El consumo de alcohol y otras sustancias adictivas entre los jóvenes de Morelos ha alcanzado niveles de escándalo. No quisiéramos referirnos a las lamentables tradiciones que dejan a las universidades hechas un basurero de envases de embriagantes después de que los chamacos han atentado contra los que debieran ser sagrados símbolos de su Alma Máter, sino a una perspectiva mucho más genérica que nos permita ver el problema más allá de lo que debiera quedar como anécdota.
El aumento en el consumo de alcohol y drogas entre la juventud supera el 50 por ciento en los últimos años, de acuerdo con los datos que ofrecen autoridades sanitarias. Pero el enfoque cuantitativo sólo ofrece la dimensión del problema y no permite ver los factores que lo han propiciado: entre ellos, la facilidad de acceso a las sustancias, pero también el cambio de hábitos de la juventud y la falta de espacios para un entretenimiento sano.
Una de las consecuencias de la sociedad de confort en la que vivimos es la ausencia (admitida por los sujetos) de generadores de emociones, como las relaciones de pareja, la competencia en los deportes, la academia y el mundo laboral, y otras que requieren de pasión, compromiso, sacrificio, virtudes que hoy parecen excluidas del discurso juvenil. La necesidad de goce parece enfrentarse con reacciones desmedidas a estímulos menores (la aprobación en redes sociales, por ejemplo), y con el consumo indiscriminado de sustancias que produzcan en el cuerpo el efecto que tendrían los sentimientos. La anestesia sobre el espíritu que logra la sociedad de confort es también un factor para el aumento en el consumo de sustancias que resulta un factor innegable en la escalada de inseguridad y violencia en el estado.
El incremento en el consumo de sustancias adictivas ilegales se muestra lo mismo en hombres que en mujeres, y aunque es mayor en el género masculino, en el femenino casi se ha duplicado en los últimos años, lo que debiera encender alertas en tanto el aumento en el consumo y la demanda de sustancias ilegales favorece las actividades criminales y prácticamente imposibilita el combate de grupos cuya conducta violenta afecta a toda la sociedad.
Las políticas restrictivas para la venta de alcohol, y el cierre de los sitios donde se opera la misma de forma irregular (fenómeno que va frecuentemente acompañado de la venta de drogas ilegales), es un paso urgente, pero no puede concebirse aislado de un conjunto de políticas públicas que incidan sobre la necesidad (real o sentida) de los jóvenes por consumir esas sustancias. La dotación de espacios públicos de entretenimiento, la educación para la salud, la recuperación de valores humanos, y otras condiciones son indispensables para evitar que la restricción a la venta de sustancias dañinas a la salud se convierta en un estímulo para que la innegable demanda de éstas sea atendida por el mercado negro, que puede provocar una mayor inseguridad a la que hoy padecemos (en efecto, es posible).
El andar de los ayuntamientos en el control de los negocios de giro rojo no se ha acompañado de estímulos a empresarios del entretenimiento para otras actividades que interesen a la juventud; tampoco de la recuperación de espacios para jóvenes (tampoco para el resto de la sociedad). Los espacios lúdicos en las comunidades son indispensables y los ayuntamientos parecen incapaces de recuperarlos o crearlos al ritmo que las ciudades los requieren. Así, el plan para frenar los tugurios parece en extremo riesgoso y más derivado de un impulso que de un proyecto integral (que debe existir en algún lado). Sacar las conductas de riesgo de los antros para ubicarlas en las calles o plazas públicas parece una apuesta terrible. Mucho más debe hacerse, es urgente.
