Primero iban a ser 5, luego 6, al final quedó en 4 el número de legisladores que se sumarían a los 20 ya existentes para integrar, en caso de que la reforma constitucional libre la aduana de los cabildos, la próxima legislatura del Congreso del Estado. El hecho de que en cuatro días hayan ido de los 25 a los 24 pasando por los 26, llama la atención sobre la seriedad que habrían tenido los estudios realizados por los promoventes de la reforma, a saber el Partido Encuentro Social, para sostener el argumento de que era necesario ese número de legisladores. Lo cierto es que no hubo tal estudio según muestra la propia iniciativa que fue aprobada en la madrugada y que altera profundamente el sistema de representación de una sociedad cuya pluralidad ha sido evidente desde hace por lo menos dos décadas.
En un arrebato, se aprobó que el Congreso tenga 24 diputados, de los que habría 16 de mayoría y solamente ocho plurinominales, en una estructura que viola el derecho de los electores a ser representados proporcionalmente en cada legislatura.
Profundicemos con datos: en la elección del 2018, pese a los aparentemente arrolladores triunfos de la coalición integrada por Morena-PT-PES, ninguno de los diputados electos (lograron triunfos en todos los distritos) obtuvo el 45 por ciento de la votación válida; de hecho, ninguno llegó al 50 por ciento de la votación total. El fenómeno se ha presentado en las últimas elecciones, los diputados llegan a sus curules con el respaldo de entre el 30 y 40 por ciento en promedio de los electores, en efecto, son más quienes no votaron por ellos.
La coalición logró solo el 35% de la votación total para diputados, y sin embargo, se hizo del control del 60 por ciento de las curules. Una anomalía en el sistema que evidencia la necesidad de fortalecer los modelos de representación proporcional.
En un escenario similar al vivido en 2018 (una elección atípica, cierto, pero que ocurrió y por ello alerta aún más), un partido o coalición que obtuviera un promedio de 35 por ciento de la votación podría ganar todos los distritos de mayoría (en el caso de la reforma 16 de las 24 curules), es decir, controlaría el 66 por ciento del Congreso, dos terceras partes que sirven para hacer cualquier cambio jurídico sin el respaldo inicial (y probablemente tampoco el posterior) del 65 por ciento de los electores.
No se trata de un asunto poco relevante, supongamos que el segundo lugar en la contienda lograra una votación promedio del 20%, y entre el resto de los partidos se repartieran el 45% restante, alcanzando nueve de ellos el cinco por ciento de la votación. La legislación les permitiría acceder a un diputado a cada uno de ellos. Para empezar no habría curules suficientes, lo que marginaría a dos partidos de su derecho a acceder al Congreso (cada diputado, en un Congreso de 24, representa el 4.16% de la Legislatura), pero incluso el partido que hubiera obtenido el 20% de la votación tendría apenas el 4.16% de la representación. Lo mismo ocurriría, por cierto, si lograra el 30% de los votos y otros siete partidos tuvieran el 5 por ciento cada uno.
@martinellito
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