¡La semana pasada hicimos historia en el Senado de la República! Aprobamos la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México, un dictamen presentado por nuestro presidente de la República, con el que se le reconoce al pueblo el poder legítimo de expresar su voluntad y formar parte de la toma de decisiones.
Esta consulta servirá para dar respaldo a las autoridades desde el pueblo, refrendando su voluntad y escuchando su voz. Para ello, vale la pena recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es Constitucional llevar a cabo esta consulta popular , con la que se recogerá la opinión de los mexicanos que, en términos reales, son los que han sufrido las consecuencias de las decisiones y de los actos cometidos por los expresidentes.
No obstante, en el debate parlamentario hubo una serie de descalificaciones (sin fundamentos) a este proceso democrático por parte de la oposición, bajo un falso argumento de que esta consulta no es de trascendencia nacional. ¿Cómo, los crímenes de los expresidentes no son de trascendencia nacional, qué hay del dolor causado a nuestras familias o la crisis en la que sumieron a México? Su indolencia hacia nuestra gente es vergonzosa. En 30 años de gobierno no se enjuició a ningún alto funcionario, no sería sorpresa que ahora busquen seguir con este patrón de impunidad.
Este es un asunto de justicia, de dignidad y de principios. No podemos continuar con la cadena de irresponsabilidades que se ha llevado a cabo a lo largo de las administraciones prianistas. Contrario a la oposición, nosotros no tenemos amnesia política ni pretendemos dar perdón a quienes hicieron daño a México. Ahora, que si las heridas causadas a la patria no vienen a la mente, aquí un breve recuento:
Durante el gobierno de Salinas de Gortari, los diputados del PRI y del PAN vendieron 250 empresas públicas al sector privado como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y Altos Hornos de México. También, se privatizó el servicio público de banca y crédito. Estas acciones beneficiaron únicamente a socios y amigos del presidente, quienes hoy son de los hombres más ricos del mundo.
En el mismo sexenio, se despojó a campesinos de sus tierras ejidales y comunales, dejando en el abandono al campo mexicano. Asimismo, se le entregó 6 millones 600 mil hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy estas mineras poseen 25 millones 386 mil 611 hectáreas, es decir, el 13% del territorio nacional.
Con Zedillo, la mafia del poder aprobó el Fobaproa y convirtió las deudas de empresarios y banqueros en deuda pública, que hoy asciende a 1 billón 300 mil millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600 mil millones de pesos sólo de intereses.
Con la llegada del PAN al poder, se cometió uno de los más grandes fraudes electorales contra Andrés Manuel López Obrador, se aumentó el IVA de 15 a 16%, se incrementó el impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz; y se dio inicio a una guerra fallida contra el narcotráfico que bañó de sangre a México.
Finalmente, en el gobierno de Peña Nieto se firmó el Pacto por México. Este tratado iba claramente en contra de los intereses del país, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos. También, en 2013 el PRI, PAN, PVEM y PANAL aprobaron la Reforma energética, que entregaba las ganancias del petróleo a empresas privadas.
Con este breve recuento histórico del daño que los expresidentes del PRIAN han causado a México, no debería caber duda de la importancia de enjuiciarlos; ni de que el pueblo, los principales afectados por estas administraciones abusivas y corruptas, debe ser parte central de este proceso.
Nadie puede quitarle al pueblo mexicano su poder legítimo de decidir, o menguar su derecho fundamental de expresar su voluntad y participar en esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México que, más que servidores de la nación, fueron traidores a la patria. Quienes dañaron al país deben pagar por sus crímenes, porque las víctimas del régimen prianista merecen y exigen que se les repare el daño. Porque el pueblo lo demanda ¡que se haga justicia!
Senadora por Morelos
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