/ martes 3 de agosto de 2021

Ganó el sí de la consulta, pero no es vinculante

En medio de la mayor confusión por la poca publicidad, una pregunta difusa y el escaso número de casillas, en todo el país se realizó la consulta popular el pasado 1 de agosto, en la cual los votos en favor de que se juzgue a los expresidentes por los delitos cometidos durante su encargo recibió más del 97 por ciento, con solo una pequeña cantidad en contra.

El tema es de la mayor actualidad política. El pueblo mexicano fue saqueado, oprimido y acribillado durante más de 30 años que duró el régimen neoliberal, empezando con Carlos Salinas (1988-1994) y terminando con el gobierno de Enrique Peña Nieto (2018-2024) e incluye los periodos de los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

Hechos tan graves ocurrieron durante esos sexenios como la privatización masiva de empresas, la represión de Acteal y el Fobaproa con Zedillo; La violación masiva de derechos humanos durante la represión de Atenco; el fraude del 2006 y la guerra contra el narco de Calderón; la nueva privatización y la masacre de Iguala con Peña Nieto. Hechos que impactaron con gran fuerza la conciencia del país.

En 2018 un nuevo régimen fue instaurado mediante la votación masiva en favor del candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. En esta nueva etapa se trata de sustituir el viejo régimen autoritario por uno nuevo, democrático, pluriclasista, que vele por los intereses de la población, y por lo mismo se requiere hacer una revisión de las responsabilidades de los expresidentes, para lo cual se deben hacer las investigaciones del caso y aplicar los castigos a que haya lugar.

En el caso de la consulta, quedó muy clara la voluntad de la sociedad en favor de juzgar a los responsables de tantos delitos, y se ha manifestado de diversas formas, pero al quedar en manos de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) se echó todo a perder. El INE tiene un aparato tan costoso como incapaz de aplicar los métodos de la democracia directa, y en sus manos todo se fue convirtiendo en un embrollo, hasta que finalmente se obtuvieron los resultados que hoy conocemos.

La ley exige que por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral voten en un sentido determinado para que su resultado sea vinculante, o sea que se convierta en un mandato del pueblo a las autoridades judiciales para que su voluntad se aplique. El padrón electoral tiene más de 90 millones de ciudadanos inscritos, por lo que la votación requerida era de al menos 37 millones de votantes.

La simple suma de factores nos revela el fondo de la maniobra del INE: hay que comparar los resultados de la consulta con los de las pasadas elecciones del 6 de junio. En aquellos comicios los partidos obtuvieron en total unos 45 millones de votos, es decir, poco más de la mitad del listado nominal. Pero en aquella ocasión se instalaron más de 150 mil casillas que recibieron y procesaron la totalidad de los sufragios populares.

En cambio, para recibir una cantidad muy similar de votos en la consulta, solo se instalaron 50 mil casillas el 1 de agosto, muchas de las cuales estaban en sitios escondidos, sobre lugares muy lejanos y con pocas facilidades para el acceso. En pocas palabras: el INE buscó dificultar desde su planeación, el acceso de los ciudadanos al voto. Se puede observar que fue una consulta manipulada por la entidad convocante, el INE, con el fin de contener a los votantes y disuadirlos de acudir en masa a los centros de votación.

Las cifras son las siguientes: sumando los votos obtenidos por todos los partidos el 6 de junio, nos arrojan en total poco más de 45 millones de sufragios, suficientes para conseguir el porcentaje de más de 50 puntos de la lista nominal. Es decir: en cada casilla federal del 6 de junio fueron depositados 300 votos en promedio, durante las 10 horas que duró el ejercicio.

Pues bien: el 1 de agosto, el INE instaló sola una pequeña parte de las casillas, arguyendo razones de presupuesto. Por lo mismo, para obtener un número de votos muy similar, el órgano electoral solo instaló 50 mil casillas, la tercera parte de las que operaron durante las elecciones federales. Por lo mismo, para obtener los cerca de 40 millones de votos necesarios para que la consulta resultara vinculante, se necesitaba depositar unos 800 votos por casilla, lo que resulta francamente ridículo y desproporcionado, tomando en cuenta la ausencia de publicidad, la escasa promoción, las carencias de material, etc.

