De acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta mayo pasado, en Morelos hay 45 mil 332 personas que se trabajan en el transporte público. Ello representa 5 de cada cien trabajadores y el 14.4 por ciento de la fuerza productiva dedicada a los servicios en el estado.
Numéricamente, el que la región oriente haya trasladado, según sus propios números, a mil 400 trabajadores en otras tantas unidades para protestar contra sus competidores, Uber (y otros servicios del tipo) y mototaxis, significa que logró la participación del 3 por ciento de los transportistas del estado, la mayor parte de ellos adheridos a organizaciones que han protegido constantemente ilegalidades e irregularidades múltiples entre las que destacan el uso de permisos falsos o temporales como si fueran legales y permanentes. Aún con el terrible historial, la presión al Legislativo logró que se omita de la ley del transporte en discusión la reglamentación para operar mototaxis, forma de traslado riesgosa pero muy barata que se ha popularizado en las regiones sur y oriente del estado.
Porque si bien es cierto que no son la mayoría, quienes se movilizaron tienen el poder suficiente para poner de cabeza al estado, como lo han demostrado ya reiteradamente en la zona oriente del estado, su zona de mayor influencia. Son una suerte de metapoder que gusta de medir fuerzas con los poderes del estado que regularmente acaban pactando tolerancia para el uso de vehículos en mal estado y con permisos irregulares.
Es decir, se trata de movilizaciones para mantener el estado de las cosas a pesar de las enormes transformaciones que ha tenido el transporte público en los últimos años, particularmente por cambios en la demanda que han favorecido la aparición de los nuevos servicios a través de aplicaciones, que los usuarios consideran más eficientes y seguros que el transporte público tradicional. Al transporte le ocurre lo que pasa con gran parte de la industria del siglo pasado, su resistencia a la inversión en tecnologías está sepultando su viabilidad.
Sin embargo, el problema no parece estar en el uso de vehículos llamados y monitoreados por aplicaciones, como podría sugerir la rápida popularidad de éstos; la participación en el mercado de Uber y otros servicios del tipo en Morelos es mucho menor del 30 por ciento y a pesar de su rápido crecimiento, el mismo no es tan elevado como el que han tenido los permisos de vehículos del transporte público con y sin itinerario fijo, que administraciones anteriores repartieron como dádivas políticas a cambio de votos que tal vez no llegaron nunca. La saturación del mercado en el servicio público es uno de los problemas evidentes y se manifiesta en los tiempos de recorrido vacío o semilleno de las unidades en cuestión que cada día son más altos. Cierto, Uber puede ser una presión por la competencia, pero la saturación del mercado en el servicio de transporte público no se debe al uso de esta modalidad de transporte, sino a la excesiva oferta de los otros.
Frente a este empacho en el servicio, la reducción en los ingresos y en las utilidades es obvia, y con ello, las posibilidades de inversiones en tecnología se vuelven prácticamente imposibles. Mal haría el gobierno estatal, no obstante, en tratar de paliar el problema ofreciendo apoyos en este rubro sin antes concluir los trabajos de regularización del transporte que incluyen la cancelación de actividades de los ilegales, tolerados, piratas, y otras variaciones de la corrupción en el sector. Estas acciones, en el mediano plazo, contribuirán a reducir una oferta saturada, lo que permitiría que el sector pueda modernizarse por sus propios medios y así enfrentar la competencia que seguirá creciendo en los próximos meses y años.
