El Instituto Nacional Electoral (INE) ha concentrado sus energías en vigilar la conducta política del presidente AMLO y de los partidos progresistas, aplicando reglas no establecidas en la ley, y amenazando con sancionar a los protagonistas de los medios de comunicación afines al gobierno obradorista.
En más de un sentido, el INE se comporta como órgano del pasado régimen neoliberal, más que como árbitro imparcial de la contienda. La formulación de su catálogo de frases o temas que AMLO no puede ni debe abordar en las conferencias “mañaneras” es un caso flagrante de censura previa, inadmisible en un órgano que se presume neutral y garante de la integridad de los procesos comiciales.
Los consejeros jurídicos de AMLO han presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) con base en un argumento central: el catálogo inhibitorio del INE no tiene fundamento, porque no hay base legal para sancionar lo que puede pasar, así como para establecer que AMLO haya cometido ninguna conducta contraria a la imparcialidad ante el proceso electoral.
Estamos en presencia de un argumento legal impecable formulado por los abogados de la Presidencia. El INE va a perder este caso, porque legalmente AMLO no tiene ningún antecedente de conductas violatorias de las leyes electorales, y por lo mismo no se le pueden aplicar mandatos inhibitorios de sus conferencias.
Pero además de la pifia legal, vayamos a la realidad política de carne y hueso: tanto Lorenzo Córdoba como el equipo que lo acompaña en el INE fueron nombrados dentro de una realidad política distinta a la actual. Los partidos de derecha tenían mayoría entre la población del país, tanto como en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El nombramiento de ese Consejo General respondía a las necesidades del régimen neoliberal, y fue electo por los dirigentes políticos del antiguo régimen.
Es cierto que la imparcialidad absoluta no existe. Pero si además el INE arrastra intereses creados, y si tiene privilegios que ayer fueron legales pero que hoy ya no lo son, el enfoque es necesariamente distinto al sentir del ciudadano común. Los intereses son como cristales que te impiden ver la realidad tal cual es. Como decía el poeta Ramón de Campoamor:
“En este mundo traidor/ Nada es verdad ni mentira/ Todo es según el color/ Del cristal con que se mira.”. Lorenzo Córdoba y socios miran la realidad política actual a través de los lentes de sus privilegios, y por lo mismo se han convertido en verdaderos activistas de la oposición al cambio.
Hay un interés material que mueve a la mayoría de los consejeros del INE: los sueldos, salarios y prestaciones que reciben rebasan con mucho los emolumentos del presidente de la República. Por lo tanto, hay un vivo interés de Lorenzo Córdoba en mantener el equilibrio actual de fuerzas, o incrementar las de derecha, de manera que puedan lograr mayoría en el congreso federal que se elegirá en junio de este año. Solo así podrán mantener sus privilegios y los del grupo que lo acompaña, todos ligados al PRIANRD.
A partir de esto, el Consejo General del INE se ha colocado por encima del poder legalmente constituido en México. Se han adjudicado atribuciones que corresponden a otros poderes. Por ejemplo, al continuar con sus sueldos y salarios superiores a los del Presidente de la República, violan disposiciones expresas de la Cámara de Diputados, establecidas dentro del presupuesto de egresos de la federación.
Además, el INE asume funciones del poder judicial, al adoptar una conducta inquisitorial contra reporteros que asisten a las conferencias “mañaneras”. El periodista Miguel Arzate, del Servicio Público de Radiodifusión (SPR) se ha quejado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque la actitud inquisitorial y excesiva del INE trata de violar su derecho a la libre información y difusión de las ideas y los hechos.
Este conjunto de irregularidades ha dado pie a que el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, presente un juicio político ante el Congreso, porque el INE ha violado la Constitución, ha asumido funciones que no le corresponden, ha convertido a ese organismo en una tribuna beligerante contra el gobierno federal, y por lo mismo ha excedido y pervertido las funciones que se le asignaron por ley.
El INE fue creado para vigilar la correcta conducción de los procesos electorales, y para impedir los excesos del poder en ese tema. Pero su función no debe consistir en convertirse en juez de las conductas del poder legítimo, ni para maniatar la libertad de expresión. En todo caso, puede conocer y sancionar los hechos después de que se hayan cometido, pero de ninguna manera puede adivinar conductas que se pudieran presentar en tales procesos.
En otras palabras: el INE puede sancionar conductas solo después de que su órgano directivo haya analizado, discutido y resuelto sobre los hechos que puedan significar alguna irregularidad, pero no puede hacer nada contra las intenciones de los actores políticos. Las intenciones de las personas –particulares o públicas—no son sancionables por el derecho penal, civil, mercantil o electoral.
En este sentido, el INE se ha convertido en legislador del absurdo. Ahora pretende sancionar a quien tenga la intención de influir en el proceso electoral, sin analizar los hechos, sin atenerse a lo estrictamente establecido en la ley. Su alianza con los partidos de derecha lo ha dotado de la facultad de adivinar conductas, prevenirlas y sancionarlas a priori.
Hasta los pasantes de derecho saben que las autoridades públicas –en este caso las del INE—no pueden sancionar a nadie por las intenciones que tenga en relación con el futuro. Esas intenciones se mantienen estrictamente en el ámbito de lo íntimo, de los pensamientos y la conciencia, y no son sancionables por el derecho.
El temor del INE ante la posible catástrofe de la derecha el próximo 6 de junio, hace que hoy pretendan limitar las acciones del gobierno y censurarlas. La dinámica de los hechos de hoy significa que cada ciudadano vacunado contra el Covid-19; cada obra de servicio público inaugurada por el gobierno; cada éxito de la administración pública, constituye una derrota de los partidos de la derecha. Entonces, si el INE no puede evitar que la vacuna llegue a los ciudadanos, o que se construyan aeropuertos, o que se detengan delincuentes pripanistas, entonces quiere ocultar la difusión de tales hechos, para lo cual los califica de propaganda oficial.
La conducta del INE es igual a la de un niño tapando el sol con un dedo. Hasta el último rincón del país la gente sabe que el gobierno obradorista está trabajando en favor del pueblo, y que ha conseguido éxitos relevantes, como mantener funcionando la economía popular a pesar de la pandemia, o vacunar en forma gratuita a millones de mexicanos, sin endeudar al país.
Esa realidad es la que lastima a los dirigentes del INE. La que hiere su retina, aunque usen gafas oscuras. Es la que los convierte en obsoletos, piezas de museo. En este caso, del museo del absurdo histórico.