En la consulta solo se gastaron unos 500 millones de pesos, por parte del INE, mientras que en la elección federal se gastaron oficialmente decenas de miles de millones –publicidad, despensas, transportes—sumando los presupuestos de los partidos políticos así como del propio aparato del INE.

En otras palabras: la falta de participación mostrada por la población en general en relación con la consulta se debió a problemas muy concretos, derivados de la falta de voluntad política de los funcionarios del INE, quienes una vez más demostraron que pertenecen al viejo aparato político basado en el reparto de cuotas entre los partidos.

Dime quien organiza las elecciones y te diré el resultado. Porque no gana el que más votos obtiene, sino el que los cuenta. En el caso del triunfo del obradorismo en las elecciones de 2018 y 2021, se puede considerar que fueron depositados en contra y a pesar de los designios del INE, por lo que la coalición de izquierda pudo finalmente superarlos y lograr la victoria.

En condiciones de falta de impulso, carencia de casillas, nula promoción y desinterés por el evento, volvió a triunfar el aparato electoral del viejo régimen. Ese aparato fue derrotado en 2018 y 2021 pero aún sigue vivo y actuante. Lo cual demuestra que, a partir del 1 de agosto, se ha convertido en una de las prioridades políticas del pueblo mexicano el poner fin al reinado de los elementos contrarios a la democracia popular, o sea es necesario que desaparezca el actual Consejo General del INE, oneroso, corrupto y tramposo.

La consulta del 1 de agosto también demuestra que la vanguardia del cambio social está constituida, por lo menos, por 7 millones de ciudadanos progresistas. Como expresó el diputado Gerardo Fernández Noroña, esos 7 millones “constituyen el núcleo duro” de la conciencia democrática y revolucionaria del país.

La tarea que tenemos por delante es hacer que ese número de ciudadanos vaya aumentando; que cada día se incorporen a la lucha por la democracia nuevas capas de la población. Y también se requiere de nuevos contingentes de la clase obrera y de los campesinos, para que impulsen los procesos de cambio que tienen lugar en el país.

En medio de la mayor confusión por la poca publicidad, una pregunta difusa y el escaso número de casillas, en todo el país se realizó la consulta popular el pasado 1 de agosto, en la cual los votos en favor de que se juzgue a los expresidentes por los delitos cometidos durante su encargo recibió más del 97 por ciento, con solo una pequeña cantidad en contra.

El tema es de la mayor actualidad política. El pueblo mexicano fue saqueado, oprimido y acribillado durante más de 30 años que duró el régimen neoliberal, empezando con Carlos Salinas (1988-1994) y terminando con el gobierno de Enrique Peña Nieto (2018-2024) e incluye los periodos de los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

Hechos tan graves ocurrieron durante esos sexenios como la privatización masiva de empresas, la represión de Acteal y el Fobaproa con Zedillo; La violación masiva de derechos humanos durante la represión de Atenco; el fraude del 2006 y la guerra contra el narco de Calderón; la nueva privatización y la masacre de Iguala con Peña Nieto. Hechos que impactaron con gran fuerza la conciencia del país.

En 2018 un nuevo régimen fue instaurado mediante la votación masiva en favor del candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. En esta nueva etapa se trata de sustituir el viejo régimen autoritario por uno nuevo, democrático, pluriclasista, que vele por los intereses de la población, y por lo mismo se requiere hacer una revisión de las responsabilidades de los expresidentes, para lo cual se deben hacer las investigaciones del caso y aplicar los castigos a que haya lugar.

En el caso de la consulta, quedó muy clara la voluntad de la sociedad en favor de juzgar a los responsables de tantos delitos, y se ha manifestado de diversas formas, pero al quedar en manos de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) se echó todo a perder. El INE tiene un aparato tan costoso como incapaz de aplicar los métodos de la democracia directa, y en sus manos todo se fue convirtiendo en un embrollo, hasta que finalmente se obtuvieron los resultados que hoy conocemos.

