Por más que se le acuse, la Fiscalía Anticorrupción no parece ser un instrumento de protección de ex funcionarios, mucho menos después del berrinche que hizo el titular del órgano persecutor, Juan Salazar Núñez, cuando se enteró que el ex alcalde de Jiutepec, al que le decían Manolo, no sería vinculado a proceso por el uso indebido de los recursos de predial anticipado del municipio de Jiutepec, que sirvieron para ahondar la crisis que vivió durante todo su primer año (y aún no acaba de librar) su sucesor, Rafael Reyes Reyes.
El coraje fue tamaño “pues voy a investigar a los jueces sospechosos de corrupción”, y la pauta se la dio el presidente López Obrador en una frasecilla de su matutina conferencia de prensa. Así que, un envalentonado fiscal advirtió dos cosas, primero que la no vinculación obsequiada por el juez no es una declaratoria de inocencia, por lo que el proceso contra el ex alcalde por ese delito puede continuar; y que investigará a los jueces sospechosos de corrupción, que, hasta donde él mismo entiende, son los menos.
Por lo pronto, pareciera que hay dos en la mira, el de la causa de marras, y otro que usó su influencia para liberarse de la responsabilidad en un hecho de tránsito: esos, y los que se acumulen por dudosas determinaciones. Y la que zafó temporalmente al ex alcalde de su responsabilidad es, por lo menos, sumamente cuestionable, en tanto la ley prohíbe explícitamente el uso de los recursos que el municipio obtiene como cobros anticipados, hasta el año que se supondría el cobro, es decir, los de 2019 tendrían que usarse hasta ese año, y así. Según los alegatos de la fiscalía, todo eso se acreditó plenamente, pero el juez determinó que no había materia para la vinculación a proceso.
Otro tema que parecía menos sencillo, sí resultó en la vinculación de Manolo a otro proceso judicial. Resulta que el ex alcalde habría pagado con recursos públicos una y otra y otra (hasta sumar doce veces), el uso de un terreno propiedad de su familia, para usar como corralón municipal. El predio tenía una tarifa superior a los 58 pesos mensuales, y esos pagos eran hechos a través de un tercero al que, ingenuamente se pretendió hacer pasar como usufructuario gratuito. Uno no es experto, pero pareciera que es mucho más difícil probar esa conducta que la otra, de la que hay expediente tras expediente acreditados por la comuna jiutepequense y por la fiscalía de Salazar Núñez. Es decir, parece que las carpetas de investigación no están tan mal integradas como se presume, sino que habría una interpretación bastante libre y cuestionable del juzgador.
Por lo pronto, pareciera que el enojo justificado del fiscal puede conducir a algo bueno, la revisión de las actuaciones de jueces cuyas determinaciones son, por lo menos bastante rebatibles. Lamentable sería que las indagatorias fueran sólo dirigida a quienes le han dado reveses a la fiscalía anticorrupción, y no contra los que, reiteradamente, han dado en liberar a presuntos delincuentes; porque si bien es cierto que las fiscalías no siempre aciertan, tampoco parece creíble que se equivoquen siempre.
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