/ viernes 15 de febrero de 2019

El monto y los efectos del quebranto…

Según los cálculos de quienes en el gobierno del estado saben más de las denuncias interpuestas en contra de ex funcionarios públicos vinculados con Graco Ramírez Garrido, podría haber entre 60 y poco más de 80 indiciados (la diferencia correspondería a que algunos aparecen en varias carpetas de investigación).

Quienes presentan las quejas, por supuesto, aseguran tener suficiente sustento para documentar la participación de muchos ex funcionarios en irregularidades administrativas punibles penalmente; estas anomalías habrían sido cometidas en las secretarías de administración, obras públicas, desarrollo social, salud y en el Instituto de la Educación Básica; pero además, tocarían al Congreso del Estado al involucrar a algunos ex diputados que habrían sido aliados del ex gobernador.

En términos económicos, el quebranto que han calculado los denunciantes para el estado de Morelos es mayúsculo, por lo menos cinco mil millones de pesos (hay quienes estiman casi el doble, pero la suma de las cifras dadas a conocer por el gobierno del estado ronda los cinco mil) fueron utilizados de forma cuestionable o han desaparecido del todo de las arcas públicas a través de complejas operaciones de transferencias de recursos para las que el Congreso le habría dado vía libre al Ejecutivo bajo el argumento de lograr la mayor eficiencia en las finanzas públicas, pero facilitando la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, lo que aparentemente habría favorecido desvíos importantes cuya confirmación toca a las autoridades competentes.

Y junto a las aparentes evidencias de corrupción (recordemos que la denuncia es sólo el primer paso en un proceso legal y faltará aún ver la defensa de los indiciados), se padecen hoy los efectos del quebranto que, sumados a la parálisis presupuestal que vive el estado y el cambio de nmormas de asignación de recursos de muchos programas federales, mantienen al sector público a punto del estallido como demuestran las llamaradas cada vez más constantes entre grupos de burócratas que, con bastante razón, exigen el pago de beneficios atrasados, o hasta de materiales para hacer su trabajo.

Tendría que reconocerse, en esta situación, que un Ejecutivo presionado por múltiples deudas heredadas parezca tomarse su tiempo en la discusión del presupuesto 2019 para el estado de Morelos. Justo hoy se cumplen 46 días de trabajo gubernamental sin presupuesto aprobado para el año que corre y el diálogo iniciará justamente este viernes. La idea del gobierno estatal es fortalecer los ingresos para evitar sacrificar gasto social y de inversión, la postura de muchos diputados es evitar cargar a los contribuyentes los problemas financieros del estado causados por la (para ponerlo en palabras del delegado Hugo Eric Flores) “nula administración” pública que padeció Morelos durante la administración anterior. Ambas partes tienen razón, por eso es sano el diálogo; lo cierto es que, si bien es posible castigar a los presuntos responsables de los desvíos de recursos, también lo es que será muy difícil recuperar el monto total (a lo mejor no se puede ni en parcialidades) del quebranto que se presume en las arcas públicas.

La parte del castigo a los responsables es asequible para el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, fue una de sus promesas y parece que la podrá cumplir. Sin embargo, lo económicamente más importante, recuperar los montos aparentemente extraviados, hurtados, o utilizados en cosas diferentes a su destino programado, luce muy difícil, y llevará mucho tiempo. El paquete económico que se apruebe para el 2019, debe contemplar esa realidad.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Según los cálculos de quienes en el gobierno del estado saben más de las denuncias interpuestas en contra de ex funcionarios públicos vinculados con Graco Ramírez Garrido, podría haber entre 60 y poco más de 80 indiciados (la diferencia correspondería a que algunos aparecen en varias carpetas de investigación).

Quienes presentan las quejas, por supuesto, aseguran tener suficiente sustento para documentar la participación de muchos ex funcionarios en irregularidades administrativas punibles penalmente; estas anomalías habrían sido cometidas en las secretarías de administración, obras públicas, desarrollo social, salud y en el Instituto de la Educación Básica; pero además, tocarían al Congreso del Estado al involucrar a algunos ex diputados que habrían sido aliados del ex gobernador.

En términos económicos, el quebranto que han calculado los denunciantes para el estado de Morelos es mayúsculo, por lo menos cinco mil millones de pesos (hay quienes estiman casi el doble, pero la suma de las cifras dadas a conocer por el gobierno del estado ronda los cinco mil) fueron utilizados de forma cuestionable o han desaparecido del todo de las arcas públicas a través de complejas operaciones de transferencias de recursos para las que el Congreso le habría dado vía libre al Ejecutivo bajo el argumento de lograr la mayor eficiencia en las finanzas públicas, pero facilitando la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, lo que aparentemente habría favorecido desvíos importantes cuya confirmación toca a las autoridades competentes.

Y junto a las aparentes evidencias de corrupción (recordemos que la denuncia es sólo el primer paso en un proceso legal y faltará aún ver la defensa de los indiciados), se padecen hoy los efectos del quebranto que, sumados a la parálisis presupuestal que vive el estado y el cambio de nmormas de asignación de recursos de muchos programas federales, mantienen al sector público a punto del estallido como demuestran las llamaradas cada vez más constantes entre grupos de burócratas que, con bastante razón, exigen el pago de beneficios atrasados, o hasta de materiales para hacer su trabajo.

Tendría que reconocerse, en esta situación, que un Ejecutivo presionado por múltiples deudas heredadas parezca tomarse su tiempo en la discusión del presupuesto 2019 para el estado de Morelos. Justo hoy se cumplen 46 días de trabajo gubernamental sin presupuesto aprobado para el año que corre y el diálogo iniciará justamente este viernes. La idea del gobierno estatal es fortalecer los ingresos para evitar sacrificar gasto social y de inversión, la postura de muchos diputados es evitar cargar a los contribuyentes los problemas financieros del estado causados por la (para ponerlo en palabras del delegado Hugo Eric Flores) “nula administración” pública que padeció Morelos durante la administración anterior. Ambas partes tienen razón, por eso es sano el diálogo; lo cierto es que, si bien es posible castigar a los presuntos responsables de los desvíos de recursos, también lo es que será muy difícil recuperar el monto total (a lo mejor no se puede ni en parcialidades) del quebranto que se presume en las arcas públicas.

La parte del castigo a los responsables es asequible para el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, fue una de sus promesas y parece que la podrá cumplir. Sin embargo, lo económicamente más importante, recuperar los montos aparentemente extraviados, hurtados, o utilizados en cosas diferentes a su destino programado, luce muy difícil, y llevará mucho tiempo. El paquete económico que se apruebe para el 2019, debe contemplar esa realidad.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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