/ viernes 28 de enero de 2022

Juicio político: la historia se repite

Corría el año de 1996 y los secuestros en Morelos estaban a la alza. Cada semana se sabía de un nuevo secuestro de algún amigo o conocido empresario de Cuernavaca, de Cuautla o de cualquier otra región de Morelos. Las bandas de secuestradores hacían del estado su territorio. Se sabía también que en el estado se habían asentado importantes jefes de los cárteles más importantes que operaban en el país; Amado Carrillo el señor de los cielos por ejemplo, vivía a sólo unas calles de la residencia oficial del gobierno del estado.

La sociedad se empezó a organizar. Hicimos marchas muy importantes como la del silencio; organizamos una consulta ciudadana para preguntar a la población si quería que el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea continuara en el cargo o no. La gente que votó lo hizo mayoritariamente por la salida del gobernador. Obviamente no era una consulta vinculante, pero sí tuvo el peso político y la resonancia suficiente para que en los Pinos voltearan a ver que estaba pasando en Morelos. Se presentó un juicio político en el Congreso del estado; un hecho histórico que se estuviera juzgando políticamente por primera vez a un gobernador. La mayoría del tribunal superior de justicia de la época desechó el juicio argumentando que el titular del ejecutivo no era sujeto a ese procedimiento, solo un magistrado se mantuvo firme y le costó la chamba. Finalmente la Suprema Corte determinó que el gobernador si es sujeto a juicio, el general fue sentenciado e inhabilitado por catorce años.

El gobernador Carrillo renunció a su cargo faltando dos años y cinco meses para terminar su mandato. Se había comprobado que desde el gobierno se protegían a los secuestradores, una complicidad que causó mucho daño y dolor a muchas familias morelenses.

Años más tarde, con la llegada de la alternancia a política, asume las riendas del estado un gobernador inexperto y comete un error estratégico que lo llevaría también al banquillo de los acusados bajo un juicio político bien sustentado que lo tuvo al borde del precipicio a no ser por el apoyo y la protección del secretario de gobernación y un ministro de la Corte afín a los colores partidistas del gobernador. Sergio Estrada Cajigal nombró como director de la policía judicial o de investigación de la entonces procuraduría de justicia del estado, a un personaje siniestro con antecedentes de torturador y vinculado a la delincuencia organizada. El gobernador Estrada se jactaba de decir que para que la cuña apriete debía ser del mismo palo, algunos diputados le advertimos que ese personaje le traería muchos problemas, incluso nombramos una comisión de diputados para investigar a dicho policía en el estado de Guerrrero; los resultados de esa comisión legislativa fueron alarmantes, y así se lo hicimos saber al gobernador. Pero pudo más la soberbia, el gobernador lejos de escuchar, se aferró a su decisión y le dio manga ancha al personaje para actuar en el estado. Las consecuencias fueron nefastas. El jefe de la policía judicial fue detenido por la SIEDO acusado de proteger y ayudar a la delincuencia para el trasiego de drogas en su paso por Morelos hacia la capital del país. A partir de entonces y hasta el final del gobierno, el gobernador Estrada estuvo en el banquillo de los acusados, con muy poca capacidad de maniobra aferrado a la silla de manera artificial.

Hoy en día nuevamente el gobernador estará sujeto a un juicio político por su presunta relación con delincuentes . La fotografía y toda la información que ha salido en los medios nacionales y en las redes ha generado la sospecha fundada de posibles pactos entre el gobierno del estado con la delincuencia.

Además el ex comisionado de seguridad pública ha presentado denuncia formal ante las instancias federales y serán éstas las que determinen la responsabilidad del jefe del ejecutivo.

Por tercera ocasión un gobernador de Morelos es sujeto a juicio político ante el Congreso por sus posibles vínculos con grupos delincuenciales. En los dos primeros casos hubo suficiente evidencia para llevar a juicio y posteriormente a prisión a funcionarios muy cercanos y de mucha confianza de dichos gobernadores.

En el caso del actual mandatario esto apenas empieza, es la primera vez que existen indicios tan comprometedores como las imágenes publicadas.

Veremos que tanto le cubre el manto protector y por cuanto tiempo se va a sostener el apoyo del centro.

Lo narrado en este espacio es apenas una pequeñísima muestra de los acontecimientos que hemos vivido en Morelos en los últimos 30 años.

Pero nunca como ahora habíamos estado tan vulnerables como ciudadanos ni habíamos escuchado declaraciones y explicaciones oficiales tan primitivas, cargadas de cinismo y de mentiras.

La historia ahora se repite, no como tragedia, no como farsa, simplemente es una catástrofe social y política. El estado de Morelos no puede caer más bajo.


