Durante el mes de septiembre, dedicaré mis colaboraciones a los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, a sus familiares y amigos. Insistimos como muchos que, sin verdad y justicia no puede haber ni perdón ni olvido.
Guerrero es uno de los estados históricamente más pobres y uno de los más violentos del país desde hace muchas décadas. Diversos diagnósticos han dado cuenta de su situación desde distintos enfoques, pero subrayo tres aspectos que quisiera recuperar por permitirnos tener una aproximación de las causas estructurales del problema.
El primer aspecto, es el papel que juegan las empresas mineras. Jaime Martínez Veloz ha sido muy acucioso en señalar como la actividad extractiva no sólo es una actividad económica, sino también una actividad que ejerce poder político y termina coludida con el crimen organizado para mantener y ampliar sus intereses a costa de la población. Ayotzinapa es una localidad que tiene una de las minas más importantes del país a unos cuantos kilómetros de distancia y de Iguala, el centro joyero comercial por excelencia.
Un segundo aspecto, es el alcance que ha tenido la siembra de marihuana y amapola sólo comparable con el principal país productor del mundo, Afganistán. Ante la ausencia de oportunidades de desarrollo, para salir de la pobreza muchas personas deciden migrar o dedicarse a los cultivos ilegales para poder mantener a sus familias. Muchas historias de jóvenes productores de amapola, han encontrado en las escuelas normales, como la de Ayotzinapa, una oportunidad para romper con el círculo de pobreza.
Y el tercer aspecto es el papel de las fuerzas de seguridad. Los hermanos Grecko presentaron en 2015 un valioso documental llamado “Mirar morir”. La reconstrucción de los hechos sobre el papel de las policías locales y el ejército durante la noche de Iguala deja muchos cuestionamientos sobre la verdad histórica oficial. Además, resulta contundente que siendo Guerrero el estado más militarizado del país desde la guerra sucia, y a pesar de tener una región militar, no hayan podido intervenir.
Institucionalmente, los funcionarios federales salientes nos han dicho que el Estado pasó de la declaración de “guerra” a una estrategia de “inteligencia”; pero por más intentos, las cifras demuestran que no pudo controlar la violencia que dicen fue heredada. Ante la generalización de los niveles de violencia en todo el país, la realidad ya no puede seguirse negando.
En Iguala, el Estado falló porque ninguna autoridad pudo ofrecer seguridad, paz ni tampoco justicia a los ciudadanos. Sigue fallando porque ha negado la posibilidad de construir la verdad y hacer justicia. Por eso, el actual proceso de diálogo nacional para construir ambientes de pacificación, debe recuperar las capacidades del Estado, comenzando con un ejercicio de rendición de cuentas.
En alguna ocasión, el próximo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acusó públicamente la existencia de una red de corrupción y complicidad de funcionarios que permiten la impunidad y vulneran la reputación de las instituciones públicas. En breve, tendrá la oportunidad de cambiar las promesas con hechos. Para los familiares y amigos de los desaparecidos, la esperanza sigue latente mientras no haya una respuesta satisfactoria de las autoridades. El Estado no puede seguir fallando con su ausencia.
Hace cuatro años, mientras festejaba mi cumpleaños número 33 alrededor de las nueve de la noche del viernes 26 de septiembre, a 72 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca, en Iguala, Guerrero, tenía lugar uno de los episodios más indignantes en nuestro país. Ese fin de semana fue muy escasa la información que trascendió en los medios nacionales y locales; pero conforme iba dándose a conocer lo ocurrido, caló hondo en mí y marcó ese aniversario.
En buena medida, la realidad de Morelos no puede entenderse sin explicar lo que ocurre con nuestro estado vecino. Es tan acentuada la influencia de Guerrero en nuestras dinámicas cotidianas, que deberíamos pensar cómo reforzar nuestras relaciones con el sur.
