En medio de un ambiente político enrarecido por la inseguridad y la sospecha sobre políticos, dos cosas relevantes ocurrieron hoy. La primera, de una sonoridad importante, fue la condena unánime de actores políticos locales y federales del asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López Palacio, que incluyó el anuncio de la Secretaría de Gobernación en torno a revisar la situación de seguridad en el estado para en su caso enviar refuerzos federales.
Las reacciones fueron bastante obvias y en términos reales no implican, por lo menos de inicio, un cambio importante en las condiciones del estado. Lo cierto es que el asesinato del alcalde, lamentabilísimo y de una gravedad extraordinaria, no representa en términos sociales más que un síntoma de la crisis de seguridad pública que padece el estado desde hace varios años, agravada por cierto durante la actual administración. El refuerzo en la seguridad pública con elementos federales, podría paliar un poco el problema, pero mientras el gobierno estatal y los municipios mantengan una estrategia fallida para enfrentar los delitos, el problema no se solucionará.
El segundo hecho ocurrió al mediodía, cuando los diputados de oposición en la LV Legislatura entregaron a las fiscalías General de la República y Anticorrupción del estado la solicitud de información o de inicio de investigación sobre el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y su probable vínculo con presuntos jefes de grupos delictivos (a la Fiscalía General del Estado se le había solicitado la información desde el cinco de enero). No se trata sólo de satisfacer algún tipo de curiosidad morbosa, por cierto; si las investigaciones que el Congreso solicita finalmente arrojan alguna luz sobre conductas delictivas del gobernador u otros funcionarios públicos, el Legislativo estará obligado a iniciar el procedimiento de juicio político en contra del mandatario, como el diputado Julio César Solís (de Movimiento Ciudadano) ha adelantado es intención de no pocos legisladores en el Congreso.
El artículo 134 de la Constitución de Morelos, establece que “Al Gobernador sólo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante Juicio Político, por violación expresa y calificada como grave a esta Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana y por delitos graves del orden común”, y aunque es obvio que la escandalosa fotografía del mandatario con sujetos de dudosa reputación no constituye por sí misma una causal, lo cierto es que los hechos que podrían haber llevado a la misma podrían serlo.
Si los reportes de las investigaciones de las fiscalías arrojan alguna irregularidad perseguible por la vía del juicio político, bastaría la mayoría absoluta de los diputados (50% más uno) para que el mismo fuera incoado, de acuerdo a la constitución vigente. El bloque opositor junta suficientes votos. sin embargo, para que ello ocurra hace falta mucho por andar y primero está el que las investigaciones solicitadas arrojen alguna responsabilidad del gobernador, en cuyo caso, el impacto sería tal que la menor de las preocupaciones de los morelenses sería cuántos votos tienen para formar causa al gobernador en el Congreso.
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