/ martes 25 de enero de 2022

Historias de horror para aprender

Si la ya demasiado larga historia de insultos y denuncias jurídicas entre funcionarios y ex funcionarios, termina siendo útil para algo más que enrarecer el de por sí terrible ambiente de la política en Morelos, tendría que ofrecer certezas sobre los orígenes y las circunstancias actuales que operan sobre la incapacidad del gobierno para atender y resolver los problemas más elementales del estado: seguridad pública, derechos humanos, desarrollo económico, protección del medio ambiente, bienestar ciudadano, etcétera.

Porque lo que hasta ahora hemos visto han sido intercambios de epítetos que parecieran ocultar las verdaderas historias de terror que resultan de las imágenes de más o menos encumbrados políticos con gente de dudosa reputación, puede ser que algunas de las historias sean ciertas, y otras sólo tejidos de propaganda que aprovechan el interés de ciertos públicos por el conspiracionismo; y por supuesto que la gente suele tomar partido por los epítetos y quienes los endilgan, pero prácticamente nadie parece dispuesto a revisar las historias y más específicamente, los hechos en que se envuelven.

Cierto que ni el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, pero tampoco el ex comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el ex gobernador, Graco Ramírez, ni el conjunto de alcaldes y legisladores locales y federales, tienen la confianza suficiente para que los morelenses crean todo lo que dicen; pero poco ayuda el atacar al emisor cuando las historias que han referido merecen ser investigadas a fondo en aras de lo que representan para la política estatal y lo que podrían explicar sobre la operación de un estado que ha sido secuestrado por toda clase de corruptelas.

Como una curva fractal, cada una de las historias que se cuenta parece estar compuesta por otras historias que dan una profundidad extraordinaria a la narrativa de la política morelense y sus vínculos sospechosos. La realidad que envuelven esas historias podría dar luz a muchas de las cosas desconcertantes que suelen ocurrir en Morelos y pasan, pero van mucho más allá, del fenómeno de la postulación de candidatos y los procesos en los que resultan electos. Encontrar las verdades en esos asuntos, podría generar el conocimiento suficiente para evitar que se repitan.

Y requisito indispensable para que la colección de escándalos nos enseñe algo más que todo lo que sabemos de la descomposición política que en Morelos empezó hace por lo menos 25 años, es que se revisen los hechos. La descalificación a priori del contenido a partir de quienes lo dan a conocer rompe cualquier posibilidad de aprendizaje sobre los hechos y contribuye a un partisanismo que en poco ayuda a la construcción del Morelos que queremos y necesitamos.

* * *

La violencia es intolerable en cualquiera de sus formas, pero más cuando se comete contra los medios y su personal alentada y permitida por los poderes legales o fácticos, porque entonces atenta directamente contra la democracia y el desarrollo de las comunidades y naciones. No se trata sólo de decir ya basta a la violencia contra los periodistas, urge también garantizar justicia, paz y libertad con todo lo que ello implica para nuestro ejercicio, que hoy es un riesgo mayor.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Si la ya demasiado larga historia de insultos y denuncias jurídicas entre funcionarios y ex funcionarios, termina siendo útil para algo más que enrarecer el de por sí terrible ambiente de la política en Morelos, tendría que ofrecer certezas sobre los orígenes y las circunstancias actuales que operan sobre la incapacidad del gobierno para atender y resolver los problemas más elementales del estado: seguridad pública, derechos humanos, desarrollo económico, protección del medio ambiente, bienestar ciudadano, etcétera.

Porque lo que hasta ahora hemos visto han sido intercambios de epítetos que parecieran ocultar las verdaderas historias de terror que resultan de las imágenes de más o menos encumbrados políticos con gente de dudosa reputación, puede ser que algunas de las historias sean ciertas, y otras sólo tejidos de propaganda que aprovechan el interés de ciertos públicos por el conspiracionismo; y por supuesto que la gente suele tomar partido por los epítetos y quienes los endilgan, pero prácticamente nadie parece dispuesto a revisar las historias y más específicamente, los hechos en que se envuelven.

Cierto que ni el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, pero tampoco el ex comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el ex gobernador, Graco Ramírez, ni el conjunto de alcaldes y legisladores locales y federales, tienen la confianza suficiente para que los morelenses crean todo lo que dicen; pero poco ayuda el atacar al emisor cuando las historias que han referido merecen ser investigadas a fondo en aras de lo que representan para la política estatal y lo que podrían explicar sobre la operación de un estado que ha sido secuestrado por toda clase de corruptelas.

Como una curva fractal, cada una de las historias que se cuenta parece estar compuesta por otras historias que dan una profundidad extraordinaria a la narrativa de la política morelense y sus vínculos sospechosos. La realidad que envuelven esas historias podría dar luz a muchas de las cosas desconcertantes que suelen ocurrir en Morelos y pasan, pero van mucho más allá, del fenómeno de la postulación de candidatos y los procesos en los que resultan electos. Encontrar las verdades en esos asuntos, podría generar el conocimiento suficiente para evitar que se repitan.

Y requisito indispensable para que la colección de escándalos nos enseñe algo más que todo lo que sabemos de la descomposición política que en Morelos empezó hace por lo menos 25 años, es que se revisen los hechos. La descalificación a priori del contenido a partir de quienes lo dan a conocer rompe cualquier posibilidad de aprendizaje sobre los hechos y contribuye a un partisanismo que en poco ayuda a la construcción del Morelos que queremos y necesitamos.

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La violencia es intolerable en cualquiera de sus formas, pero más cuando se comete contra los medios y su personal alentada y permitida por los poderes legales o fácticos, porque entonces atenta directamente contra la democracia y el desarrollo de las comunidades y naciones. No se trata sólo de decir ya basta a la violencia contra los periodistas, urge también garantizar justicia, paz y libertad con todo lo que ello implica para nuestro ejercicio, que hoy es un riesgo mayor.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx