Restaurar la ética y la política

La representación democrática moderna presenta, al menos, dos dimensiones problemáticas: 1) resulta difícil anticipar ex ante la política que llevarán adelante nuestros representantes y 2) entre lo que votamos y lo que elegimos, se encuentran siempre instituciones, reglas y procedimientos que afectan sustantivamente el resultado de la opción ciudadana. En este sentido, la capacidad efectiva de control ciudadano depende de los arreglos institucionales que asumen los sistemas electorales, de las características de las organizaciones partidarias y de la dinámica del sistema de partidos.

En años recientes, la literatura especializada en temas electorales incorporó líneas de investigación relevantes para el análisis de la relación entre democracia, representación y accountability. Fearon y Ferejohn indagan sobre cómo el supuesto de un mayor control de los políticos por parte del electorado descansa en el modo en que las señales que envían los votantes son recibidas y procesadas electoralmente. Asimismo, Manin, Przeworski y Stokes se preguntaron sobre cómo las elecciones trasmiten al unísono señales y prospectivas que son pasibles de interpretación (y manipulación) por parte de los actores políticos. Para esos autores, si las elecciones son mecanismos de control político, cuanto mayor es el ruido en la señal política que envían los votantes, menor es la capacidad de sancionar o premiar a los representantes en términos de su correspondencia con las preferencias de sus votantes.

Por otra parte, las acciones y preferencias de los legisladores, una vez elegidos, son poco accesibles a los votantes. La falta de información pública, el acceso a los registros de votaciones parlamentarias o la existencia de numerosos ámbitos de decisión “reservados” permiten que una buena imagen, antes que la fidelidad a las preferencias de sus electores, sea más determinante en la reelección de los candidatos. Adicionalmente, se registran con insistencia situaciones de una severa dificultad para distinguir entre dirigentes que toman medidas impopulares por considerarlas mejores para el interés común y quienes las asumen por su propio interés. Esto irremediablemente genera un peligro moral de premiar al agente equivocado o de sancionar a quien sí ha actuado representativamente.

Las características organizativas de los partidos también afectan el rendimiento de la accountability, fundamentalmente cuando las fuerzas no controlan las acciones de sus líderes.Shugart, Moreno y Crisp, por su parte, consideran que la accountability vertical depende de incentivos institucionales en el lazo entre votantes y representantes, tanto en el proceso de selección de candidatos como en la elección general. El voto por listas partidarias en lugar de candidaturas individuales tiende a generar comportamientos más programáticos y, a su vez, permite al elector identificar las consecuencias de su elección. Para que esto ocurra efectivamente, debe existir accountability vertical en el momento de la selección de candidatos. En contraste, los casos extremos de nulo control partidario sobre los candidatos individuales y de dominio hipercentralizado de las elites dirigentes dificultan seriamente el control retrospectivo.

En la crítica rousseauniana, los votantes se sienten libres porque votan de tanto en tanto pero, sin embargo, entre cada elección permanecen esclavos. Esos períodos de esclavitud, en nuestra lectura, pueden ser menos tortuosos si, en vista de que pueden perder en un futuro próximo, los representantes se ajustaran a los deseos y preferencias de sus electores. Este argumento común en la teoría democrática, no ha sido integrado suficientemente con la literatura sobre instituciones políticas que ha mostrado que no sólo el voto, sino también la forma en que se cuentan estos votos, las características organizativas de los partidos y la dinámica de competencia partidaria son relevantes para explicar la representación democrática. Y también debiera servir para el llamado a cuentas de los servidores públicos lo mismo de una rama electiva que no electiva.

La etapa de la historia contemporánea mexicana, no conocía de un asunto tan vergonzoso como el de la ministra, Yasmín Esquivel Mossa, dado que compromete el prestigio no sólo del poder judicial en general y, la presidencia de la SCJN en particular, sino que involucra a la UNAM y, peor aún su candidatura a presidir la Corte fue una agresión a la ética y la moral en un contexto de insurrección ciudadana y, porque el llamado a cuentas de la administración lopezobradorista, convertida en un expediente judicial, no podía ser atendido por una ministra impedida para desempeñarse en la vida pública por los graves cuestionamientos sobre su formación académica y desarrollo profesional en el poder judicial de la Federación. Es preciso restaurar la ética, la política y la legalidad en nuestro máximo tribunal constitucional para que la vida pública vuelva a ser pública.

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