/ jueves 30 de septiembre de 2021

Estrategia y linchamientos

Nada justifica los excesos que toman las turbas; aunque hay explicaciones evidentes del origen de los linchamientos en los que, dice el erradísimo lugar común “los pueblos toman justicia por propia mano”. Con niveles de impunidad que rondan el 99%, la percepción ciudadana es de una casi completa indefensión. La acción de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia no genera confianza entre la población y esto lo reconocen las autoridades municipales, estatales y federales.

Después del cuadragésimo linchamiento desde 1998 en el estado (el 31 de julio de 2018 en Tetela del Volcán), en marzo de 2019, el comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, presentó el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Casos de Linchamiento en el Estado de Morelos, una guía que pretende orientar las acciones de autoridades de seguridad de todos los niveles para enfrentar las enardecidas turbas que preceden los linchamientos. El documento trata de explicar también las razones de los linchamientos y orientar incluso las acciones de autoridad posteriores a eventos del tipo.

Es decir, el gobierno estatal sabe y tiene herramientas, por lo menos teóricas, para enfrentar los estallidos de multitudes contra presuntos delincuentes. En los hechos la realidad es diferente. De acuerdo con lo que dice el propio secretario de Gobierno, quien asumió la responsabilidad del operativo que no pudo evitar la violencia extrema en Huitzilac, había pocos elementos respondientes al inicio de los hechos, lo que volvió imposible la aplicación del protocolo que, entre otras cosas, supone la integración de tres círculos para acordonar los perímetros y evitar que la violencia escale.

Los hechos de Huitzilac, dice la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, evidencian la peor crisis de seguridad en la entidad desde que se tiene memoria. Y probablemente así es, porque la falla en todo lo que podía haber salido mal fue fatal: pocos elementos, poblado de difícil acceso, escasa coordinación entre autoridades, población enardecida por hechos delincuenciales previos sin sanción, etcétera. Pero los hechos y la idea de crisis no debe distraernos ni modificar el nombre a lo que ocurrió, un doble homicidio cometido por un grupo que actuó como una turba frente a la inacción de las autoridades de seguridad pública.

Eufemísticamente podría decirse que se trata de una experiencia para posteriores actuaciones, lo que resulta el peor de los lugares comunes, aún si los asesinados tenían, como dice el secretario Pablo Ojeda, antecedentes penales. Mal haría el Estado en conformarse con la idea de excluir a alguien de la acción de la justicia por sus antecedentes. Mucho peor si los indicadores de impunidad y los hechos violentos como el del miércoles, no sirven para reconocer la falla sistémica en la estrategia de seguridad pública y empieza a corregirse.

Alguien preguntó a Pablo Ojeda si estaría dispuesto a renunciar después de lo ocurrido, el secretario de gobierno dejó la decisión a Cuauhtémoc Blanco. Pero la destitución arreglaría muy poco, el problema es de sistema, de estrategia, de operatividad.

“Nos apegamos a su estrategia de seguridad”, dijo el gobernador al presidente.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Nada justifica los excesos que toman las turbas; aunque hay explicaciones evidentes del origen de los linchamientos en los que, dice el erradísimo lugar común “los pueblos toman justicia por propia mano”. Con niveles de impunidad que rondan el 99%, la percepción ciudadana es de una casi completa indefensión. La acción de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia no genera confianza entre la población y esto lo reconocen las autoridades municipales, estatales y federales.

Después del cuadragésimo linchamiento desde 1998 en el estado (el 31 de julio de 2018 en Tetela del Volcán), en marzo de 2019, el comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, presentó el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Casos de Linchamiento en el Estado de Morelos, una guía que pretende orientar las acciones de autoridades de seguridad de todos los niveles para enfrentar las enardecidas turbas que preceden los linchamientos. El documento trata de explicar también las razones de los linchamientos y orientar incluso las acciones de autoridad posteriores a eventos del tipo.

Es decir, el gobierno estatal sabe y tiene herramientas, por lo menos teóricas, para enfrentar los estallidos de multitudes contra presuntos delincuentes. En los hechos la realidad es diferente. De acuerdo con lo que dice el propio secretario de Gobierno, quien asumió la responsabilidad del operativo que no pudo evitar la violencia extrema en Huitzilac, había pocos elementos respondientes al inicio de los hechos, lo que volvió imposible la aplicación del protocolo que, entre otras cosas, supone la integración de tres círculos para acordonar los perímetros y evitar que la violencia escale.

Los hechos de Huitzilac, dice la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, evidencian la peor crisis de seguridad en la entidad desde que se tiene memoria. Y probablemente así es, porque la falla en todo lo que podía haber salido mal fue fatal: pocos elementos, poblado de difícil acceso, escasa coordinación entre autoridades, población enardecida por hechos delincuenciales previos sin sanción, etcétera. Pero los hechos y la idea de crisis no debe distraernos ni modificar el nombre a lo que ocurrió, un doble homicidio cometido por un grupo que actuó como una turba frente a la inacción de las autoridades de seguridad pública.

Eufemísticamente podría decirse que se trata de una experiencia para posteriores actuaciones, lo que resulta el peor de los lugares comunes, aún si los asesinados tenían, como dice el secretario Pablo Ojeda, antecedentes penales. Mal haría el Estado en conformarse con la idea de excluir a alguien de la acción de la justicia por sus antecedentes. Mucho peor si los indicadores de impunidad y los hechos violentos como el del miércoles, no sirven para reconocer la falla sistémica en la estrategia de seguridad pública y empieza a corregirse.

Alguien preguntó a Pablo Ojeda si estaría dispuesto a renunciar después de lo ocurrido, el secretario de gobierno dejó la decisión a Cuauhtémoc Blanco. Pero la destitución arreglaría muy poco, el problema es de sistema, de estrategia, de operatividad.

“Nos apegamos a su estrategia de seguridad”, dijo el gobernador al presidente.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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