Las cruces rosas de diferentes tamaños clavadas en un baldío de una colonia de la fronteriza Ciudad Juárez, en Chihuahua, a mil 600 kilómetros de distancia de Cuernavaca, dan cuenta de una realidad presente desde hace 30 años y que no cesa: la del feminicidio.
En 1993 se hicieron públicos los primeros casos en aquella ciudad que se convertiría en un referente nacional de la violencia feminicida. Hubo detenidos, reforzamiento policial, pero los crímenes no cesaron. A la fecha se estiman en más de 2 mil 300.
La diferencia comenzó a gestarse desde la ciudadanía organizada. Agrupaciones feministas pusieron en el centro de atención las agresiones y las convirtieron en una urgencia de política pública. Demostraron que la buena voluntad no es suficiente para enfrentar las atroces violencias feminicidas, como tampoco se puede centrar la erradicación de las agresiones únicamente en la seguridad pública y la invasión policial de las calles.
Atender los orígenes de la violencia, actuar con inteligencia policial y un trabajo coordinado interinstitucional, sin celos ni trabas, es un modelo que revela cambios sustanciales en la seguridad pública, probado en ciudades como la de México, donde la incidencia en delitos de alto impacto es cercana al 60% en un trienio.
Los feminicidios son, en una inmensa mayoría, resultado de una acendrada cultura machista que invisibiliza y normaliza la violencia de género y sobre la cual es urgente, como ciudadanía progresista, deconstruir las estructuras que la sustentan.
Sorprende y preocupa, por ejemplo, la normalidad con la que, en algunos lugares y algunos momentos, se asumen los feminicidios o desapariciones de mujeres, y cómo es necesaria la acción ciudadana para activar la reacción institucional.
La desaparición y muerte de Debanhi, en Escobedo, Nuevo León, movilizó a la ciudadanía y empujó a la autoridad —aún rebasada en la resolución convincente de lo ocurrido a la joven de 18 años— que en el transcurso de la investigación localizó a otras cinco mujeres desaparecidas, de quienes nada se había dicho.
Hoy, Morelos está ubicada como la entidad con mayor tasa en feminicidios, con 0.84 por cada 100 mil mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al primer trimestre de este año. Una deuda pendiente del gobierno estatal y la Fiscalía.
Contrasta el caso de Jojutla. En 2017 el municipio formaba parte de los 100 con mayor tasa en el país. Ahora, en los últimos tres años no han registrado feminicidios. La razón: articulación entre diversas autoridades municipales y organismos civiles para atender y prevenir la violencia de género.
Voluntad contra el crimen, con total certeza, siempre hay. Aunque no siempre es suficiente.
