/ miércoles 6 de mayo de 2020

La amnistía, un avance político

Por las calles del país caminan muchas personas que han cometido delitos graves, y no reciben castigo de la autoridad (quienes matan mujeres o secuestran comerciantes, por ejemplo) en cambio, muchas gentes han sido recluidas por delitos menores, que no ameritan pena privativa de la libertad, y que básicamente son personas vulnerables que no han tenido recursos para defenderse ante tribunales.

∝En otras palabras: la autoridad castiga la pobreza, no el delito. En ese mundo encontramos a indígenas que no tuvieron un traductor para defenderse de las acusaciones que el ministerio público les formuló en español. O mujeres que abortaron sin saber que hacerlo no es delito, siempre y cuando lo hagan dentro de los parámetros que marca la ley, y por lo mismo lo hicieron en su casa, en deplorables condiciones de higiene.

También encontramos personas que se robaron un costal de papas, o un bulto de arroz, sin usar armas ni violencia en el intento. O pequeños traficantes o consumidores de drogas, generalmente manejados por alguien cercano. Y también pequeños productores campesinos que sembraron enervantes para ganar algo de dinero, lo que no obtienen de sus cosechas tradicionales.

Se calcula en más de 6 mil 500 personas que serán beneficiadas con la nueva ley de amnistía. Los requisitos son bien claros: Primero, que no sean reincidentes; segundo, que no hayan usado armas de fuego ni hayan causado lesiones o muertes; tercero, que un análisis de su situación social permita establecer con claridad que pertenecen a grupos vulnerables de la colectividad.

Es importante destacar que la Ley de Amnistía recién aprobada solo involucra a las personas acusadas de delitos federales. Y quedará incompleta mientras no se aplique a todas las personas privadas de la libertad en los penales del país. Es decir: la amnistíe será general hasta que leyes similares sean aprobadas por todos los congresos de los estados del país.

Otra de las limitantes de la nueva ley es que no se ha previsto un mecanismo de reinserción social de quienes reciban el beneficio de la amnistía. En principio, si son personas vulnerables, o pertenecen a grupos marginales, tendrán un grave problema para reintegrarse a su núcleo social.

La alimentación será sin duda uno de los problemas más graves: en algunas cárceles del país los reclusos dicen que “En la calle no hay árboles de marros, ni corren ríos de chanate”. Es decir, en las calles no hay bolillos en las ramas de los árboles, ni por las calles corren ríos de café.

En cierta forma, la cárcel proporciona un lugar donde dormir y algo de alimento a los presos por los delitos mencionados. Hay algunos prisioneros que se niegan a realizar sus trámites para obtener la libertad, porque en la realidad de sus colonias y pueblos no tienen forma de procurarse techo y comida.

Estamos hablando de una ley de amnistía para los pobres y marginados, para las capas más desprotegidas de la población, y que solo tendrá efectos positivos en la medida que los liberados encuentran pronto la manera de tener un empleo remunerado, lo cual les dará recursos para tener una vivienda y un plato de comida en su casa.

Los ricos no van a la cárcel porque tienen muchos medios de defensa. Los defraudadores del fisco, por ejemplo, tienen legiones de abogados muy relacionados con los jueces, de manera que obtienen amparo tras amparo, aunque sus delitos hayan causado grave daño a la nación.

En el país hay cerca de 200 mil personas privadas de su libertad, cifra que resulta de la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. Hay 477 establecimientos en total, de los cuales 330 son estatales, 103 municipales, 5 federales y 9 de la Ciudad de México. Los presos corresponden en un 26 por ciento al fuero federal, mientras el 74 por ciento son del fuero común.

De ellos, el 95 por ciento son hombres, y el resto mujeres. Prácticamente en todos se practica el autogobierno, mientras los penales están controlados por el crimen organizado en un 65 por ciento. Esto es, que el autogobierno es ejercido por el crimen organizado en los penales más importantes del país.

De ese mundo de opresión, miseria y terror serán liberadas las personas que reciban el beneficio de la amnistía.