La ley exige que por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral voten en un sentido determinado para que su resultado sea vinculante, o sea que se convierta en un mandato del pueblo a las autoridades judiciales para que su voluntad se aplique. El padrón electoral tiene más de 90 millones de ciudadanos inscritos, por lo que la votación requerida era de al menos 37 millones de votantes.

La simple suma de factores nos revela el fondo de la maniobra del INE: hay que comparar los resultados de la consulta con los de las pasadas elecciones del 6 de junio. En aquellos comicios los partidos obtuvieron en total unos 45 millones de votos, es decir, poco más de la mitad del listado nominal. Pero en aquella ocasión se instalaron más de 150 mil casillas que recibieron y procesaron la totalidad de los sufragios populares.

En cambio, para recibir una cantidad muy similar de votos en la consulta, solo se instalaron 50 mil casillas el 1 de agosto, muchas de las cuales estaban en sitios escondidos, sobre lugares muy lejanos y con pocas facilidades para el acceso. En pocas palabras: el INE buscó dificultar desde su planeación, el acceso de los ciudadanos al voto. Se puede observar que fue una consulta manipulada por la entidad convocante, el INE, con el fin de contener a los votantes y disuadirlos de acudir en masa a los centros de votación.

Las cifras son las siguientes: sumando los votos obtenidos por todos los partidos el 6 de junio, nos arrojan en total poco más de 45 millones de sufragios, suficientes para conseguir el porcentaje de más de 50 puntos de la lista nominal. Es decir: en cada casilla federal del 6 de junio fueron depositados 300 votos en promedio, durante las 10 horas que duró el ejercicio.

Pues bien: el 1 de agosto, el INE instaló sola una pequeña parte de las casillas, arguyendo razones de presupuesto. Por lo mismo, para obtener un número de votos muy similar, el órgano electoral solo instaló 50 mil casillas, la tercera parte de las que operaron durante las elecciones federales. Por lo mismo, para obtener los cerca de 40 millones de votos necesarios para que la consulta resultara vinculante, se necesitaba depositar unos 800 votos por casilla, lo que resulta francamente ridículo y desproporcionado, tomando en cuenta la ausencia de publicidad, la escasa promoción, las carencias de material, etc.

En la consulta solo se gastaron unos 500 millones de pesos, por parte del INE, mientras que en la elección federal se gastaron oficialmente decenas de miles de millones –publicidad, despensas, transportes—sumando los presupuestos de los partidos políticos así como del propio aparato del INE.

En otras palabras: la falta de participación mostrada por la población en general en relación con la consulta se debió a problemas muy concretos, derivados de la falta de voluntad política de los funcionarios del INE, quienes una vez más demostraron que pertenecen al viejo aparato político basado en el reparto de cuotas entre los partidos.

Dime quien organiza las elecciones y te diré el resultado. Porque no gana el que más votos obtiene, sino el que los cuenta. En el caso del triunfo del obradorismo en las elecciones de 2018 y 2021, se puede considerar que fueron depositados en contra y a pesar de los designios del INE, por lo que la coalición de izquierda pudo finalmente superarlos y lograr la victoria.

En condiciones de falta de impulso, carencia de casillas, nula promoción y desinterés por el evento, volvió a triunfar el aparato electoral del viejo régimen. Ese aparato fue derrotado en 2018 y 2021 pero aún sigue vivo y actuante. Lo cual demuestra que, a partir del 1 de agosto, se ha convertido en una de las prioridades políticas del pueblo mexicano el poner fin al reinado de los elementos contrarios a la democracia popular, o sea es necesario que desaparezca el actual Consejo General del INE, oneroso, corrupto y tramposo.

La consulta del 1 de agosto también demuestra que la vanguardia del cambio social está constituida, por lo menos, por 7 millones de ciudadanos progresistas. Como expresó el diputado Gerardo Fernández Noroña, esos 7 millones “constituyen el núcleo duro” de la conciencia democrática y revolucionaria del país.

La tarea que tenemos por delante es hacer que ese número de ciudadanos vaya aumentando; que cada día se incorporen a la lucha por la democracia nuevas capas de la población. Y también se requiere de nuevos contingentes de la clase obrera y de los campesinos, para que impulsen los procesos de cambio que tienen lugar en el país.

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