De las bellezas de cualquier mercado destaca la libertad del consumidor para elegir, de entre varias opciones, aquella que mejor satisface sus necesidades. Nadie obliga al consumidor a adquirir un producto determinado (si lo hace incurre en malas prácticas sancionadas en casi todas las naciones).
Idealmente, el mercado electoral es igual, el ciudadano puede escoger libremente de entre un número determinado de opciones, en algunas democracias entre dos y tres, en otras incluso decenas. En términos ideales, en México también se sanciona la compra y coacción del voto, lo que en términos más o menos generales mantiene un sistema equilibrado con algunos problemas aún no resueltos (el asunto del inequitativo financiamiento a las fuerzas políticas significa una desventaja de antemano para los partidos emergentes, por ejemplo). Pero en general, podríamos decir que los electores son quienes deciden qué partidos se mantienen en la oferta política y cuáles tendrían que cerrar.
El exceso de partidos políticos resulta eventualmente oneroso para cualquier sistema democrático, pero la facilidad con que se pueden obtener los registros condicionados garantiza, por otro lado, que prácticamente cualquier grupo representativo de la sociedad pueda hacer política desde las instituciones que la ley determina para ello: un bien que suele tener muchos efectos negativos que al final no sobrepasan lo justo que resulta tener una sociedad con libre acceso a la actividad política.
En efecto, el lector puede pensar que en muchos partidos políticos, si se quiere en la mayoría, hay gente que no merecería gobernar ni una granja de hormigas (que por otra parte sería un trabajo muy aburrido), y que postulan a personas que tampoco merecerían la más remota atención de los electores, lo que entonces se hace es no votar por ellos y esperar que la percepción individual sea similar a la de muchos otros para que estos candidatos pierdan y esos partidos pierdan el registro.
Entonces resulta curiosa la virulencia con que muchos medios y personajes de la política atacan a los partidos políticos, tanto nuevos como antiguos, con una aparente intención de negarles su derecho a participar abiertamente en la política. Curiosa postura porque a final de cuentas pareciera ignorar que los políticos difícilmente saben hacer algo más, por lo que es obvio que una vez desplazados de una alternativa política busquen otra salida, como el agua o las hormigas. En efecto, si los ex diputados locales, ex funcionarios municipales, ex priistas, ex perredistas, ex morenos, o cualquier político tiene interés y mantiene a salvo sus derechos políticos, puede reunirse con otros para organizar un partido político y sólo los electores pueden decidir si logra el poder, la influencia o por lo menos el registro, o regresa al cementerio de las intentonas.
Probablemente sin descalificaciones previas los ciudadanos y los partidos podrían entablar un diálogo político que construya una agenda política de soluciones para el próximo período electoral. En cualquier otro escenario estamos condenados a repetir los errores del voto vengativo.
@martinellito
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