Brenda Valderrama

  / lunes 19 de agosto de 2019

Invertir en investigación es invertir en México

Es humano tener aspiraciones. No conozco a nadie que no anhele ser más próspero y gozar de mejores condiciones de vida. Eso ocurre también con los países y México no es la excepción.

Es por eso que los gobernantes en turno tienen como obligación estar atentos a lo que ocurre en otros países para detectar los casos de éxito, traducirlos a nuestras condiciones y cultura y así aprovechar esas experiencias.

Uno de esos casos de éxito es la economía del conocimiento, entendida como la implementación de prácticas industriales en las cuales el conocimiento se utiliza como materia prima para el desarrollo de negocios. Dos ejemplos cercanos donde novedosos sistemas informáticos generaron exitosas industrias: Netflix en la transmisión sobre demanda de contenidos para el entretenimiento y Uber para la explotación compartida del transporte privado.

Como mencioné en el párrafo anterior, la materia prima para esta nueva industria es el conocimiento y el conocimiento lo generan los investigadores científicos. Por lo tanto, los investigadores científicos deberían estar en el centro de atención de los gobiernos como la fuente de la economía del siglo XXI. Pero no basta con asegurar mediante financiamiento público la generación del conocimiento, es necesario que éste responda lo más atinada y rápidamente posible a las necesidades de la industria. Para lograr esto se deben acercar los dos sectores, establecer entre ellos una excelente comunicación y contar con las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para que el conocimiento generado por los científicos se transfiera a la industria para su explotación en forma de tecnología.

El estado mexicano ha identificado la transferencia de tecnología como una prioridad nacional desde 1985 cuando aparece la primera Ley de Ciencia y Tecnología, sin embargo ha sido lento y complicado desarrollar los instrumentos necesarios para su implementación. De hecho, el único programa de gobierno que estimulaba e incentivaba de manera explícita la vinculación academia-empresa para la transferencia de tecnología comenzó apenas en 2009 bajo el nombre de Programa de Estímulos a la Innovación PEI y estuvo en operación hasta 2018.

Durante estos 20 años se pudo documentar cerca de 5 mil empresa que llevaron a cabo proyectos de investigación aplicada en vinculación con universidades y centros públicos de investigación. La inversión total en ese periodo fue de 52 mil millones de pesos de la cual 27 mil 500 millones fue capital privado. Los sectores más innovadores en México fueron tecnologías de la información y comunicación, automotriz, alimentos, agroindustria y química. Este programa provocó la creación de más de 20 mil nuevos empleos para especialistas en innovación y la presentación de más de 4 mil 700 patentes.

La desaparición del programa afectará sin duda a toda la industria innovadora pero principalmente a las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos suficientes para instalar áreas propias de investigación y que dependían de la vinculación con científicos para acelerar sus desarrollos. Las grandes industrias encontrarán, solas o agrupadas por sector, nuevos mecanismos de inversión.

Un ejemplo de esta situación fue el anuncio realizado la semana pasada por la maestra Ana Longoria, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, de una nueva ronda de inversión de más de 40 mil millones de pesos para la realización de proyectos de investigación clínica en nuestro país por parte de las grandes farmacéuticas. Estos recursos se destinarán a probar bajo las más estrictas normas de ética médica la eficacia de nuevos medicamentos en la población mexicana entre los que destacan tratamientos para diferentes tipos de cáncer.

Que las grandes industrias inviertan en investigación es bueno. Que esta inversión sea capital extranjero es mejor. Sin embargo, dejar desprotegidas a las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica nacionales nos regresaría a un pasado marcado por la dependencia tecnológica del cual comenzábamos a separarnos. Esperamos que el gobierno de México desarrolle lo antes posible un programa que sustituya al PEI, preservando lo que funcionó correctamente y mejorando sus deficiencias, satisfaciendo así una legítima aspiración de la industria nacional e beneficio de toda la sociedad.


