/ lunes 23 de agosto de 2021

Equilibrio de poderes

Existen varios dilemas en torno a la construcción de mejores sistemas electorales, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial:

1.- La sujeción de ambos en su conformación, atribuciones y presupuesto, así como las facultades legislativas a las decisiones que toman órganos políticos como los parlamentos. De igual manera, la permanencia y/o continuidad en el cargo depende de órganos políticos que deciden de acuerdo a la afectación de sus intereses, y no basados en la construcción democrática y mucho menos de la voluntad social.

2.- Los parlamentos, integrados por representantes de las distintas fuerzas políticas, legislan y designan de acuerdo con sus intereses y, a lo sumo, tendiendo a lograr garantías de mayor equidad e imparcialidad en la competencia electoral.

3.- Si el objetivo de los sistemas electorales es generar gobiernos más democráticos, estables con gobernabilidad, en términos reales sólo están atendiendo los intereses de los contendientes, partidos y candidatos, ni siquiera los de la sociedad.

4.- La sobresaturación de facultades y responsabilidades de los órganos administrativos en materia de administración y de justicia electoral, en el marco de la permanente estrechez económica, torna muy complicado y deficiente el cumplimiento de sus responsabilidades.

5.- En los casos en los que procesos y calificación de los actos electorales se judicializan, no deberían preocupar a la sociedad, si no fuera por la parcialidad que puede caracterizar a los órganos electorales por las fuerzas políticas que promovieron su acceso al cargo.

6.- De la inestabilidad política característica de América Latina a los intentos de construir sistemas electorales confiables, pasamos a las constantes e interminables reformas en busca de su perfeccionamiento, pero que aún no han sido suficientes para garantizar la plena confianza en la autonomía e imparcialidad en materia administrativa y judicial.

7.- La constitución de poderes electorales, a la par del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con altos índices de especialización, no garantizan la imparcialidad y más aún: muchas veces se corre el riesgo de transformar a las instituciones electorales de organizadores y árbitros electorales en actores políticos.

8.- En el caso de los directivos de los órganos administrativos electorales, en muchos casos se ha optado por seleccionar a personajes que si bien tienen filiación o simpatía partidista, su prestigio y trayectoria los obligan a la imparcialidad. No obstante, en el caso de los órganos jurisdiccionales, dada su especialización, el problema es más complejo.

9.- En “Ingeniería Constitucional Comparada”, Giovanni Sartori afirma que para evaluar la funcionalidad y eficacia de una institución pública o privada depende de su tejido legal, pero también de su conducción y liderazgo, porque ambos aspectos, el de alcances y límites, y el de quien lo preside, con su desempeño, permiten evaluar su estabilidad y permanencia. Esto nos permite comprender mejor que los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral están sometidos a contantes reformas y quienes las presiden son electos no necesariamente por sus capacidades, sino por los acuerdos parlamentarios logrados.

10.- El camino para lograr reformas y modelos administrativos y jurisdiccionales definitivos, autónomos e independientes, que generen credibilidad, apenas se está andando y construyendo. El problema es su eternización elección tras elección con permanentes reformas enfocadas a los obstáculos y deficiencias señalados por cada partido político.

11.- El contexto político-democrático, social y cultural, e incluso económico de cada país constituye también un severo obstáculo, en naciones en los que las tentaciones autoritarias están a la orden del día. Es una buena noticia la rebelión en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, extendió su coyuntura a la del personalismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, ha devuelto el orden constitucional al poder judicial de la Federación y, al congreso mexicano, a punto de comenzar el cuarto año del lopezobradorismo en la gestión pública y, en medio de una severa crisis en los diversos rubros de la administración y la economía. No es suficiente ya el espectáculo cotidiano para dar recubrimiento a la realidad que hace su rebelión para intentar que la degradación se detenga.

FB/LinkedIn: Daniel Adame Osorio.

TW: @Danieldao1

Instagram: danieladameosorio

Existen varios dilemas en torno a la construcción de mejores sistemas electorales, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial:

1.- La sujeción de ambos en su conformación, atribuciones y presupuesto, así como las facultades legislativas a las decisiones que toman órganos políticos como los parlamentos. De igual manera, la permanencia y/o continuidad en el cargo depende de órganos políticos que deciden de acuerdo a la afectación de sus intereses, y no basados en la construcción democrática y mucho menos de la voluntad social.

2.- Los parlamentos, integrados por representantes de las distintas fuerzas políticas, legislan y designan de acuerdo con sus intereses y, a lo sumo, tendiendo a lograr garantías de mayor equidad e imparcialidad en la competencia electoral.

3.- Si el objetivo de los sistemas electorales es generar gobiernos más democráticos, estables con gobernabilidad, en términos reales sólo están atendiendo los intereses de los contendientes, partidos y candidatos, ni siquiera los de la sociedad.

4.- La sobresaturación de facultades y responsabilidades de los órganos administrativos en materia de administración y de justicia electoral, en el marco de la permanente estrechez económica, torna muy complicado y deficiente el cumplimiento de sus responsabilidades.

5.- En los casos en los que procesos y calificación de los actos electorales se judicializan, no deberían preocupar a la sociedad, si no fuera por la parcialidad que puede caracterizar a los órganos electorales por las fuerzas políticas que promovieron su acceso al cargo.

6.- De la inestabilidad política característica de América Latina a los intentos de construir sistemas electorales confiables, pasamos a las constantes e interminables reformas en busca de su perfeccionamiento, pero que aún no han sido suficientes para garantizar la plena confianza en la autonomía e imparcialidad en materia administrativa y judicial.

7.- La constitución de poderes electorales, a la par del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con altos índices de especialización, no garantizan la imparcialidad y más aún: muchas veces se corre el riesgo de transformar a las instituciones electorales de organizadores y árbitros electorales en actores políticos.

8.- En el caso de los directivos de los órganos administrativos electorales, en muchos casos se ha optado por seleccionar a personajes que si bien tienen filiación o simpatía partidista, su prestigio y trayectoria los obligan a la imparcialidad. No obstante, en el caso de los órganos jurisdiccionales, dada su especialización, el problema es más complejo.

9.- En “Ingeniería Constitucional Comparada”, Giovanni Sartori afirma que para evaluar la funcionalidad y eficacia de una institución pública o privada depende de su tejido legal, pero también de su conducción y liderazgo, porque ambos aspectos, el de alcances y límites, y el de quien lo preside, con su desempeño, permiten evaluar su estabilidad y permanencia. Esto nos permite comprender mejor que los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral están sometidos a contantes reformas y quienes las presiden son electos no necesariamente por sus capacidades, sino por los acuerdos parlamentarios logrados.

10.- El camino para lograr reformas y modelos administrativos y jurisdiccionales definitivos, autónomos e independientes, que generen credibilidad, apenas se está andando y construyendo. El problema es su eternización elección tras elección con permanentes reformas enfocadas a los obstáculos y deficiencias señalados por cada partido político.

11.- El contexto político-democrático, social y cultural, e incluso económico de cada país constituye también un severo obstáculo, en naciones en los que las tentaciones autoritarias están a la orden del día. Es una buena noticia la rebelión en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, extendió su coyuntura a la del personalismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, ha devuelto el orden constitucional al poder judicial de la Federación y, al congreso mexicano, a punto de comenzar el cuarto año del lopezobradorismo en la gestión pública y, en medio de una severa crisis en los diversos rubros de la administración y la economía. No es suficiente ya el espectáculo cotidiano para dar recubrimiento a la realidad que hace su rebelión para intentar que la degradación se detenga.

FB/LinkedIn: Daniel Adame Osorio.

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Instagram: danieladameosorio

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