En el anuncio de una obviedad, la comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local declaró procedente el procedimiento de Juicio Político en contra del ex gobernador, Graco Ramírez; el ex secretario de Hacienda, Jorge Michel; y la ex contralora, Adriana Flores, por la indebida retención de las ministraciones de recursos para la autoridad administrativa electoral local, y la fiscalía del estado. Esta conducta, que aún deberá someterse al escrutinio del pleno y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es la única por la que parece haber señalamientos jurídicos con sustancia en contra del ex gobernador y sus colaboradores cercanos (a final de cuentas seguramente los legisladores de la comisión de marras tienen razones jurídicas sustentadas para incoar un procedimiento de esta especie al ex gobernador de quien se dice está más blindado que un tanque Merkava). En efecto, de las otras denuncias interpuestas contra el ex gobernador y su círculo cercano en la Fiscalía Anticorrupción no hay nada aún que haya ameritado la presentación de Graco Ramírez ante tribunal alguno y por el contrario, la existencia de denuncias anunciadas con todo el aparato de propaganda oficial del Ejecutivo, ha provocado que el tema se revierta a acusadores y fiscalía que se desgastan cada día y con cada vista del ex mandatario a quien se percibe más por memes que en apariciones públicas en la región.
Así que el Congreso tendría la oportunidad de constituirse como el gran ajusticiador de un ex gobernador cuya imagen pública es terrible no sólo entre los del círculo rojo, sino en la población en general. El problema es si los diputados actuaron con base en las evidencias jurídicas disponibles (proporcionadas por el mismo gobierno del estado que entregó a la Fiscalía Anticorrupción expedientes que no han podido ser judicializados -por causas desconocidas debido al “sigilo de las investigaciones”); o lo hicieron de acuerdo con su percepción personal sobre la personalidad de Graco, Michel y Flores, trío que a muchos les era bastante antipático. Pero tener una mala imagen pública no constituye un crimen.
Porque si bien el Congreso local bien podría, por convicción, consenso, o hasta presión política, construir una mayoría para condenar al ex gobernador; el Tribunal Superior de Justicia, tendría que actuar como jurado de sentencia y podría determinar insustanciado el procedimiento; igual lo podrían hacer otros juzgados a los que Graco Ramírez bien podría recurrir para preservar lo que él mismo considera su buen nombre. Frente a esta obviedad, los diputados tendrían, incluso con todos los elementos jurídicos y racionales en mano, ser especialmente cuidadosos en el procedimiento para evitar que el mismo les sea rebatido en otros tribunales. Y no por criticar a nadie, pero la actual Legislatura no se percibe como especialmente cuidadosa.
Reside la comisión el diputado independiente José Casas González, quien fue recientemente regañado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por actitudes misóginas en contra de legisladoras (que también están en la comisión).
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