Información adicional de éste y otros temas de interés: http://reivindicandoapluton.blogspot.mx

Es humano tener aspiraciones. No conozco a nadie que no anhele ser más próspero y gozar de mejores condiciones de vida. Eso ocurre también con los países y México no es la excepción.

Es por eso que los gobernantes en turno tienen como obligación estar atentos a lo que ocurre en otros países para detectar los casos de éxito, traducirlos a nuestras condiciones y cultura y así aprovechar esas experiencias.

Uno de esos casos de éxito es la economía del conocimiento, entendida como la implementación de prácticas industriales en las cuales el conocimiento se utiliza como materia prima para el desarrollo de negocios. Dos ejemplos cercanos donde novedosos sistemas informáticos generaron exitosas industrias: Netflix en la transmisión sobre demanda de contenidos para el entretenimiento y Uber para la explotación compartida del transporte privado.

Como mencioné en el párrafo anterior, la materia prima para esta nueva industria es el conocimiento y el conocimiento lo generan los investigadores científicos. Por lo tanto, los investigadores científicos deberían estar en el centro de atención de los gobiernos como la fuente de la economía del siglo XXI. Pero no basta con asegurar mediante financiamiento público la generación del conocimiento, es necesario que éste responda lo más atinada y rápidamente posible a las necesidades de la industria. Para lograr esto se deben acercar los dos sectores, establecer entre ellos una excelente comunicación y contar con las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para que el conocimiento generado por los científicos se transfiera a la industria para su explotación en forma de tecnología.

El estado mexicano ha identificado la transferencia de tecnología como una prioridad nacional desde 1985 cuando aparece la primera Ley de Ciencia y Tecnología, sin embargo ha sido lento y complicado desarrollar los instrumentos necesarios para su implementación. De hecho, el único programa de gobierno que estimulaba e incentivaba de manera explícita la vinculación academia-empresa para la transferencia de tecnología comenzó apenas en 2009 bajo el nombre de Programa de Estímulos a la Innovación PEI y estuvo en operación hasta 2018.

Durante estos 20 años se pudo documentar cerca de 5 mil empresa que llevaron a cabo proyectos de investigación aplicada en vinculación con universidades y centros públicos de investigación. La inversión total en ese periodo fue de 52 mil millones de pesos de la cual 27 mil 500 millones fue capital privado. Los sectores más innovadores en México fueron tecnologías de la información y comunicación, automotriz, alimentos, agroindustria y química. Este programa provocó la creación de más de 20 mil nuevos empleos para especialistas en innovación y la presentación de más de 4 mil 700 patentes.

La desaparición del programa afectará sin duda a toda la industria innovadora pero principalmente a las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos suficientes para instalar áreas propias de investigación y que dependían de la vinculación con científicos para acelerar sus desarrollos. Las grandes industrias encontrarán, solas o agrupadas por sector, nuevos mecanismos de inversión.

Un ejemplo de esta situación fue el anuncio realizado la semana pasada por la maestra Ana Longoria, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, de una nueva ronda de inversión de más de 40 mil millones de pesos para la realización de proyectos de investigación clínica en nuestro país por parte de las grandes farmacéuticas. Estos recursos se destinarán a probar bajo las más estrictas normas de ética médica la eficacia de nuevos medicamentos en la población mexicana entre los que destacan tratamientos para diferentes tipos de cáncer.

Que las grandes industrias inviertan en investigación es bueno. Que esta inversión sea capital extranjero es mejor. Sin embargo, dejar desprotegidas a las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica nacionales nos regresaría a un pasado marcado por la dependencia tecnológica del cual comenzábamos a separarnos. Esperamos que el gobierno de México desarrolle lo antes posible un programa que sustituya al PEI, preservando lo que funcionó correctamente y mejorando sus deficiencias, satisfaciendo así una legítima aspiración de la industria nacional e beneficio de toda la sociedad.


Información adicional de éste y otros temas de interés: http://reivindicandoapluton.blogspot.mx

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