Los políticos son muy dados a decir que una de las principales causas que originan la inseguridad es la pobreza. Es común escuchar que la falta de recursos lleva a las personas a que cometan delitos para obtener dinero y que de otra manera no lo podrían conseguir. Sin embargo, los datos no son contundentes en esta lógica.
Si fuera el caso, tendríamos a la mitad de la población cometiendo delitos por esta condición de acuerdo con la reciente publicación de pobreza de Coneval. Evidentemente esto no ocurre, porque la inseguridad y la violencia no tienen explicaciones unívocas; y tampoco relaciones causales simplistas que se expliquen desde la pobreza.
Lo ocurrido en Juárez, Tamaulipas, Tijuana, Acapulco o en otras partes del país debería servirnos en Morelos para mejorar nuestra seguridad. La actual coyuntura nos obliga a conocer la experiencia de Celaya, lugar donde se ha recrudecido la violencia desde que comenzó el combate al huachicol en Santa Rosa de Lima. Celaya no es una localidad en situación de pobreza, ya que se caracteriza por ser parte de un importante polo industrial y los delitos cometidos tampoco dan indicios de estar vinculados con personas pobres.
La pobreza en Celaya no es causante de las extorsiones, muertes, cobro de piso, robos a casas, personas y negocios, violaciones, y desapariciones sin importar que se trate de mujeres, niños o personas adultas, entre otros. Los expertos en seguridad observan lógicas de operación tipo empresarial, organizada, con objetivos territoriales y que se adapta en la búsqueda de nuevos ingresos distintos al robo de combustible.
Para Morelos, los datos de incidencia delictiva que ofrece el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos indican que entre 2018 y 2019 existe un claro aumento delictivo: en los homicidios dolosos y con arma de fuego, en los delitos de extorsión, las lesiones dolosas, las amenazas y el narcomenudeo. Y al mes de agosto, ligeramente similar al año pasado, los delitos de robo a casa habitación, a vehículo, transeúnte y a los negocios.
Ahora bien, si vemos estos seis delitos de manera acumulada: durante estos dos años hemos tenido más de 30 mil impactos en la vida social y la tranquilidad del Estado. El delito de extorsión ha tenido casi 10 mil casos; igual que los robos, 10 mil. Vamos en poco más de los 1 mil por homicidio doloso; y cerca de 6 mil por amenazas. Estos delitos han hecho que al igual como ocurre en Celaya, en Morelos también se cierren negocios, que la gente no quiera salir a lugares públicos y que aumente la percepción de que la inseguridad avanza sin límites.
El problema de fondo es que hay vacíos, omisión e impunidad institucional. Hasta ahora, la ayuda federal ha sido temporal o aislada, y no constituye ninguna solución. Si volteamos a ver el caso de Michoacán, nada se resuelve cuando las autoridades municipales se declaran incompetentes para contrarrestar la fuerza de la delincuencia o promoviendo el resurgimiento de las autodefensas. No se trata de reproducir enfoques de guerra ni generalizar las autodefensas en el país, pero debe haber cambios en la estrategia de seguridad porque simplemente la actual no está funcionando.
Morelos lleva 2 años con aumento de la inseguridad y violencia registrada oficialmente, pero no podemos olvidar que también hay delitos que no se denuncian o que no dan inicio a una averiguación previa o carpeta de investigación, cuya “cifra negra” en la entidad fue del 94 por ciento (ENVIPE 2019). Insisto, deberíamos dimensionar el tamaño del problema de la inseguridad.
No es desde la pobreza donde se encuentra la solución. Con estas cifras parece que hay un mensaje de la delincuencia a las instituciones muy claro: no hay tregua y háganle como quieran.
Twitter / Facebook: @CzarArenas
.jpg "Diseño sin título (94).jpg")
