/ lunes 26 de octubre de 2020

Electores y cambio político

Si el voto convertido en cargo público no basta para la verdadera representatividad democrática, acaso sea indispensable respaldar a los sistemas electorales con las formas de democracia directa: referéndum, consulta pública, plebiscito, para alcanzar al menos un círculo más virtuoso.

De igual manera, a quienes ostentan posiciones tanto legislativas como ejecutivas, tendrán que aplicarse nuevas normas como complemento para la efectiva rendición de cuentas, para lo cual es obligado un sistema de transparencia más complejo y efectivo.

Sólo así, la sociedad podrá corregir lo que los sistemas electorales no hacen de origen, y además sancionar a quienes en términos reales no cumplen el verdadero requisito de la representación democrática. Son algunos de los retos que el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales electorales (OPLE) deberán asumir para la construcción de una agenda electoral para la consolidación democrática desde las elecciones locales de 2020 y los retos de 2021 y 2024.

Lo visto en la jornada del domingo 18 de octubre de 2020, tiene entre otras lecturas que, a pesar de la estructura polar ejecutada por el Presidente de la República, (aliados y adversarios) convirtiendo el escenario político en una arena de confrontación de odios y balcanización, es posible rescatar la idea de la competitividad electoral para lograr una práctica efectiva de la competencia que, sea capaz de recobrar la diversidad regional en la distribución del poder político del país.

También es cierto que el partido del presidente se ha revelado como un (no) partido y un (no) movimiento que lo tiene sin operación y estructura en la mayoría de las entidades, confirmando su fuerza dada por el personalismo de su candidato presidencial en 2018 que, al cabo de su victoria, no procuró línea política, programa ni identidad ideológica para ese consomé que formó para favorecerlo coyunturalmente y no para la efectiva competencia política.

Es verdad que se trata de una victoria para bastiones locales del PRI y sin embargo, el fenómeno de arrasar en una elección federal o local, va tejiendo el escenario político que, (probablemente) requieran las oposiciones dado el factor de poder que representa (por desgracia) el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, en 2005, el poder judicial de la Federación optó (en el contexto del desafuero del jefe de gobierno de Ciudad de México) porque fueran los electores y no los jueces los que convirtieran su voto en cargo público.

A contra corriente, en 2020 y hacia el futuro, la mala noticia es el freno de mano que para el lopezobradorismo podría convertirse la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a juzgar por sus decisiones más recientes de confirmar el registro de partido político nacional a organizaciones cercanas al presidente y negarle por ejemplo al matrimonio Calderón/Zavala el escenario político que favoreció al propio AMLO: que sean los electores y no los jueces quienes conviertan los votos en cargos públicos.


Facebook: Daniel Adame Osorio

Instagram: @danieladameosorio

Twitter: @Danieldao1

Si el voto convertido en cargo público no basta para la verdadera representatividad democrática, acaso sea indispensable respaldar a los sistemas electorales con las formas de democracia directa: referéndum, consulta pública, plebiscito, para alcanzar al menos un círculo más virtuoso.

De igual manera, a quienes ostentan posiciones tanto legislativas como ejecutivas, tendrán que aplicarse nuevas normas como complemento para la efectiva rendición de cuentas, para lo cual es obligado un sistema de transparencia más complejo y efectivo.

Sólo así, la sociedad podrá corregir lo que los sistemas electorales no hacen de origen, y además sancionar a quienes en términos reales no cumplen el verdadero requisito de la representación democrática. Son algunos de los retos que el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales electorales (OPLE) deberán asumir para la construcción de una agenda electoral para la consolidación democrática desde las elecciones locales de 2020 y los retos de 2021 y 2024.

Lo visto en la jornada del domingo 18 de octubre de 2020, tiene entre otras lecturas que, a pesar de la estructura polar ejecutada por el Presidente de la República, (aliados y adversarios) convirtiendo el escenario político en una arena de confrontación de odios y balcanización, es posible rescatar la idea de la competitividad electoral para lograr una práctica efectiva de la competencia que, sea capaz de recobrar la diversidad regional en la distribución del poder político del país.

También es cierto que el partido del presidente se ha revelado como un (no) partido y un (no) movimiento que lo tiene sin operación y estructura en la mayoría de las entidades, confirmando su fuerza dada por el personalismo de su candidato presidencial en 2018 que, al cabo de su victoria, no procuró línea política, programa ni identidad ideológica para ese consomé que formó para favorecerlo coyunturalmente y no para la efectiva competencia política.

Es verdad que se trata de una victoria para bastiones locales del PRI y sin embargo, el fenómeno de arrasar en una elección federal o local, va tejiendo el escenario político que, (probablemente) requieran las oposiciones dado el factor de poder que representa (por desgracia) el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, en 2005, el poder judicial de la Federación optó (en el contexto del desafuero del jefe de gobierno de Ciudad de México) porque fueran los electores y no los jueces los que convirtieran su voto en cargo público.

A contra corriente, en 2020 y hacia el futuro, la mala noticia es el freno de mano que para el lopezobradorismo podría convertirse la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a juzgar por sus decisiones más recientes de confirmar el registro de partido político nacional a organizaciones cercanas al presidente y negarle por ejemplo al matrimonio Calderón/Zavala el escenario político que favoreció al propio AMLO: que sean los electores y no los jueces quienes conviertan los votos en cargos públicos.


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