Por las calles del país caminan muchas personas que han cometido delitos graves, y no reciben castigo de la autoridad (quienes matan mujeres o secuestran comerciantes, por ejemplo) en cambio, muchas gentes han sido recluidas por delitos menores, que no ameritan pena privativa de la libertad, y que básicamente son personas vulnerables que no han tenido recursos para defenderse ante tribunales.

∝En otras palabras: la autoridad castiga la pobreza, no el delito. En ese mundo encontramos a indígenas que no tuvieron un traductor para defenderse de las acusaciones que el ministerio público les formuló en español. O mujeres que abortaron sin saber que hacerlo no es delito, siempre y cuando lo hagan dentro de los parámetros que marca la ley, y por lo mismo lo hicieron en su casa, en deplorables condiciones de higiene.

También encontramos personas que se robaron un costal de papas, o un bulto de arroz, sin usar armas ni violencia en el intento. O pequeños traficantes o consumidores de drogas, generalmente manejados por alguien cercano. Y también pequeños productores campesinos que sembraron enervantes para ganar algo de dinero, lo que no obtienen de sus cosechas tradicionales.

Se calcula en más de 6 mil 500 personas que serán beneficiadas con la nueva ley de amnistía. Los requisitos son bien claros: Primero, que no sean reincidentes; segundo, que no hayan usado armas de fuego ni hayan causado lesiones o muertes; tercero, que un análisis de su situación social permita establecer con claridad que pertenecen a grupos vulnerables de la colectividad.

Es importante destacar que la Ley de Amnistía recién aprobada solo involucra a las personas acusadas de delitos federales. Y quedará incompleta mientras no se aplique a todas las personas privadas de la libertad en los penales del país. Es decir: la amnistíe será general hasta que leyes similares sean aprobadas por todos los congresos de los estados del país.

Otra de las limitantes de la nueva ley es que no se ha previsto un mecanismo de reinserción social de quienes reciban el beneficio de la amnistía. En principio, si son personas vulnerables, o pertenecen a grupos marginales, tendrán un grave problema para reintegrarse a su núcleo social.

La alimentación será sin duda uno de los problemas más graves: en algunas cárceles del país los reclusos dicen que “En la calle no hay árboles de marros, ni corren ríos de chanate”. Es decir, en las calles no hay bolillos en las ramas de los árboles, ni por las calles corren ríos de café.

En cierta forma, la cárcel proporciona un lugar donde dormir y algo de alimento a los presos por los delitos mencionados. Hay algunos prisioneros que se niegan a realizar sus trámites para obtener la libertad, porque en la realidad de sus colonias y pueblos no tienen forma de procurarse techo y comida.

Estamos hablando de una ley de amnistía para los pobres y marginados, para las capas más desprotegidas de la población, y que solo tendrá efectos positivos en la medida que los liberados encuentran pronto la manera de tener un empleo remunerado, lo cual les dará recursos para tener una vivienda y un plato de comida en su casa.

Los ricos no van a la cárcel porque tienen muchos medios de defensa. Los defraudadores del fisco, por ejemplo, tienen legiones de abogados muy relacionados con los jueces, de manera que obtienen amparo tras amparo, aunque sus delitos hayan causado grave daño a la nación.

En el país hay cerca de 200 mil personas privadas de su libertad, cifra que resulta de la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. Hay 477 establecimientos en total, de los cuales 330 son estatales, 103 municipales, 5 federales y 9 de la Ciudad de México. Los presos corresponden en un 26 por ciento al fuero federal, mientras el 74 por ciento son del fuero común.

De ellos, el 95 por ciento son hombres, y el resto mujeres. Prácticamente en todos se practica el autogobierno, mientras los penales están controlados por el crimen organizado en un 65 por ciento. Esto es, que el autogobierno es ejercido por el crimen organizado en los penales más importantes del país.

De ese mundo de opresión, miseria y terror serán liberadas las personas que reciban el beneficio de la amnistía.