La acusación del alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, contra el gobierno del estado por haber omitido al municipio que administra del programa de obra pública como un acto de revancha política era bastante previsible. Pocos alcaldes han hecho una crítica pública tan puntual de la gestión del gobierno del estado, y también a pocos se les ha enfrentado abiertamente desde el Ejecutivo. Con razón o sin ella, pero Agustín Alonso no es de los que callan cuando las cosas no van bien, y el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, tampoco es de los que perdonan fácilmente los que sienten como agravios personales.
En todo caso, el asunto no es el pleito entre el gobernador y el alcalde que podría ser el origen de marginar a un municipio de 110 mil habitantes, el quinto más poblado del estado; ni los componentes políticos que podrían percibirse en la decisión de un Ejecutivo que probablemente sienta ya perdida la contienda electoral en esa demarcación. Lo que debería de ocuparnos es la discrecionalidad con que las decisiones de obra y otros capítulos del gasto público, se toman en el estado y que no parecen corresponder a un gran programa de desarrollo para el estado, sino a cálculos más relacionados con la administración política de las demandas de grupos sociales y de interés.
En Cuautla, el reclamo puede entenderse más o menos en la misma sintonía. El alcalde Jesús Corona Damián advierte que el gobierno del estado tardó dos años en atender la solicitud de intervención sobre las plantas de tratamiento de aguas; y fue hasta que el responsable de la Comisión Estatal del Agua, Moisés Agosto, decidió contender por la alcaldía de la ciudad (para lo que ya ha renunciado al gabinete de Cuauhtémoc Blanco), que se decidió anunciar y arrancar la obra. Nuevamente, la discrecionalidad en el uso del gasto público habría permitido el manejo político de un programa de obra, condición que parece imponerse a la agenda de necesidades ciudadanas.
Si las acusaciones son ciertas, el gobernador parece haber aprendido muy pronto el uso político-electoral de su imagen y de las asignaciones de obra pública, aunque lo estaría practicando con mucho más cinismo que cualquiera de sus antecesores, lo que haría a algunos dudar de que el cálculo electoral en las decisiones del gobierno del estado sea intencional. Pero ahí están los elementos. Los alcaldes del tercero y quinto municipios más poblados del estado hacen señalamientos graves que, en el caso del cuautlense, fueron matizados después asegurando que trabajan muy coordinados con el gobierno estatal.
De haber elementos para relacionar ambos casos con una violación a la norma electoral, los propios alcaldes tendrían que denunciarlo. De inicio no parece sino una falla sistémica, y por lo mismo mucho más grave: la continua discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
En efecto, lo que tendría que ser atacado desde el marco jurídico es la facilidad con que el Ejecutivo puede tomar decisiones sobre a dónde dirigir el dinero público. La permisividad con que el gobierno estatal puede usar el presupuesto no ha significado más eficiencia en el uso de los recursos, y por el contrario, favorece la corrupción o, por lo menos, atiza la sospecha.
@martinellito
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