Además de todos los asociados a su condición de vulnerabilidad, las mujeres violentadas en Morelos padecen de la parálisis en los órganos gubernamentales que deberían estar dispuestos a ayudarlas para prevenir, frenar y sancionar la violencia en su contra que se ejerce en múltiples modalidades. Las infamias cometidas por sujetos individuales, son repetidas en el orden institucional con una frecuencia barbárica. El dolor de las mujeres violentadas, aliviado apenas con los primeros respondientes (el Instituto de la Mujer y los centros de atención a mujeres maltratadas han demostrado una extraordinaria eficiencia en ello), se recrudece en largas jornadas de trámites entre abogados abusivos; autoridades de seguridad ineficientes, impreparadas, insuficientes; juzgados lentos, corruptos, o de plano sin perspectiva alguna de género o siquiera de empatía con las víctimas; mientras ellas siguen expuestas a los violentadores.
Tendríamos que reconocer que el reto no está en el diseño de las políticas de atención a las mujeres y de prevención de todas las formas de violencia en su contra; sino en la aplicación de las mismas. La autonomía del Instituto de la Mujer y la conducción que el equipo de Flor Dessiré León Hernández, ha funcionado para lograr un diagnóstico bastante puntual de las formas en que las mujeres son marginadas y violentadas en el estado; a partir de ello, se han logrado diseñar políticas de atención a la situación de las mujeres en Morelos. Los primeros respondientes especializados, el Instituto de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil que atienden centros de atención para mujeres violentadas, hacen un trabajo digno de reconocimiento; el problema es que, de esa etapa al final de la travesía, los obstáculos son muchos más que los tolerables y explicables en la lenta burocracia morelense.
El rezago en atención a las mujeres, igual que otros de políticas públicas, tiene más de dos décadas. Los notorios avances en los últimos años, gracias más a la organización y presión de las mujeres que a una política gubernamental, han creado una suerte de isla de aire puro y modernidad en medio de un sistema que se rehúsa a cambiar. Se integraron órganos y acciones políticas de vanguardia, Instituto de la Mujer, acciones afirmativas, paridad sustantiva, en medio de un sistema político que mantiene formas del siglo pasado. La sociedad evolucionó y con ella los órganos creados o promovidos por la ciudadanía, un instituto de la mujer autónomo es una de las muestras, el problema es que el sistema político y el jurídico siguen en el pasado. Así, frente a las nuevas cuestiones que deben atender, se quedan muy cortos con sus antiguos formatos. Peor aún es la falta de voluntad evidente en los órganos de poder para atender efectivamente los temas de mujeres en el estado. Tampoco ayuda el escaso reconocimiento que desde el gobierno federal se ha dado a los problemas de género en el país y en las propias estructuras oficiales; y mucho menos la inacción de muchos municipios. Si a este escenario sumamos el incremento de la proclividad social a la violencia de cualquier tipo, es urgente que todos hagamos acelerar la evolución de los órganos de gobierno.
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