México tiene uno de los mas altos niveles de consumo per cápita de agua embotellada a nivel mundial (480 l al año). Este es un claro indicador de la desconfianza de la población hacia los servicios agua que recibe.
Leo Heller, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho Humano al Agua, menciona en su informe que los habitantes de varios lugares que visitó indicaron que se veían obligados a beber agua embotellada porque desconfiaban de la calidad del agua que recibían, lo cual impone una considerable carga financiera adicional a personas que a menudo son las que viven en las zonas más pobres y tienen los ingresos más bajos. El hecho de tener que depender de agua embotellada, claramente no es una forma de atender las obligaciones del país en relación con el derecho humano al agua, ya que menoscaba la necesaria accesibilidad y asequibilidad del abastecimiento de agua. Por si esto fuera poco, integrantes de las comunidades también plantearon ciertas inquietudes acerca de la calidad del agua embotellada y algunos reclamaron una regulación más estricta del sector.
México también es uno de los principales consumidores de refrescos del mundo. Esto también es en parte consecuencia de la desconfianza por la calidad del agua potable. Especialmente en las escuelas, esta desconfianza generó un importante crecimiento de la distribución de refrescos y ha contribuído a los niveles preocupantes de obesidad infantil que se tienen en el país. Una medida positiva fue la creación en 2014 de un impuesto sobre los refrescos, y con los ingresos obtenidos apoyar la instalación de fuentes de agua potable en las escuelas públicas. Esta iniciativa se ha venido implementando a través del programa de bebederos que ejecuta el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIFED) con la asesoría y asistencia técnica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y a partir de este año de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS). El Relator Especial en su informe alienta al Gobierno a velar por que este tipo de iniciativas se sigan ejecutando.
En este sentido, hay un entramado institucional que debe mejorar su funcionamiento:
La Secretaría de Salud tiene la responsabilidad general de vigilar la calidad del agua potable, y está obligada a fijar los niveles de calidad que deben cumplir los proveedores de esos servicios (a través de la NOM-127-SSA1-1994 principalmente).
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano regulador descentralizado de la Secretaría de Salud, con facultades desconcentradas en los estados y la CDMX, es responsable de verificar diversos aspectos relacionados con la salud, incluída la calidad del agua potable.
La Comisión Nacional del Agua también interviene en la tarea de asegurar la calidad de los recursos hídricos en virtud de la Ley de Aguas Nacionales, y proporciona fondos a los estados y los municipios para mejorar la calidad en el suministro de agua. También tiene una función de supervisión, en colaboración con otras autoridades estatales y municipales, para asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad federales, pero esa función está más orientada a la calidad de las fuentes de agua, y no tanto al agua potable.
Las Comisiones Estatales del Agua implementan, mediante convenio con la CONAGUA el Programa Agua Limpia, que tiene como objetivo ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano; lo hace principalmente a través de la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; el suministro y distribución eficiente de desinfectantes, así como la capacitación y adiestramiento de operadores.
Aunque estos esfuerzos han permitido avances importantes, el costo social de no contar con agua potable en nuestras casas es muy alto. Necesitamos avanzar en ese tema.
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