César Arenas

  / jueves 14 de febrero de 2019

¿Habrá nueva postura fiscal en la 4T?

Desde la crisis financiera de los noventas, las autoridades económicas del país decidieron poner en marcha una postura fiscal más restrictiva, como forma de apoyar el programa de estabilización macroeconómica. Coadyuvar en la estabilización y el abatimiento de la inflación fueron los dos objetivos primarios que debía desempeñar la política fiscal coordinadamente con la política monetaria.

En ese entonces, con un sistema financiero colapsado y ante la nula disponibilidad de recursos, el primer objetivo intermedio de la política fiscal consistió en aumentar el ahorro público, como una estrategia para fomentar su componente interno.

Para elevar el ahorro público, las autoridades económicas mantuvieron el gasto en estricta disciplina, eliminando parte las necesidades de bienes o servicios, contrayendo el gasto programable y ajustando el gasto de inversión física y financiera del gobierno federal cuando ha sido necesario; asimismo, han incrementado sus ingresos vendiendo activos o modificando la legislación para elevar la recaudación fiscal, alentar el ahorro y tratar de reducir la vulnerabilidad que se tiene con respecto a los ingresos petroleros.

Esta visión ortodoxa de controlar fiscalmente la economía se ha mantenido hasta ahora, porque se ha considerado que no hay condiciones económicas ni sociales que justifiquen un aumento extraordinario del gasto público deficitario, razón por la cual sostienen la decisión de procurar finanzas públicas equilibradas y eliminar el déficit inercial de las finanzas públicas. Ni siquiera durante la última crisis financiera en 2008 se logró modificar radicalmente esta posición.

Con el primer presupuesto federal, la 4T dio continuidad a esta postura en su primer año de gobierno usando el mismo marco de referencia: estricta disciplina y austeridad fiscal; aunque con la distinción de que en esta ocasión, la austeridad también alcanzó a los trabajadores en sus salarios y prestaciones. El problema de fondo es que parece que las autoridades económicas no alcanzar a dimensionar las repercusiones de la austeridad en un contexto internacional de desaceleración e incertidumbre, debido a las guerras comerciales desatadas durante la era Trump, que siempre terminan por afectar los ingresos de las empresas y de los trabajadores.

Para algunos economistas como Arturo Huerta González, el gobierno debería asumir una posición fiscal en función de “su impacto en la actividad económica, y no respecto al balance fiscal y el monto y la relación de endeudamiento (…), ya que la austeridad fiscal y la pobreza franciscana no se justifican (La Jornada de Oriente, 12 de febrero).”

En las últimas semanas se han presentado noticias nacionales que están generando distintas presiones sobre las expectativas económicas; por un lado, el alza salarial en distintas empresas ubicadas en estados de la frontera que puede conventirse en una escalada de precios, si no viene acompañado con una estrategia de aumento de la productividad que sostenga en el tiempo los nuevos salarios.

Por otra parte, los recientemente ventilados problemas en la devolución del IVA en la frontera ha provocado que un trámite administrativo sea la causa de cierre de muchas empresas por motivos financieros, al eliminar su flujo de efectivo; y donde los créditos bancarios y comisiones no son necesariamente una opción sana.

Recordemos además que, en años anteriores han existido contradicciones en las decisiones fiscales. Por un lado se deciden aumentar o crear impuestos y por el otro lado, se ha permitido a las empresas generar cuantiosos adeudos o compensaciones fiscales a su favor. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el adeudo fiscal de las grandes empresas al 2018 había alcanzando la cantidad de 186 mil mdp; y considerando el resto de las empresas (pequeñas, medianas, etc.), la cifra rebasa los 747 mil mdp (El Universal, 12 de febrero).

Seguramente estos datos y el contexto económico presente darán forma a la nueva postura fiscal de la 4T en este año. Además, contará con información del Censo Económico 2019 que recientemente se ha comenzado a levantar y cuyos resultados ofrecerán una fotografía actualizada de la capacidad productiva del país.

Mientras esto ocurre a nivel nacional e internacional, en Morelos no estaría de más adelantar procesos y orientar estrategias a partir de la información disponible sobre los indicadores de inversión, empleo, salarios, productividad y gasto público.