Corría el año de 1996 y los secuestros en Morelos estaban a la alza. Cada semana se sabía de un nuevo secuestro de algún amigo o conocido empresario de Cuernavaca, de Cuautla o de cualquier otra región de Morelos. Las bandas de secuestradores hacían del estado su territorio. Se sabía también que en el estado se habían asentado importantes jefes de los cárteles más importantes que operaban en el país; Amado Carrillo el señor de los cielos por ejemplo, vivía a sólo unas calles de la residencia oficial del gobierno del estado.

La sociedad se empezó a organizar. Hicimos marchas muy importantes como la del silencio; organizamos una consulta ciudadana para preguntar a la población si quería que el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea continuara en el cargo o no. La gente que votó lo hizo mayoritariamente por la salida del gobernador. Obviamente no era una consulta vinculante, pero sí tuvo el peso político y la resonancia suficiente para que en los Pinos voltearan a ver que estaba pasando en Morelos. Se presentó un juicio político en el Congreso del estado; un hecho histórico que se estuviera juzgando políticamente por primera vez a un gobernador. La mayoría del tribunal superior de justicia de la época desechó el juicio argumentando que el titular del ejecutivo no era sujeto a ese procedimiento, solo un magistrado se mantuvo firme y le costó la chamba. Finalmente la Suprema Corte determinó que el gobernador si es sujeto a juicio, el general fue sentenciado e inhabilitado por catorce años.

El gobernador Carrillo renunció a su cargo faltando dos años y cinco meses para terminar su mandato. Se había comprobado que desde el gobierno se protegían a los secuestradores, una complicidad que causó mucho daño y dolor a muchas familias morelenses.

Años más tarde, con la llegada de la alternancia a política, asume las riendas del estado un gobernador inexperto y comete un error estratégico que lo llevaría también al banquillo de los acusados bajo un juicio político bien sustentado que lo tuvo al borde del precipicio a no ser por el apoyo y la protección del secretario de gobernación y un ministro de la Corte afín a los colores partidistas del gobernador. Sergio Estrada Cajigal nombró como director de la policía judicial o de investigación de la entonces procuraduría de justicia del estado, a un personaje siniestro con antecedentes de torturador y vinculado a la delincuencia organizada. El gobernador Estrada se jactaba de decir que para que la cuña apriete debía ser del mismo palo, algunos diputados le advertimos que ese personaje le traería muchos problemas, incluso nombramos una comisión de diputados para investigar a dicho policía en el estado de Guerrrero; los resultados de esa comisión legislativa fueron alarmantes, y así se lo hicimos saber al gobernador. Pero pudo más la soberbia, el gobernador lejos de escuchar, se aferró a su decisión y le dio manga ancha al personaje para actuar en el estado. Las consecuencias fueron nefastas. El jefe de la policía judicial fue detenido por la SIEDO acusado de proteger y ayudar a la delincuencia para el trasiego de drogas en su paso por Morelos hacia la capital del país. A partir de entonces y hasta el final del gobierno, el gobernador Estrada estuvo en el banquillo de los acusados, con muy poca capacidad de maniobra aferrado a la silla de manera artificial.

Hoy en día nuevamente el gobernador estará sujeto a un juicio político por su presunta relación con delincuentes . La fotografía y toda la información que ha salido en los medios nacionales y en las redes ha generado la sospecha fundada de posibles pactos entre el gobierno del estado con la delincuencia.

Además el ex comisionado de seguridad pública ha presentado denuncia formal ante las instancias federales y serán éstas las que determinen la responsabilidad del jefe del ejecutivo.

Por tercera ocasión un gobernador de Morelos es sujeto a juicio político ante el Congreso por sus posibles vínculos con grupos delincuenciales. En los dos primeros casos hubo suficiente evidencia para llevar a juicio y posteriormente a prisión a funcionarios muy cercanos y de mucha confianza de dichos gobernadores.

En el caso del actual mandatario esto apenas empieza, es la primera vez que existen indicios tan comprometedores como las imágenes publicadas.

Veremos que tanto le cubre el manto protector y por cuanto tiempo se va a sostener el apoyo del centro.

Lo narrado en este espacio es apenas una pequeñísima muestra de los acontecimientos que hemos vivido en Morelos en los últimos 30 años.

Pero nunca como ahora habíamos estado tan vulnerables como ciudadanos ni habíamos escuchado declaraciones y explicaciones oficiales tan primitivas, cargadas de cinismo y de mentiras.

La historia ahora se repite, no como tragedia, no como farsa, simplemente es una catástrofe social y política. El estado de Morelos no puede caer más bajo.


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