/ lunes 9 de septiembre de 2019

Fiscalía ineficiente…

No se trata de defender a nadie, porque a los ciudadanos nadie defiende; pero el problema de la inseguridad en Morelos seguramente podría abatirse mucho si la probabilidad de esclarecer un delito fuera mayor del 1.2%; y si el índice de impunidad para el homicidio doloso no se ubicara en el 99.4%, el más alto del país. Las cifras no son nuestras, sino de la organización Impunidad Cero que se dedica, entre otras cosas, a estudiar la efectividad de las instituciones de procuración de justicia. De acuerdo con los datos, si bien se percibe una mejora en el índice de efectividad respecto de el estudio de 2018, se mantienen altos índices de impunidad, un número bajo de carpetas de investigación vinculadas a proceso, un alto número de procesos en los que no se ejerce acción penal, un registro elevado de casos de incompetencia, y la bajísima probabilidad de esclarecimiento de los delitos que, en el caso de los homicidios dolosos, alcanza apenas el 0.6%.

Con esos datos, las acciones de prevención del crimen son prácticamente inútiles. La herencia de crímenes e impunidad que la administración anterior dejó a la actual, incluidos los funcionarios responsables de la procuración de justicia, por cierto, resulta evidente en la inefectividad de las acciones policiales de prevención y las puestas a disposición de criminales atrapados en flagrancia que difícilmente serán castigados conforme marca la ley.

Los proyectos estatal y nacional de pacificación, dependen en gran medida de que las instituciones de procuración de justicia funcionen como verdaderas inhibidoras del crimen a través de la efectividad en las funciones que les han sido encargadas; lo que no está ocurriendo, ni por asomo, en el caso de la Fiscalía General de Morelos. En efecto, la ampliación de los beneficiarios jóvenes de programas sociales, la dotación de apoyos a micro y pequeñas empresas, los programas de fomento al empleo, el refuerzo en políticas sociales que se han anunciado como parte de esta estrategia de construcción de la paz son insuficientes; igual que la presencia de la Guardia Nacional y las estrategias policíacas de seguridad pública, si la Fiscalía, por las razones que sea, es incapaz de cumplir con su encomienda.

La incomodidad que produce en los poderes Ejecutivo y Legislativo la presencia del Fiscal General, Uriel Carmona, deriva no sólo del hecho de que fue propuesto y nombrado por la administración de Graco Ramírez y la LIII Legislatura, hundidos en el lodo del desprestigio; sino también por la evidente falta de resultados, parte herencia y parte incapacidad. Parte del problema, y es la justificación constante de la Fiscalía es la falta de recursos; en comparación con sus similares en el resto del país, la de Morelos es la quinta con menores recursos asignados per cápita, un factor asociado a la probabilidad del esclarecimiento de los delitos porque en términos muy elementales significa qué tanto dinero se puede asignar a cada investigación. Sin embargo, las fiscalías de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, tres de las cuatro entidades que reciben menos presupuesto per cápita, tienen tasas de impunidad en homicidio doloso más bajas que Morelos (en el caso de Puebla y Tlaxcala el índice es menor, incluso que la media nacional), no es gran consuelo para esas entidades, por cierto, ya que su tasa de impunidad es también superior al 80 por ciento, lo que resulta insostenible.

Acabar con la impunidad en delitos de alto impacto es una misión fundamental para las fiscalías y es la mayor contribución que pueden hacer a la estrategia de pacificación. La idea de impunidad casi total en los crímenes que más lesionan a la sociedad hace que los llamados al orden a los delincuentes parezcan ridículos.

Urge que la Fiscalía General de Morelos cambie, es parte vital de la estrategia de pacificación. Si alguien debe irse, tendría que hacerlo ya.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

No se trata de defender a nadie, porque a los ciudadanos nadie defiende; pero el problema de la inseguridad en Morelos seguramente podría abatirse mucho si la probabilidad de esclarecer un delito fuera mayor del 1.2%; y si el índice de impunidad para el homicidio doloso no se ubicara en el 99.4%, el más alto del país. Las cifras no son nuestras, sino de la organización Impunidad Cero que se dedica, entre otras cosas, a estudiar la efectividad de las instituciones de procuración de justicia. De acuerdo con los datos, si bien se percibe una mejora en el índice de efectividad respecto de el estudio de 2018, se mantienen altos índices de impunidad, un número bajo de carpetas de investigación vinculadas a proceso, un alto número de procesos en los que no se ejerce acción penal, un registro elevado de casos de incompetencia, y la bajísima probabilidad de esclarecimiento de los delitos que, en el caso de los homicidios dolosos, alcanza apenas el 0.6%.

Con esos datos, las acciones de prevención del crimen son prácticamente inútiles. La herencia de crímenes e impunidad que la administración anterior dejó a la actual, incluidos los funcionarios responsables de la procuración de justicia, por cierto, resulta evidente en la inefectividad de las acciones policiales de prevención y las puestas a disposición de criminales atrapados en flagrancia que difícilmente serán castigados conforme marca la ley.

Los proyectos estatal y nacional de pacificación, dependen en gran medida de que las instituciones de procuración de justicia funcionen como verdaderas inhibidoras del crimen a través de la efectividad en las funciones que les han sido encargadas; lo que no está ocurriendo, ni por asomo, en el caso de la Fiscalía General de Morelos. En efecto, la ampliación de los beneficiarios jóvenes de programas sociales, la dotación de apoyos a micro y pequeñas empresas, los programas de fomento al empleo, el refuerzo en políticas sociales que se han anunciado como parte de esta estrategia de construcción de la paz son insuficientes; igual que la presencia de la Guardia Nacional y las estrategias policíacas de seguridad pública, si la Fiscalía, por las razones que sea, es incapaz de cumplir con su encomienda.

La incomodidad que produce en los poderes Ejecutivo y Legislativo la presencia del Fiscal General, Uriel Carmona, deriva no sólo del hecho de que fue propuesto y nombrado por la administración de Graco Ramírez y la LIII Legislatura, hundidos en el lodo del desprestigio; sino también por la evidente falta de resultados, parte herencia y parte incapacidad. Parte del problema, y es la justificación constante de la Fiscalía es la falta de recursos; en comparación con sus similares en el resto del país, la de Morelos es la quinta con menores recursos asignados per cápita, un factor asociado a la probabilidad del esclarecimiento de los delitos porque en términos muy elementales significa qué tanto dinero se puede asignar a cada investigación. Sin embargo, las fiscalías de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, tres de las cuatro entidades que reciben menos presupuesto per cápita, tienen tasas de impunidad en homicidio doloso más bajas que Morelos (en el caso de Puebla y Tlaxcala el índice es menor, incluso que la media nacional), no es gran consuelo para esas entidades, por cierto, ya que su tasa de impunidad es también superior al 80 por ciento, lo que resulta insostenible.

Acabar con la impunidad en delitos de alto impacto es una misión fundamental para las fiscalías y es la mayor contribución que pueden hacer a la estrategia de pacificación. La idea de impunidad casi total en los crímenes que más lesionan a la sociedad hace que los llamados al orden a los delincuentes parezcan ridículos.

Urge que la Fiscalía General de Morelos cambie, es parte vital de la estrategia de pacificación. Si alguien debe irse, tendría que hacerlo ya.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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