Desde la crisis financiera de los noventas, las autoridades económicas del país decidieron poner en marcha una postura fiscal más restrictiva, como forma de apoyar el programa de estabilización macroeconómica. Coadyuvar en la estabilización y el abatimiento de la inflación fueron los dos objetivos primarios que debía desempeñar la política fiscal coordinadamente con la política monetaria.

En ese entonces, con un sistema financiero colapsado y ante la nula disponibilidad de recursos, el primer objetivo intermedio de la política fiscal consistió en aumentar el ahorro público, como una estrategia para fomentar su componente interno.

Para elevar el ahorro público, las autoridades económicas mantuvieron el gasto en estricta disciplina, eliminando parte las necesidades de bienes o servicios, contrayendo el gasto programable y ajustando el gasto de inversión física y financiera del gobierno federal cuando ha sido necesario; asimismo, han incrementado sus ingresos vendiendo activos o modificando la legislación para elevar la recaudación fiscal, alentar el ahorro y tratar de reducir la vulnerabilidad que se tiene con respecto a los ingresos petroleros.

Esta visión ortodoxa de controlar fiscalmente la economía se ha mantenido hasta ahora, porque se ha considerado que no hay condiciones económicas ni sociales que justifiquen un aumento extraordinario del gasto público deficitario, razón por la cual sostienen la decisión de procurar finanzas públicas equilibradas y eliminar el déficit inercial de las finanzas públicas. Ni siquiera durante la última crisis financiera en 2008 se logró modificar radicalmente esta posición.

Con el primer presupuesto federal, la 4T dio continuidad a esta postura en su primer año de gobierno usando el mismo marco de referencia: estricta disciplina y austeridad fiscal; aunque con la distinción de que en esta ocasión, la austeridad también alcanzó a los trabajadores en sus salarios y prestaciones. El problema de fondo es que parece que las autoridades económicas no alcanzar a dimensionar las repercusiones de la austeridad en un contexto internacional de desaceleración e incertidumbre, debido a las guerras comerciales desatadas durante la era Trump, que siempre terminan por afectar los ingresos de las empresas y de los trabajadores.

Para algunos economistas como Arturo Huerta González, el gobierno debería asumir una posición fiscal en función de “su impacto en la actividad económica, y no respecto al balance fiscal y el monto y la relación de endeudamiento (…), ya que la austeridad fiscal y la pobreza franciscana no se justifican (La Jornada de Oriente, 12 de febrero).”

En las últimas semanas se han presentado noticias nacionales que están generando distintas presiones sobre las expectativas económicas; por un lado, el alza salarial en distintas empresas ubicadas en estados de la frontera que puede conventirse en una escalada de precios, si no viene acompañado con una estrategia de aumento de la productividad que sostenga en el tiempo los nuevos salarios.

Por otra parte, los recientemente ventilados problemas en la devolución del IVA en la frontera ha provocado que un trámite administrativo sea la causa de cierre de muchas empresas por motivos financieros, al eliminar su flujo de efectivo; y donde los créditos bancarios y comisiones no son necesariamente una opción sana.

Recordemos además que, en años anteriores han existido contradicciones en las decisiones fiscales. Por un lado se deciden aumentar o crear impuestos y por el otro lado, se ha permitido a las empresas generar cuantiosos adeudos o compensaciones fiscales a su favor. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el adeudo fiscal de las grandes empresas al 2018 había alcanzando la cantidad de 186 mil mdp; y considerando el resto de las empresas (pequeñas, medianas, etc.), la cifra rebasa los 747 mil mdp (El Universal, 12 de febrero).

Seguramente estos datos y el contexto económico presente darán forma a la nueva postura fiscal de la 4T en este año. Además, contará con información del Censo Económico 2019 que recientemente se ha comenzado a levantar y cuyos resultados ofrecerán una fotografía actualizada de la capacidad productiva del país.

Mientras esto ocurre a nivel nacional e internacional, en Morelos no estaría de más adelantar procesos y orientar estrategias a partir de la información disponible sobre los indicadores de inversión, empleo, salarios, productividad y gasto público.

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