “moches” más sustanciosos, las mordidas más suculentas, sin reparar en que se dañaba gravemente la economía de los mexicanos, como en el caso de “Agronitrogenados”, que significó una sangría de más de 200 millones de dólares, recursos hoy por fin recuperados.

Peña Nieto tiene, además, cuentas pendientes por el asunto de Ayotzinapa, y los miles de millones de pesos de la Estafa Maestra, sin olvidar el crimen de Atenco, donde las fuerzas represivas fueron empleadas contra la población civil en una orgía de violencia, sadismo y violaciones en masa contra las mujeres del lugar, quienes recibieron un trato como si fueran prisioneras de guerra, y los esbirros del gobierno fueran un ejército de ocupación en un país conquistado .

Los temas de la consulta implican que los ciudadanos podrán decidir no solo si se castiga a un funcionario político de alto nivel, sino a varios presidentes que aplicaron una política de feroz represión; de saqueo sin límites de las riquezas nacionales; de enajenación con fines de enriquecimiento personal de las empresas construidas durante años por el esfuerzo de los obreros, los campesinos y los técnicos mexicanos.

Y significa, también, la ruptura tajante con un pasado de corrupción y ataques a los bienes nacionales; es un esfuerzo por deslindarnos de la política antinacional que tanto nos dañó; un impulso colectivo en favor de un país más justo, más democrático y más dueño de su destino. Un país que puede, mediante un procedimiento democrático y sin usar la violencia, hacer un ajuste de cuentas con los representantes de un pasado rapaz, violento y agresivo. Representa el paso de los mexicanos a la madurez política.


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