La creación del Servicio Nacional de Empleo fue la respuesta del gobierno federal, reproducida por los estados, para vincular a las empresas con quienes buscan trabajo, además de ofrecer becas, capacitación y apoyos a la movilidad laboral. En el caso de Morelos, el SNE funciona por debajo de la enorme demanda de empleos, al grado que por lo menos 9 mil solicitantes quedan fuera cada año de las insuficientes oportunidades laborales en el estado.
Si a eso sumamos que las enormes fluctuaciones del empleo formal –que hablan de una cantidad superior al uno por ciento de trabajadores eventuales-, la laxitud con que las autoridades federales, estatales y municipales trataron por muchas administraciones a la economía informal, y las condiciones adversas para la atracción de inversiones generadoras de empleo; los bajos salarios y con ello, la pérdida de ingresos y subsecuente baja en el consumo y la producción, y la pérdida de capital humano son obvias y constantes en el estado.
Este panorama vuelve urgente la atención de gobierno y empresas en la promoción del empleo de calidad, no sólo desde la esfera de vinculación, donde se hace lo que se puede; sino mucho más en la promoción de inversiones productivas en el estado. La incapacidad de la planta productiva pública y privada de generar más de 4 mil empleos por año, es un factor asociado a la enorme pobreza laboral, falta de productividad y el crecimiento de los empleos informales. Si no hay suficientes empleos formales, los salarios tienden a reducirse en tanto la demanda supera con mucho a la oferta de empleo.
La intención del gobierno estatal de hacer grandes inversiones en obra pública, de ampliar la superficie para producción agropecuaria, de dinamizar la economía con nueva infraestructura, son buenas noticias si se acompañan con políticas claras para el crecimiento económico, como la proveeduría local es una de ellas; pero también con el compromiso de la iniciativa privada de hacer esfuerzos para invertir más y crecer a un ritmo muy superior al mostrado en sexenios anteriores. Si las empresas no hacen lo propio en materia de elevar la productividad, apostar al crecimiento, promover mejor oferta de bienes y servicios; cualquier política pública seguirá siendo una apuesta a mantener las condiciones de desigualdad, a fortalecer la economía de pocos mientras se amplía la pobreza de los más.
Porque algo que tendríamos que notar es que la iniciativa privada morelense, si bien ha padecido igual que el resto de los ciudadanos por las terribles condiciones que el enrarecimiento político y la inseguridad han generado a Morelos las últimas dos décadas, también es innegable que muchos empresarios han aprovechado las condiciones para obtener beneficios económicos mediante tramos de corrupción y no han asumido un compromiso verdadero con la entidad que se demuestre en el crecimiento de sus empresas, del empleo, y con ello, la dinamización de algunos sectores de la economía. Salvo honrosas excepciones, la mayor parte de los empresarios del estado han mantenido una actitud de supervivencia, sin asumir estrategias para prevalecer y modificar las condiciones que genera el entorno. Algún científico morelense dijo hace muchos años que el problema con los empresarios locales era que su idea de negocio era comprar algo en dos pesos para venderlo en veinte; eso no es producir, se trata de prácticas profundamente inmorales. El compromiso por un mejor estado incluye a los empresarios mucho más que al gobierno, a final de cuentas, la política es pasajera y la planta productiva, idealmente, tiende a la permanencia.
